Red que saqueó recursos para la paz habría financiado campañas políticas
Bogotá, 26 de septiembre_ RAM_La Fiscalía General de la Nación advirtió que adelanta una nueva fase en las investigaciones para establecer si la segunda red que fue desmantelada por apropiarse de los recursos de la paz, habría utilizado parte de esos dineros para financiar campañas políticas.
Se trata de la organización de corrupción que fue descubierta por parte de la Fiscalía en Nariño, que se valió de un acuerdo ilícito de voluntades del que harían parte funcionarios y particulares que fungían como contratistas, financiadores, técnicos o intermediarios.
Los fiscales establecieron que desde 2017, los integrantes de esta red criminal gestionaron de manera irregular contratos ante diferentes entidades del Estado y municipios priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), algunos de ellos ubicados en Nariño como La Tola, El Charco y Mosquera.
Según los investigadores de policía judicial, las propuestas presentadas por los contratistas y supuestamente tramitadas ilícitamente estaban destinadas a aparentes proyectos productivos y planes de atención a las poblaciones.
Por estos hechos fueron judicializados el presunto cerebro de este organización José Ramón Correa Martínez; Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, como supuesto financiador y Cristóbal Ortiz Barahona, consejero de paz de La Tola (Nariño).
También fueron vinculados a este proceso Milton Cuero Tejada, alcalde de El Charco (Nariño); Johan Velásquez Moreno, alcalde de Mosquera (Nariño) y Federman Riascos Lerma, alcalde de La Tola (Nariño), capturado en Pasto.
También fueron procesados los contratistas Mauricio Alexander Quintero Bonilla, Wilmar Caicedo Campaz y Javier Castro Garcés.
En desarrollo de esta investigación se indaga la comisión de delitos como concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía advirtió que ante la gravedad de los hechos se investiga la posible participación de más personas y otra serie de funcionarios con el fin de determinar su posible vinculación con esta red de corrupción.
