Fiscal pide agilidad en procesos por escándalos como Interbolsa, carrusel de contratos y desfalco a la DIAN
Mediante un oficio, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, urgió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptar medidas que permitan la descongestión judicial y sobre todo los retrasos y dilaciones que enfrentan procesos por grandes escándalos de corrupción, entre ellos el de Interbolsa, el carrusel de la contratación en Bogotá y el desfalco a la DIAN.
Al efecto, entre las medidas que requiere el Fiscal Montealegre está la asignación de jueces especiales para casos priorizados y la suspensión de reparto a los jueces que conocen procesos de connotación, con el fin de evitar dilaciones que afectan la adecuada administración de justicia y la reparación a las víctimas en casos de importancia nacional.
El alto funcionario manifiesta la preocupación institucional, dado que a pesar del fortalecimiento de las capacidades de la entidad en la etapa de investigación y acusación gracias al proceso de modernización y restructuración, se evidencian retrasos al momento de la presentación de los casos ante los jueces de la República.
Al respecto destaca algunos ejemplos como el caso Interbolsa, en el cual la audiencia de imputación tomó más de seis meses para ser evacuada; o los procesos relacionados con el llamado Carrusel de la Contratación en Bogotá que han tenido igualmente demoras e incluso han estado cerca de producir situaciones como el vencimiento de términos.
En ese caso del carrusel, señala el alto funcionario que la audiencia preparatoria de Samuel Moreno ha tomado cerca de dos años, y el recurso de apelación de la audiencia preparatoria en el proceso de Lucy de Moreno lleva más de de un año sin ser resuelto en el Tribunal Superior de Bogotá.
Asimismo, el Fiscal Montealegre cita uno de los procesos del desfalco a la DIAN, cuya audiencia preparatoria lleva más de 50 sesiones, y también el de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Esta petición la formula luego de la negativa del Consejo Superior de la Judicatura a la propuesta de la Fiscalía sobre la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional en Materia Penal, referente a la creación de jueces para casos especiales así como la capacitación de las dos entidades respecto de las nuevas formas de investigación en contexto.
