Petro ya presentó demanda contra el Estado ante justicia internacional

El Colectivo de Abogados José Alvear y la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga) presentaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la demanda contra el Estado con la cual el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, busca frenar un posible fallo de destitución e inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación.

“La solicitud de medida cautelar fue recibida esta mañana y está siendo procesada con el trámite normal que pasa por la revisión técnica de la secretaria ejecutiva para el posterior análisis y decisión por parte de la Comisión. Estas peticiones se analizan de manera urgente y pueden tomar varios días o semanas. Vale aclarar que cualquier determinación no implica una decisión de fondos sobre el asunto sino sobre los méritos de la solicitud de medida cautelar». dijo a el secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez.

Los abogados del alcalde Petro radicaron en Washington la demanda contra el Estado colombiano, en este caso representado por la Procuraduría, por violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos políticos, la igualdad ante la ley y la protección judicial de Petro.

La demanda, de 26 páginas, le pide al organismo internacional que ordene como medida cautelar que la Procuraduría suspenda el proceso disciplinario que está a punto de fallar contra Petro por supuestas irregularidades en el manejo del cambio del modelo del servicio de aseo en la capital. Según el documento, contra Petro “se ha ejercido un trato discriminatorio” que ha llevado a «debilitar su gobernabilidad».

La demanda solicita a la Comisión, además, que le ordene a Colombia derogar “la facultad que tiene el Procurador de inhabilitar a las personas para el ejercicio de cargos en la administración pública”.

“El actual procurador Alejandro Ordóñez es reconocido por su intolerancia basada en sus convicciones religiosas extremas”, dice un aparte de la demanda que, además de condena contra el Estado, pide indemnización para Petro.

Rafael Barrios Mendivil, uno de los abogados, dijo que espera que la Comisión catalogue el caso de Petro como trascendental y emblemático, de tal modo que su estudio pueda ser priorizado, para que sea fallado en pocos meses. La CIDH debe decidir si acepta la petición, pide más información al Estado o niega la solicitud.

“No es cierto que yo este seguro de una destitución de la Procuraduría”: Gustavo Petro

El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro defendió la demanda que interpuso este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, en Washington, y negó que se trate de una estrategia frente a la posibilidad de que sea destituido por la Procuraduría General de la Nacional.

“No es cierto que yo este seguro de una destitución de la Procuraduría”, precisó Petro en su cuenta en Twitter y agregó que la demanda busca proteger los derechos políticos de quienes eligieron a Bogotá Humana y no tiene por qué afectar al pueblo.

Igualmente señaló: “No se me procesa por errores, eso sería otro exabrupto, se me procesa por decretar que empresas públicas asumieran servicio”.

“El error no es base para la acusación disciplinaria, sino la intención del funcionario de hacer daño al patrimonio público”, complementó el mandatario Distrital.

Petro, expresó que los cargos que se le imputan en la Procuraduría por el nuevo modelo de aseo quieren afirmar que en la ciudad se instauró un modelo estatista y eso no es más que prejuicio.

“El primer cargo es por haber decretado que empresas públicas pudieran asumir el servicio público de aseo.

El segundo cargo es por considerar que una transición entre el modelo RBL y el de aprovechamiento es ilegal”, indicó el burgomaestre.

Señaló que el prejuicio que se establece pasa por invisibilidad a los recicladores que son operadores de aseo privados empresariales.

“El esquema de aseo de Bogotá del decreto 564, que cumple un año y está vigente, reconoce miles de operadores privados de aseo. La entrada de operadores públicos en modalidad RBL y miles de operadores privados para aprovechamiento generó competencia. el decreto 564 que goza de completa presunción de legalidad hoy, introdujo por primera vez verdadera competencia en el aseo”, afirmó Petro Urrego.

Indicó que la prueba de todo esto es que la tarifa de aseo se derrumbó y que el precio manipulado del aseo que conformaba el oligopolio privado durante 10 años cobró en exceso 500.000 millones a usuarios.

“Con la entrada de miles de operadores públicos y privados: los recicladores al aseo el precio de oligopolio se derrumbó. Así que afirmar que estatizamos el servicio de aseo como hace la Procuraduría no es más que un prejuicio”, reseñó el alcalde Petro.

También señaló que desconocer la obligatoriedad legal de la reversión de bienes por el contrato de concesión es invisibilizar su esencia.

“En un servicio público esencial como el aseo, la reversión de bienes de concesionarios es inmediata para continuidad del servicio. Es como si un operador privado de oxígeno en hospital, aduciendo un conflicto entrará a cortar el servicio. Reversión de bienes de la concesión al Estado no es absurda es la esencia legal del Contrato de Concesión, por eso se llama así”, recordó el mandatario por medio de la red social.

Resaltó que los residuos sacados a la calle antes, llamados basuras, hoy son riqueza y son de propiedad pública igual que el petróleo o el oro.

“Cuando es en concesión los particulares lo ganan en licitación solo autorizada por la CRA y los bienes revierten. El decreto 564 no impide que un particular preste el servicio de aseo en modo RBL pero solo con sus propios bienes. Cuando los concesionarios privados se negaron a revertir bienes propiedad pública cometieron un delito”, indicó el alcalde Petro.

Reiteró que él está en todo su derecho y el de sus electores de acudir al proceso constitucional y al derecho convencional.

“La flota del servicio de aseo estaba para el 18 de Diciembre en Bogotá, pero secuestrada en garajes privados. Afirmar que decreto 564 es ilegal y que la Procuraduría mantenga ese cargo cuando el contencioso no lo suspendió es exabrupto. No es aceptable que se juzgue un funcionario por tratar pasar de un esquema que entierre basura al aprovechamiento de ella”, recalcó el Alcalde Mayor de Bogotá.

Manifestó que pasar del esquema de RBL que entierra basura, al aprovechamiento, es una obligación del tratado de Kyoto del que Colombia hace parte. Y recordó que ni la Procuraduría, ni Superintendencias, ni Personería, ni Defensoría, ayudaron a que se diera la reversión de los bienes.

“Todas ellas pensaron que el derecho de lo público a la reversión inmediata de equipos se supeditaba al interés particular, es práctica acumulada por décadas de funcionarios de desvalorizar lo público y privilegiar el interés privado poderoso solo la Contraloría General y los jueces han apoyado la tesis de la Alcaldía”, sostuvo el mandatario.

Dijo que un juez ordenó traslado a la Fiscalía para investigar posible conducta criminal de operadores al retener la flota pública y los mismos jueces reiteraron que la reversión era inmediata y que flota de la concesión ya había sido pagada por los usuarios y era pública.

“No se me procesa por errores, eso sería otro exabrupto, se me procesa por decretar que empresas públicas asumieran servicio. El error no es base para la acusación disciplinaria, sino la intención del funcionario de hacer daño al patrimonio público. En la Alcaldía de Bogotá se demuestra si el poder público es base del pacto de convivencia o se destruye en la barbarie”, expresó Petro Urrego.

Afirmó que los argumentos de la Procuraduría no son fuertes, son prejuicios y a nadie se le investiga por un decreto que la justicia sostiene.

“Solo en un país con neo liberalismo fundamentalista dictatorial se investigaría porque empresas públicas asuman un servicio y no ataco a la Procuraduría la protejo institucionalmente de presiones externas. Políticos de extrema derecha quieren presionar a la Procuraduría para ganar allí lo que perdieron en las urnas”, puntualizó el burgomaestre.