Voto obligatorio para la paz?
Por: Javier Contreras
@jcontrerasa
Colombia se debate por estos días entre el establecimiento del voto obligatorio temporal o si se mantiene el actual esquema que ha derivado entre otros, una abstención superior al 50 por ciento.
El proyecto de Reforma Constitucional sobre Equilibro de Poderes que cursa en el Congreso de la República abre la posibilidad de establecer este obligatorio mecanismo por las próximas tres elecciones, que incluiría entre otros el proceso de refrendación de los acuerdos de paz que logren el Gobierno Nacional y las Farc.
“Por tres períodos electorales a partir de la vigencia del presente acto legislativo, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán ejercer su derecho al voto”, prevé el parágrafo transitorio que se adiciona al artículo 258 de la CN.
En el fondo, esa parece ser la intención de los autores de esta insólita propuesta para salvar los acuerdos de La Habana y no una reforma que busca acabar con la abstención y crear conciencia en los colombianos de la necesidad de ejercer un derecho y un deber constitucional, consagrado en el artículo 258 de la CN.
¿Por qué establecer el voto obligatorio temporal y no definitivo? ¿Se busca únicamente salvar la refrendación del acuerdo de paz? ¿Por qué disfrazar como voto pedagógico algo que a todas luces tiene un fin político único que beneficia al Gobierno Nacional y las conversaciones en La Habana?
Lo que se necesita, en realidad, es una norma permanente que combata la abstención. Se necesita crear conciencia sobre la necesidad de votar y no mantener las condiciones simplemente para la queja permanente por malos gobiernos o malos concejales, diputados y congresistas.
Con el voto obligatorio se afianzaría una propuesta ciudadana que ha venido creciendo en las últimas elecciones: el voto en blanco. Este si sería realmente un voto protesta y dejaría ver reflejada una realidad: el descontento de los electores. Habría legitimidad del voto en blanco y no como sucede actualmente.
Con el establecimiento del voto obligatorio deberían acabarse los estímulos a los electores porque corresponderá a los ciudadanos cumplir con un deber constitucional, en cambio sí, establecer las sanciones administrativas a que haya lugar por el incumplimiento a estos preceptos legales.
