Una reforma laboral reaccionaria
Juan Manuel Ospina
En medio del barullo armado por el Presidente al atacar la independencia del Congreso respecto de sus proyectos de ley, pretendiendo convertirlo en un simple firmón de sus ideas y aún caprichos, parece “olvidar”, que vivimos en un régimen democrático, imperfecto pero democrático, que debemos fortalecer y no destruir, con lo cual simplemente caeríamos en manos de un autoritarismo mesiánico criollo, el sueño de Petro, que tiene más de una semejanza con el de Trump, nuestro vecino. Miremos uno de los proyectos de ley que, constitucionalmente, están sometidos al análisis y participación del Congreso, en su diseño y aprobación, la reforma laboral, que es necesaria pero no como la propone el gobierno, presentada con un empaquetamiento “progresista”, que no lo es. La razón es sencilla, no tiene en cuenta las realidades fundamentales del actual mundo laboral colombiano. Está planteada para un país donde todo el trabajo sería formal y sindicalizado, pero resulta que en el país, el 58% es informal e independiente. El proyecto no busca tender puentes entre la formalidad y la informalidad; con la norma, se lograría el resultado contrario, consolidando las diferencias, el abismo que los separa. La razón de este planteamiento gubernamental es sencilla, pues la voz que escucha, los intereses que tiene en cuenta, son los de la minoría del trabajo formal. A los informales se les consuela diciéndoles que gradualmente se formalizarán, pero los datos indican lo contrario, la informalidad laboral, en vez de disminuir, tiende a aumentar. Se calcula que la nueva ley, acabaría enviando a engrosar la fila de los informales a 452.000trabajadores que hoy están formalizados. Se necesita una legislación que no ignore las nuevas realidades del mundo del trabajo y del empleo, sino que les reconozca sus particularidades y derechos; la informalidad no va a desaparecer, necesita ser reconocida y ordenada, no ignorada. Para agravar aún más el problema de la complejidad del trabajo, la ley suprimiría el contrato especial de aprendizaje para los jóvenes, con el que se ha buscado responder a una situación que, por los cambios del mundo laboral, se agrava, cerrándoles las posibilidades de acceder a un empleo en un momento importante en sus vidas, con el primer empleo, punto de inicio de su inserción en el mundo del trabajo. Debe revisarse para corregir posibles abusos, pero no suprimirse. Y en el último punto de esta observación crítica del proyecto, es un proyecto atado a los intereses de un sindicalismo en decadencia, que no ha logrado interpretar las nuevas y cambiantes realidades del trabajo y que le tira un salvavidas al sindicalismo, haciendo obligatoria la afiliación sindical y la negociación colectiva; negociación que se requiere, pero no fruto de la imposición sindical, sino de un acuerdo abierto y libre con trabajadores y funcionarios. Es claro que el mundo laboral y sus normas reclaman una revisión de fondo, para asumir inteligente y efectivamente los cambios que reclaman las nuevas realidades, posibilidades y demandas de un mundo sometido a grandes transformaciones. Si las normas para hacerles frente no se adecúan a la situación que hoy se vive, no se logrará la normatividad realista, que se requiere. El cambio es necesario, pero no como lo plantea el gobierno en su descarrilado proyecto.
