Fiscalía prepara directiva para que medida de cárcel sea excepcional

Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Bogotá, 29 de abril_ RAM_ En el marco del debate de la cadena perpetua para violadores en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que la próxima semana expedirá una directiva para que todos los funcionarios de esta entidad solo pidan cárcel en casos excepcionales y se deje de solicitar esa medida de aseguramiento en todas las investigaciones.

El fiscal señaló que hay problemas estructurales que se deben revisar como el afinamiento e indicó que la política criminal del país debe ser integral.

“No puede ser que la Fiscalía siga siendo una entidad que de manera preventiva empieza a tomar decisiones y que esas decisiones representan ya un atiborramiento del 60% de las demandas por privación injusta de la libertad que han llegado al Consejo de Estado”, dijo Barbosa en la Comisión Primera de la Cámara.

Sobre el proyecto de ley de cadena perpetua, el fiscal señaló que se debe revisar muy bien y aseguró que solo el 5% de las investigaciones que realiza su entidad terminan en la cárcel.

“Consideramos en este caso concreto que este tipo de proyectos, deben buscar mirar a profundidad sí existe relaciones de aplicación de prisión perpetua, de prevención del delito y reducción de reincidencia, en el marco de la efectividad de la pena que hoy está en el 5%. Hemos aumentado las penas de forma masiva en Colombia y se ha reducido la aplicación de las condenas a unos niveles ínfimos”, señaló el fiscal General de la Nación.

Se espera que este miércoles avance el proyecto de ley de la cadena perpetua en su quinto debate.

No son las penas sino la efectividad de la justicia dijo el Fiscal general de la Nación ante la Comisión Primera del Senado 

 Bogotá, 29 de abril_ RAM_ Ante la Comisión Primera del Senado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, habló sobre el proyecto que establece la cadena perpetua para los violadores de menores.

El jefe del ente acusador aseguró que su preocupación no radica en las penas, sino en la aplicación efectiva de la justicia.

“Hoy solamente el 5% de las denuncias terminan en condena. Está ocurriendo que, a pesar de que han aumentado las penas, no ha aumentado la eficacia en la aplicación de la justicia», dijo Barbosa.

Barbosa recordó que la pena actual en Colombia para violadores es de 60 años de prisión sin subrogados, pero hay mayor concentración en el aumento de la pena sin que se le dé mayores herramientas a un juez para la aplicación de la justicia.

«Consideramos en este caso concreto que, obviamente, en este tipo de proyectos deben buscar mirar a profundidad si existen relaciones de aplicaciones de prisión perpetua, prevención del delito y reducción de reincidencia, en el marco de la efectividad de la pena que está en el 5% de aplicación», explicó Barbosa.

Igualmente señaló que cuando se imponen penas como la cadena perpetua “difícilmente los procesos empiezan a superar los estadios y muchos jueces ante la particularidad del caso optan por la absolución”.

Asimismo, el Fiscal en su intervención dijo que la próxima semana expedirá una normativa para todos los fiscales que soliciten la detención carcelaria sólo en los casos excepcionales, esto para disminuir la sobrepoblación carcelaria.

Según Barbosa, lo más importante es que haya justicia efectiva, más no seguir acumulando procesos.

Sostuvo que la política criminal del país tiene que ser integral y que hay problemas estructurales que se deben revisar.

Añadió que en los próximos cuatro años se van a dar todas las garantías a los procesados y que se acudirán a otras medidas establecidas en la ley.

“No puede ser que la Fiscalía siga siendo una entidad que de manera preventiva empieza a tomar decisiones y que esas decisiones representan ya un atiborramiento del 60 por ciento de las demandas por privación injusta de la libertad que han llegado al Consejo de Estado”, dijo Barbosa.

Por último, el fiscal aseguró que la privación de la libertad debe ser solo “para las personas peligrosas, personas que puedan causar un daño inminente a la sociedad”.

s que puedan causar un daño inminente a la sociedad”.