Aprueban artículo que afectaría la libertad de prensa
BOGOTA, 07 diciembre,2021_ RAM_ La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley “anticorrupción” y, de paso, el controvertido artículo 221A que podría obstaculizar las denuncias de irregularidades contra funcionarios públicos y afectar la libertad de prensa.
De acuerdo con el informe de la ponencia, quien “pretenda atacar” las labores de un empleado del Estado podría recibir entre cinco y diez años de cárcel.
Adicional a esto, las personas que incurran en ese “delito” tendrían que pagar multas de entre 13,3 y los 1.500 SMMLV, lo cual representa sumas que van desde los $12 millones hasta los $1.362 millones de pesos.
En ese sentido, mediante un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió la eliminación del artículo.
La organización lo consideró como “un ataque a la libertad de prensa y peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas”.
Asimismo, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para «erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa».
De igual manera, señaló que la iniciativa que cursa su trámite en la Cámara de Representantes “parece que tiene nombre y apellido; es una herramienta para callar a medios y periodistas».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, aseguró que «estamos frente a un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas».
Y agregó que «nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia».
En el comunicado, también expresan que “tras largas campañas realizadas por la SIP y otras organizaciones de protección de la libertad de prensa, muy pocos países latinoamericanos mantienen leyes que blindan y protegen a los funcionarios de la crítica a través de penas de cárcel y multas, entre ellos Cuba y Venezuela”.
Ambos funcionarios expresaron que la ley es una nueva mordaza para el ejercicio periodístico en la región. «Servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente», declararon.
Finalmente, la SIP hizo un llamado al Congreso para que se reconsidere este artículo en la ley anticorrupción.
