Ley ‘mordaza’ crea un precedente negativo en el país: CGN

Consejo Gremial Nacional

BOGOTA, 11 diciembre,2021_ RAM_ Continúan las voces en contra frente al polémico artículo que se incluyó en la Ley Anticorrupción, y que fue aprobado por la Cámara de Representantes, donde se pretendería obstaculizar las denuncias de irregularidades contra funcionarios públicos y atentar contra la libertad de prensa.

A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional (CGN), en representación de los 30 gremios que lo conforman, dieron su punto de vista frente al apartado en mención, señalando que de llegar a ser aprobado en la conciliación, constituiría una violación a lo contemplado en la Constitución Política.

“Consideramos que el artículo 68 constituye una violación al artículo 20 de la Constitución Política colombiana, toda vez que incita a la censura y desconoce el derecho que tienen las personas y los medios de comunicación de rectificar en condiciones de equidad y, a su vez, impone una barrera a que las personas de manera libre puedan denunciar cualquier irregularidad, y desnaturaliza los derechos que tiene la ciudadanía de ser veedores públicos”, se lee en el documento.

Además, el CGN recordó que los delitos de injuria y calumnia, tal como lo contempla esta referencia, ya están tipificados en los artículos 220 y 221 de la Ley 599 del 2000. “En ese sentido, no se estima conveniente la propuesta aprobada en último debate del referido Proyecto, que introduce medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, lo cual, además, no hace relación a temas de corrupción”, añadieron.

De igual manera, la agremiación calificó de «excesiva» la forma en la que se condenaría a quienes denuncien a los funcionarios del Estado. “Resulta excesiva la pena que propone incluir el artículo ante la comisión de dichas conductas, puesto que la norma actual para cada uno de estos delitos prevé como pena principal prisión de 16 a 72 meses para la calumnia y 16 a 54 meses para la injuria, a diferencia del artículo propuesto, el cual establece una pena de 60 a 120 meses de prisión solo por el hecho de que el afectado sea un funcionario público o su familia”, expresaron.

De otro lado, el CGN resaltó que “el artículo propuesto elimina la posibilidad de que procedan los subrogados penales para dicha conducta, los cuales son medidas sustitutivas de la pena de prisión, que se conceden a individuos que han sido condenados, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por el legislador”.

Adicionalmente, dijeron que “no encuentra razonable la disposición votada en plenaria de Cámara, considera que puede utilizarse para afectar la libertad de expresión respecto al ejercicio de la función pública”.

Finalmente, la corporación gremial puntualizó que “este artículo crea un precedente negativo en el ejercicio libre de los derechos democráticos a la libertad de opinión y a la libertad de prensa, poniendo en riesgo la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación de informar, y de difundir la realidad actual por la que atraviesa el país”.