El plan del Mineducación para frenar abusos en universidades
El escándalo desatado tras los abusos administrativos que durante años se cometieron en la Fundación Universitaria San Martín sin que el Ministerio de Educación tomara control de la situación, acaba de derivar en un proyecto de ley, presentado esta semana por la ministra Gina Parody ante el Congreso, que busca establecer herramientas para fortalecer la labor de inspección y vigilancia que realiza el Mineducación a las Instituciones de Educación Superior (IES).
El documento propone la creación de un mecanismo de Vigilancia Especial para las aplicable a instituciones con irregularidades o anomalías graves como la San Martín pero además propone entregarle al Ministerio de Educación la facultad para obtener y verificar información jurídica, contable, económica, administrativa o de calidad de cualquier institución.
De aprobarse esta iniciativa, el Ministerio podría conocer los estados financieros de las universidades, hacer inspecciones para examinar la infraestructura institucional, realizar auditorías sobre los procedimientos financieros y contables y solicitar información detallada sobre los movimientos financieros de los directivos de las instituciones.
Cuando una institución presente problemas graves en su servicio y con el fin de que se puedan superar en el menor tiempo posible, el proyecto contempla la aplicación de un mecanismo de vigilancia que incluye la supervisión, por parte de funcionarios del Ministerio, de los procesos administrativos y financieros de la universidad. Mientras esto ocurre, a la institución se le suspenderían de manera temporal los registros calificados de los programas académicos, el trámite de solicitudes de nuevos registros o las renovaciones hasta que se restablezca la normalidad.
Así como ocurrió en el caso de la Universidad San Martín, el Ministerio podría ordenar la creación de una fiducia en la institución con el fin de que los dineros de sus matrículas sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en actividades propias y exclusivas de su misión como entidad educativa. El incumplimiento de lo anterior acarreará multas sucesivas hasta de cien 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En caso de que uno o varios de los directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la implementación de las medidas u órdenes fijadas por el Ministerio durante la vigilancia especial, estos funcionarios podrán ser remplazados por un término de hasta un año, prorrogable por una sola vez, por la persona natural o jurídica que designe el Ministerio.
Sanciones para quienes incumplan
El Proyecto de Ley presentado enumera varias sanciones de acuerdo con los procedimientos y los procesos de investigación enmarcados en la Ley 30 de 1992, especialmente en sus artículos 50, 51 y 52 que son:
Sanciones a directivos, representantes legales, administradores, o revisores fiscales de la institución de educación superior:
Amonestación privada y/o pública.
Multas personales de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Separación del cargo e inhabilidad hasta por 10 años para ejercer cargos en Instituciones de Educación Superior.
Sanciones a las Instituciones de Educación Superior Investigadas
Multas institucionales de hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Suspensión de programas académicos, registros calificados, o nuevas admisiones, hasta por el término de 2 años.
Cancelación de programas académicos o de registros calificados.
Suspensión y/o cancelación de la personería jurídica de la institución.
