Salir de las sombras
Con una orden ejecutiva, Barack Obama ha puesto fin a la angustia de cinco millones de personas que, por su condición de inmigrantes sin papeles, han vivido durante años en el riesgo de ser deportadas a sus países de origen al encontrarse ante cualquier circunstancia cotidiana en la que una autoridad les solicitara su documentación. Una zozobra cuyo final reclamaban millones de personas desde hace años y que el presidente de EE UU ha resuelto mediante una medida excepcional que consagra la mayor regularización de inmigrantes en los últimos 30 años.
Si existe un país en el que es evidente que la inmigración supone una contribución fundamental para el progreso y el bienestar, ése es precisamente Estados Unidos. Y así lo subrayó el propio Obama en una aparición en directo y horario de máxima audiencia para explicar la trascendente decisión. Una medida que sigue la estela —aunque con diferencias legales significativas— de otras grandes regularizaciones efectuadas por sus predecesores de todo signo político en la Casa Blanca, entre las que destaca la efectuada por el republicano Ronald Reagan en 1986.
Ha sido precisamente la intransigente oposición de Partido Republicano, que tras las elecciones de comienzos de este mes controla ambas cámaras del Congreso, la que ha llevado al presidente a adoptar una orden ejecutiva, es decir, un decreto presidencial para el que no se necesita la aprobación del Congreso. Es una herramienta a la que han recurrido casi todos los presidentes de EE UU y de la que Obama no ha abusado, hasta ahora, en ninguno de sus dos mandatos. Se trata de un gesto de autoridad, de un golpe encima de la mesa tras meses de resistencia y bloqueo por parte de los republicanos. Pero el hecho que el objetivo del decreto presidencial sea acertado y justo no impide considerarlo también como un arma de doble filo.
La orden expone sin lugar a dudas la voluntad de Obama de cumplir una de sus principales promesas para resolver un problema grave heredado de anteriores gobiernos; pero la decisión agudiza significativamente su enfrentamiento con el poder legislativo, además de dejar en evidencia la incapacidad de trabajar con el Congreso. Por no mencionar que un futuro presidente puede revocar, sin necesidad de dar explicaciones, el decreto de Obama.
Lo importante es que esta resolución pone fin a situaciones injustas y, en numerosas ocasiones, rayanas en el surrealismo burocrático; no cabe sino felicitarse por ello. Cuatro de los cinco millones de beneficiados por la medida son padres de niños nacidos en el país, y por lo tanto ciudadanos estadounidenses de pleno derecho; una niñez muchas veces marcada por el temor a la deportación paterna. Las palabras que les dirigió Obama —“ya pueden salir de las sombras”— tienen un significado literal en miles de casos. Queda ahora por ver qué sucederá con los seis millones de inmigrantes sin papeles que siguen en EE UU. Un problema que heredará ya la próxima Casa Blanca.
EL PAÍS, MADRID/EDITORIAL
