Justicia transicional (JEP) imputó a siete exmiembros de FARC-EP
Bogotá, 5 sep (Prensa Latina) La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó hoy crímenes de guerra y de lesa humanidad a siete antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
De acuerdo con una información del organismo de justicia transicional, las imputaciones aluden a exguerrilleros del extinto Bloque Noroccidental (Bnocc) por actos cometidos en la implementación regional de la política nacional de secuestro.
Añadió el comunicado que, con base en 314 hechos documentados, se halló a los excombatientes responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos.
La Sala de Reconocimiento refirió que analizó los informes recibidos, escuchó en versión voluntaria individual o colectiva a 40 comparecientes del Bnocc, en sesiones en las que también participaron 211 víctimas a través de sus abogados.
Según añadió, esa dependencia escuchó después directamente a 91 víctimas que tenían observaciones a las versiones voluntarias.
Después de contrastar toda la información, la Sala seleccionó a siete antiguos comandantes de Frentes del Bnocc como los máximos responsables de los secuestros de la región, ahondó la comunicación.
Apuntó que los comparecientes están llamados a reconocer responsabilidad tanto por las órdenes que dieron de cometer secuestros y asesinatos, como por omitir el control de la tropa que de manera reiterada dio malos tratos a las personas cautivas.
En su comunicado, la JEP especificó que se trata de crímenes que por su gravedad no pueden recibir amnistía.
Entre los imputados está Pedro Baracutao, quien comandó el Frente 34 entre 2008 y 2017 y es exmiembro del Estado Mayor del Bloque Noroccidental, pero que ahora es representante a la Cámara por Antioquia por Comunes, el partido que nació tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Los siete imputados serán notificados de esta decisión y tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional, informó la JEP.
