Sindicato de Contraloría interpone tutela para frenar entrega de sede
El presidente del sindicato de la Contraloría Ascontrol, Carlos Saavedra le dijo que interpuso una tutela con la que busca que un juez le ordene a la empresa Proyectos y Desarrollos Uno S.A., dueña del edificio en el que opera el organismo de control, que les dé unos meses más para el traslado.
Según indicó Saavedra, en la tutela el sindicato expone que se tiene conocimiento de conversaciones y documentos cruzados entre el contralor Edgardo Maya y la firma arrendadora en la que se buscaba llegar a un acuerdo para que «en un tiempo prudencial se permitiera entregar el edificio, pero la empresa privada está muy cerrada a dar un plazo».
Ascontrol representa, según fuentes del organismo, a 1.100 empleados que han manifestado su preocupación por el futuro de la Contraloría en vista de que, como no se prorrogó el contrato de arrendamiento, los funcionarios deben dejar la sede sin aún tener claro dónde van a trabajar.
La tutela plantea que los trabajadores «están en un estado de subordinación e indefensión» frente a la empresa dueña del edificio puesto que con «intransigencia se ha negado a dar alguna alternativa». «La Contraloría General se ve abocada a no poder prorrogar, ni comprar pero tampoco tiene el plazo necesario para planificar, organizar y ejecutar el traslado», dice la tutela.
«Estamos en el peor de los mundos; bloqueados por los privados, por los entes de investigación, por contratos que no se pueden prorrogar y sin sede», agrega Saavedra.
Explicó que en la tutela los empleados sustentan que «es imposible» que en 15 días la Contraloría pueda salir del edificio porque tiene que sacar 2.500 computadores, 2.500 escritorios, sillas, centros de cómputo y capacitación, servidores del sistema.
«La tutela apunta que el juez le diga al privado que necesitamos un mínimo de 6 meses para salir de Gran Estación Dos, conseguir nuestra sede, y hacer el trasteo», aseguró.
Saavedra dijo, además, que la tutela sustenta que las sedes que les propuso el Gobierno como opciones para que se traslade la Contraloría «no reúnen los requisitos que nosotros necesitamos».
«Lo que hemos escuchado es que se ha hablado de regresar al edificio Cristanco Luque, ubicado la carrera décima con calle 20, nuestra antigua sede, en calidad de préstamo, o irnos al Ministerio de Justicia o la Dirección Nacional de Estupefacientes, pero en esas dos o tres sedes no hay campo para tanta gente, podrían ubicar a unos 1.500 pero quedaríamos en el aire no menos de 800 o 1.000 trabajadores», explicó.
En la tutela los trabajadores plantean que se les está vulnerando el derecho al trabajo y al mínimo vital porque si no encuentran un sitio «digno donde trabajar», estarían en riesgo de que no se les pague salario si no realizan sus funciones.
«Estaríamos recibiendo un doble castigo. Tendríamos implicaciones en nuestros costos de salud, gastos personales», afirmó.
En vista de que el tiempo es corto y la Contraloría, como van las cosas, debe desocupar el próximo 31 de diciembre, en la tutela el sindicato le pide al juez que «de manera inmediata tome la decisión porque el problema no dá espera».
«No tenemos tiempo de mirar quién nos va a estirar la mano, cual limosnero, para ver dónde nos vamos. Ni siquiera pedimos que nos dejen prorrogar el contrato, sino que nos den un plazo prudencial de 4 a 6 meses para salir con dignidad. Nosotros no somos el inquilino que no paga el arriendo y hay que sacarlo», dijo Saavedra.
“Estamos sometidos a los dictámenes económicos de la empresa privada, intimidados y acorralados por la empresa privada que busca obligar a la Contraloría a que prorrogue un contrato que está siendo investigado penalmente”, añadió el presidente del sindicato.
Con esta tutela, ya son tres las que se ha interpuesto para tratar de solucionar la situación de la Contraloría. Primero hubo una tutela del mismo contralor Edgardo Maya, ante el Consejo de Estado, que fue negada porque el alto tribunal consideró que la instancia competente para decidir al respecto era un tribunal de arbitramento.
El viernes pasado el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora también interpuso una tutela en la que pide que se le den más días a la Contraloría para su traslado y evitar que se suspenda la expedición de antecedentes fiscales «que frenaría la contratación en el país».
