Un cambio traicionado
Juan Manuel Galán
El pasado 7 de agosto se cumplieron dos años de la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Un periodo marcado por el incumplimiento de sus promesas, la improvisación de sus políticas, el deterioro de la seguridad, de la economía, la polarización de la sociedad y el debilitamiento de la institucionalidad. ¿Cuáles son entonces, los principales hechos que hacen de este gobierno un fracaso rotundo y una amenaza para el futuro del país?
El gobierno de Petro fracasó en materia de seguridad. Según las cifras oficiales, los homicidios, los secuestros, las extorsiones, los robos y las violaciones han aumentado significativamente en los dos años de su mandato. Los grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros, y otras estructuras criminales, han ampliado su presencia territorial y accionar en varias regiones del país, aprovechando el vacío de autoridad y el debilitamiento moral y en capacidades de la fuerza pública. El gobierno de Petro ha mostrado una actitud complaciente, negligente e irresponsable frente a la seguridad de los colombianos.
Uno de los pilares del discurso de Petro fue la necesidad de una transición energética que redujera la dependencia de los hidrocarburos y promoviera las fuentes renovables. Sin embargo, ha hecho todo lo contrario: frenar la exploración y explotación de petróleo y gas, desincentivar la inversión extranjera, aumentar los impuestos al sector minero-energético, obstaculizar los proyectos de infraestructura y generar incertidumbre jurídica. El resultado ha sido una caída dramática de la producción, las reservas y las regalías, que ha afectado la financiación de la salud, la educación y el desarrollo regional.
Otro de los ejes de la propuesta de Petro fue la construcción de una economía social que priorizara el bienestar de las mayorías, la redistribución de la riqueza y la protección del medio ambiente. Sin embargo, su gobierno ha satanizado a los empresarios y a todo el sector privado, pretende destruir el tejido productivo que sostiene el empleo y el ingreso. Además ha sido incapaz de controlar la inflación, en particular de los precios de los alimentos, y el déficit fiscal. La deforestación se ha disparado con graves daños para el medio ambiente. Su política económica errática, populista e irresponsable, basada en el aumento del gasto público burocrático, la destrucción de la más grande alianza público-privada del continente: el sistema de salud, han destruido la confianza.
La consecuencia ha sido una recesión profunda y prolongada, que ha golpeado especialmente a los sectores más vulnerables. Según el DANE, el desempleo en junio de 2024 llegó al 10.3% equivalente a 2,62 millones de desempleados. En el mismo periodo la inflación se ubicó en 6.86% anual, lo que conlleva a la erosión del poder adquisitivo de los colombianos. El déficit fiscal compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas. La deuda externa ha crecido al 60% del PIB, exponiendo al país al riesgo de una crisis de balanza de pagos.
Otro de los aspectos que caracterizan el gobierno de Petro es la división de la sociedad entre amigos y enemigos, entre buenos y malos, entre patriotas y traidores, entre ricos y pobres. Su estilo de gobernar ha sido autoritario, dogmático e intolerante, con permanentes ataques a sus críticos, a los medios de comunicación, a la oposición, a la justicia, a la fuerza pública, a los empresarios y a la comunidad internacional. Su actitud ha sido soberbia, arrogante e intransigente, desconocedora de la realidad, de desprecio por la democracia, y de afán por perpetuarse en el poder, en medio de graves escándalos de corrupción que comprometen a su familia y a funcionarios de su círculo más cercano de poder.
Todo esto ha provocado una fractura social que debilitó la convivencia, la cohesión y la reconciliación. Según las encuestas, Colombia es uno de los países con más alta percepción de polarización. Los niveles de violencia, intolerancia y discriminación han aumentado, lo que genera un clima de miedo e inseguridad. Los procesos de diálogo, concertación y participación han sido reemplazados por la imposición, la coacción y la exclusión. La democracia ha sido amenazada por el intento de reformar la constitución, el desconocimiento de los mecanismos de control y contrapesos, y el uso de la movilización social como instrumento de presión y desestabilización.
En conclusión, el gobierno de Petro ha sido un desastre para Colombia, que ha retrocedido en todos los ámbitos: seguridad, económico, social, político y ambiental. Su gestión ha sido un engaño, un descalabro y una división, que afecta el presente y el futuro del país. Los colombianos merecemos un nuevo gobierno, con un cambio de rumbo cierto, que construya sobre lo construido, con un programa de seguridad contundente para las ciudades y el territorio, junto a una propuesta de transformación social que ofrezca oportunidades reales de inclusión para todos.
