Del ahogado, el sombrero
Juan Manuel Ospina
Entre los cambios que se dieron luego de la aprobación de la Constitución del 91, está la transformación del sistema de justicia que nos venía de la Nueva Granada, en el cual el poder judicial investigaba, acusaba y absolvía o condenaba. Pero el afán de novedad, que por esos años se apoderó del país, llevó a considerar que la anterior constitución, en estos asuntos, entre otras, nos había congelado en el siglo XIX. Se impuso el afán de cambiar, de importar instituciones y políticas, dejando de lado una característica histórica nuestra, ser cautos frente a los cambios, desconfiados si se quiere, un comportamiento con sus defectos, pero que le daba una fortaleza relativa a nuestra operación como sociedad y como Estado. Con la nueva constitución llegó el afán de cambiar. Importamos de Estados Unidos su sistema de justicia – el sistema acusatorio -, situado en las antípodas del nuestro, que le asigna al Estado la responsabilidad de investigar los hechos y si considera que tiene pruebas suficientes, acusa al investigado, quien debe demostrar su inocencia, pudiendo o no, colaborar con la justicia, en la explicación de ellos. Es un proceso generalmente lento y dispendioso; los fallos son demorados y ante ello, se reclamaba la necesidad de agilizar los procedimientos, para “garantizar pronta y cumplida justicia”. Con ese propósito, se adoptó el Sistema Penal Acusatorio, hijo del pragmatismo norteamericano para el cual, aún la justicia es negociable. Atrás quedó el Estado que, en nombre de la sociedad, investiga para poder acusar y condenar, en estos tiempos donde reina el pragmatismo y el eficientísimo. Se impuso el criterio de garantizar, por encima de cualquier otra consideración, lograr esa economía de tiempo, a partir de una transacción entre el acusado y el ente acusador, la fiscalía, a partir de ponerse de acuerdo en los cargos que se mantienen y que se confiesan; a cambio se le reduce la pena al acusado, y se le recibe como restitución, una parte del valor robado. Y colorín colorado, este sale rápidamente libre y con plata en el bolsillo. Dicho en términos coloquiales, la justicia quedó en la condición “del ahogado el sombrero”. Siempre me ha escandalizado ese sistema que no lo considero de justicia sino de alcahuetería con los criminales, lo les permite sacarla barata, mientras que no se resarce el daño que le hacen a la sociedad y a terceros. En resumen, es una negociación en la que pierde la sociedad y ganan los delincuentes. Sin duda se agiliza la operación del sistema de justicia, pero esta, aunque se conserve la apariencia de haber aplicado “pronta y cumplida justicia”, termina burlada. Lo anterior viene a mi memoria, con el caso de la gigantesca corrupción en compras de unos carros tanques para La Guajira en la Unidad de gestión de riesgo (UNGRD), donde los principales acusados, Olmedo López y Sneyder Pinilla “al aceptar ante la justicia responsabilidad en algunos delitos y la restitución del dinero del cual se habrían apropiado”, la sacarán barata, con pequeñas penas de prisión, dada la magnitud del delito y solo restituirán una pequeña fracción de lo robado. Éstos hechos revivieron mi escándalo ante el exabrupto del sistema acusatorio, en mala hora importado de Estados Unidos. ¿Será que con él, nuestro sistema de justicia mejoró? Lo dudo
