‘Ministro de Salud me condena a pena de muerte’: Camila
Camilia Abuabara
Camilia Abuabara, la joven con cáncer que ganó el jueves una tutela en la que el juez 28 Penal Municipal con función de Control de Garantías Jorge Polidoro Bernal ordenó a la EPS Sánitas cubrir los costos de un trasplante de médula ósea en el prestigioso centro MD Anderson de Texas (Estados Unidos), criticó duramente al ministro de Salud Alejandro Gaviria, quien este viernes le pidió al funcionario suspender su decisión.
«Ministro de salud @agaviriau me condena a la pena de muerte en Colombia y según él yo debo de aceptar gustosa junto a su compinche de EPS», escribió la universitaria desde su cuenta de Twitter.
La solicitud del ministro está fundamentada en que el servicio solicitado está contenido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), razón por la cual está cubierta por la UPC (dinero que las EPS reciben por los afiliados cada año), lo cual quiere decir que no puede ser pagado con recursos del Fosyga, que suelen usarse para costear beneficios que no están en el POS.
El Ministro refrenda su argumento con una comunicación firmada por Félix Régulo Nates Solano, en cabeza de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, que demuestra que procedimientos como el pedido por Camila mediante la acción de tutela, están contenidos en el POS, de acuerdo a la resolución 5521 del 2013.
Gaviria recuerda en la solicitud que le envió al juez de garantías que la jurisprudencia constitucional prohíbe la financiación de servicios prestados en el exterior, con recursos del sistema de salud, de acuerdo con el artículo 154 de la Ley 1450 del 2011.
Un debate necesario
Pese a que hay acuerdo en torno al derecho que tiene Camila de luchar por su vida y de buscar las mejores opciones que la ciencia médica le ofrece para sobrevivir, el debate generado por los gastos derivados del tratamiento que recibe, y por quién debe asumirlos, no se hizo esperar.
El procedimiento al que será sometida, incluidos los medicamentos y los servicios complementarios, cuesta en el MD Anderson alrededor de 2 millones de dólares (unos 4.000 millones de pesos), que deberán ser pagados por el Fosyga, que administra los dineros de la salud de los colombianos.
Una vez conocida la cifra, han surgido dos posturas. Una plantea que ante la posibilidad de salvar una vida, la sociedad no puede ni debe escatimar esfuerzos ni recursos, y otra, amparada en las normas, insiste en que la potencial avalancha de casos similares al de Camila que surgirían a partir de este precedente quebraría rápidamente el sistema del que depende la salud de la casi totalidad de los ciudadanos.
Frente a este tema, el Estado tiene una ética de la doble agencia: de un lado, es el garante del bienestar de la población, pero de otro debe vigilar el gasto racional de los recursos. La Ley Estatutaria de Salud, que espera la sanción del presidente Santos, sienta las bases para abordar este debate social.
