El ministro de Interior, explicó el Acuerdo Nacional presentado por el Gobierno

El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, explicó hoy que el Acuerdo Nacional presentado por el Gobierno.Foto Mininterior

Bogotá, 7 oct (Prensa Latina) El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, explicó hoy que el Acuerdo Nacional presentado por el Gobierno busca, entre otras cuestiones, mejorar la calidad del debate democrático en el país.

Según planteó, el objetivo es generar un espacio de análisis donde se puedan exponer los distintos puntos de vista de manera civilizada, y en el que involucren todos los actores que intervienen en la vida política como alcaldes y gobernadores, pero también organizaciones sociales y sindicales.

“Lo que se pretende es crear un ambiente que permita que el debate político se dé de manera más respetuosa. No es un marco inflexible, sino una propuesta abierta para escucharnos y avanzar en temas de consenso”, afirmó en entrevista a Blu Radio.

Consideró además que la lucha contra las manifestaciones de la violencia tiene que constituir un frente de unidad para así poder aspirar a una convivencia pacífica, al tiempo que resaltó la importancia de impulsar el Acuerdo de Paz de 2016 y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de regiones golpeadas por el conflicto.

A su juicio, el Acuerdo Nacional podría concretarse con la firma de todos los partidos políticos de un documento donde rechacen que la violencia vuelva al panorama electoral de Colombia en el año 2026, pues, según manifestó, actualmente existen grupos violentos con esas intenciones.

Remarcó además que unos de los ejes de la propuesta del Gobierno es las personas que se inscriban al Congreso para las elecciones del 2026 deben estar libres de investigaciones o señalamientos por estar vinculadas a grupos armados ilegales.

El ministro presentó hace tres días un documento llamado Bases de un Acuerdo Mínimo contra la Violencia y por la Democracia, cuyo objetivo es establecer consensos entre distintos sectores ciudadanos, económicos, políticos y sociales.

Entre los puntos planteados en el texto se hallan la seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política; respeto a las reglas electorales y al calendario electoral y transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto.

También incluye el crecimiento económico con equidad -transformación de la economía y compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales.

Entendemos la diversidad, la diferencia política y el disenso como valores supremos de nuestra democracia, pero somos conscientes de la necesidad de proponer un mejor ambiente para el debate político y para la búsqueda de salidas a las problemáticas más críticas que hoy afectan la vida de los y las colombianas. Por eso, más allá de nuestras naturales diferencias políticas, proponemos acordar lo siguiente en la búsqueda de construir un Acuerdo Nacional:

Seguridad y Erradicación de la violencia del ejercicio de la política

Nos comprometemos a promover desde el ejemplo, la recuperación de los valores democráticos, a desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, a erradicar la estigmatización y a respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios; a acordar medidas efectivas para promover una mejor respuesta del Estado a la protección de la vida de los líderes políticos y sociales y de las personas firmantes de paz. Asimismo, acordamos promover y acompañar la búsqueda de un pacto político nacional que tenga como fin la reconciliación nacional y la convivencia pacífica que aún anhela Colombia.

Nos comprometemos también a rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y a excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales. El Estado debe cumplir con su obligación constitucional de avanzar en la recuperación del control territorial, ejerciendo su autoridad legítima en contra de los grupos armados ilegales que persisten en el uso de la violencia, así como promover la construcción de una estrategia para desmantelar las organizaciones criminales que actúan en el territorio en contra de nuestra fuerza pública y de la población civil. La búsqueda de la paz seguirá siendo un propósito superior y en él se avanzará con los actores armados que demuestren una verdadera voluntad para alcanzarla.

Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral

Acordamos proteger la estabilidad de las reglas de juego democráticas en el corto, mediano y largo plazo en los niveles nacional, regional y local. No promoveremos la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular. Nos comprometemos, en el marco del proceso del Acuerdo Nacional a estudiar y construir consensos sobre el cambio en el sistema político y electoral para que sea más eficiente y transparente, para que se fortalezcan los partidos y movimientos políticos y para que mejore el sistema de financiación de las campañas políticas. Cualquier cambio institucional tendrá que ser producto de los trámites y requisitos contenidos en la Constitución Política de 1991 y que implican un amplio proceso de participación ciudadana, deliberación legislativa y controles de constitucionalidad.

Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto

Acordamos darle un impulso vigoroso a la transformación de las 16 regiones donde se ejecutan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Más allá de las diferencias políticas respecto del Acuerdo de Paz firmado en 2016, apoyaremos y trabajaremos con los alcaldes y gobernadores y, de manera articulada y participativa, con las comunidades, el sector privado, el gobierno nacional y la comunidad internacional, en las iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y seguridad de los 6,6 millones de habitantes de esos 170 municipios. Sólo la intervención integral de esos territorios para transformarlos impedirá el reciclaje de las distintas violencias en las zonas PDETS y las regiones históricamente más afectadas por el conflicto. Esa intervención integral en los territorios críticos debe convertirse en una prioridad del Estado y de la sociedad, más allá del gobierno de turno.

Crecimiento económico con equidad – Transformación de la economía

Consideramos fundamental transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo, hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que propenda por la protección y conservación de los ecosistemas y cuya competitividad esté basada en la educación, el talento, la tecnología y la conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. En ese sentido, creemos que se puede avanzar de manera concertada para impulsar conjuntamente la reforma agraria y el desarrollo rural integral, así como en el fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos naturales. Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la industria estratégica con innovación, estándares de competitividad y políticas de crédito y fomento a sectores estratégicos como el agropecuario, el industrial y el turismo para jalonar la economía y el empleo.

Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales

Reconocemos la necesidad de avanzar con apremio en las reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y las condiciones para consolidar la paz. Por esta razón, acordamos trabajar con todos los partidos políticos representados en el Congreso, la discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de la actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su aprobación, en el marco del respeto a la oposición, de la deliberación argumentativa, de la búsqueda constructiva de consensos y del dialogo respetuoso.

Finalmente, proponemos convenir una instancia plural para hacer seguimiento a este pacto y acordar los pasos siguientes; y convocamos a los ciudadanos a participar activamente en la búsqueda de consensos y a encontrar coincidencias y puntos comunes que nos permitan avanzar como sociedad, fortalecer la economía, cerrar las brechas sociales y ampliar nuestra democracia en el nivel nacional y territorial.