Petro aseguró que cumplirá con acuerdos de Paz

Presidente Gustavo Petro en la instalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final

Bogotá, 02 octubre de octubre de 2022_RAM_ El presidente Gustavo Petro, en la instauración de la Comisión de Seguimiento Impulso y verificación de la Implementación de los Acuerdos de Paz ratificó su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno Nacional y la Farc.

«Mi decisión es cumplir con los acuerdos ya firmados, estos que tratan de insinuarle a Colombia en el punto uno, una reforma agraria; pues yo revisé ahora como Presidente de la República en laberintos institucionales y no se ha cumplido ningún punto», presidente Petro.

El mandatario también aseguró que «Esta Comisión había sido suspendida durante cuatro años por el Gobierno pasado, no se volvió a reunir formalmente y su función como su nombre lo indica, es establecer si se cumplen o no los acuerdos de Paz firmados entre el Estado y las Farc», dijo Petro.

Del mismo modo, el presidente precisó que dentro de esta implementación de los Acuerdos de Paz cumplirá con la reforma agraria con «tierras fértiles, aptas para la agricultura». Petro recordó que el costo de compra de 3 millones de hectáreas el costo oscila en los 60 billones de pesos y el país tendrá que hacer un esfuerzo; ya que el gobierno saliente no contempló este gasto en el marco Fiscal a Mediano Plazo.

«Debemos reformar el Marco Fiscal, debemos aceptar que hay que hacer un esfuerzo presupuestal para comprar las tierras fértiles» dijo el presidente que también recalcó que el tema de la tierra es apenas el primer punto de los Acuerdos de Paz.

Palabras del Presidente Gustavo Petro en la instalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)

Este lugar, el Centro de Memoria del Distrito, que tuve el placer de inaugurar, entre otras cosas, hace varios años, y que espero que sea seguido del Centro de Memoria Nacional, hemos designado como Directora de ese Centro a María Valencia Gaitán, la nieta de Jorge Eliécer Gaitán.

Creo que es una persona adecuada, como victima que es quizás, del proceso inicial de la violencia que nos tiene aquí reunidos, y por sus dotes académicas, para conducir ese Centro Nacional de la Memoria, aquí cerca, los procesos de memoria histórica, lo que significa en el fondo la verdad dentro de un conflicto.

Esta Comisión había sido suspendida durante cuatro años por el gobierno pasado. No se volvió a reunir formalmente.

Su función, como su nombre lo indica, es establecer si se cumplen o no, los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y las Farc.

Unos informes al respecto deben ser presentados después de cuatro años de inoperabilidad, pues solo hasta ahora se reinicia su labor. Y ese es el sentido de este acto, impulsarla para que cumpla su cometido dentro de la decisión del Gobierno actual –mi decisión– de cumplir con los acuerdos ya firmados.

Esos acuerdos, entre otras cosas, tratan en su punto primero de insinuarle a Colombia, de acordar sobre Colombia una reforma agraria. 3 millones de hectáreas, dice el primer punto del Acuerdo. 3 millones de hectáreas.

Yo me puse a revisar ahora como Presidente de la República, llegando a los laberintos institucionales que he encontrado, si ese punto se había tramitado del alguna manera, si había algún tipo de preparación durante los últimos cuatro años que nos dijesen “bueno, hemos avanzado en tal tramo en el cumplimiento del artículo 1 de los acuerdos.

Y lo que he encontrado es que nada, a través del Gobierno el Estado –porque el Gobierno coordina el Estado– tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz. Esa es mi percepción acerca de lo que he encontrado; ya ustedes darán la suya.

Porque si uno ahonda en este primer punto, apenas, de los acuerdos, tres millones de hectáreas a precio de mercado, del mercado colombiano, de la tierra que es regional, que depende, como todas partes, de la fertilidad y la calidad de la tierra.

No se trata de entregarle desierto al campesino, no se trata de darle áreas que ya están reservadas por su vulnerabilidad ambiental, por su lugar estratégico dentro de los ecosistemas colombianos; no se trata de entregarles las selvas.

Hay una congresista muy famosa que vive diciendo que los indígenas son terratenientes, por el volumen total de tierras que se les ha asignado a los resguardos, olvidando que el 90% son y pertenecen a la selva amazónica.

Y que esas tierras no son para cultivar, que no están dentro de la frontera agraria; que el tema de la tenencia agraria, de la tenencia de la tierra, se mide es dentro de la frontera agraria, no dentro. No podemos tocar ni un solo metro cuadrado, por la importancia que tiene el mantener esas selvas para toda la humanidad.

Estos son 3 millones de hectáreas dentro de la frontera agraria y deben ser tierras fértiles aptas para la agricultura.

Cuando uno va y mira el mapa de las tierras fértiles aptas para la agricultura en Colombia y va buscando valores de mercado, encuentra que van entre 10 millones de pesos las hectárea a, podrían ir hasta 150, en algunos lugares de la Sabana de Bogotá y de Córdoba y del Valle del Cauca.

Pero, teniendo en cuenta que deben ser tierras que no están puestas en en producción, estaríamos hablando de 10 a 20 millones de pesos la hectárea, lo cual, en una simple operación matemática, significa de 30 a 60 billones de pesos el valor de esas tierras.

El presupuesto nacional es de 400, el que se va a aprobar para el año entrante. 400, cuya mayor parte tiene que ver, en 120 billones aproximadamente, con pagar deuda.

Es decir, realmente nosotros estaríamos en el orden de 280 billones. Los principales gastos son las pensiones, que son irrenunciables; ese es un gasto fijo que crece.

El Ejército, el funcionamiento de la defensa y dos grandes servicios que están dentro del SGP (Sistema General de Participaciones), que es el tema de transferencias a los municipios y departamentos,  que es la educación y la salud.

De ahí para delante no quedan sino 20 billones de pesos por ahí al año. Con eso se hacen carreteras, con eso se hacen ciertas obras de infraestructura.

El gobierno pasado dejó comprometidas a través de las vigencias futuras. Entonces pregunta. Y ¿cómo se va a cumplir el primer punto del acuerdo de las FARC?

Respuesta: el gobierno pasado nunca pensó en eso.

De dónde sacó mi conclusión, nunca construyó un fondo o algo que avanzara o algún sistema de endeudamiento interno o de consecución de recursos adicionales que nos permitiera comprar paulatinamente, y no en un lapso de 30 años –los actuales campesinos estarán muertos en esa época– sino para dentro de aquí a 4 años, 30 millones de hectáreas, es decir, una inversión de 30 a 60 billones de pesos.

Al contrario, el Gobierno pasado creó una norma que establece un Marco Fiscal restrictivo para este Gobierno, se lo creó a este Gobierno; el no lo implementó, porque rompió completamente el Marco Fiscal que se había estipulado antes, se endeudó el país en las cuantías que han hecho crecer el déficit fiscal casi hasta 8 puntos del Producto Interno Bruto, pero sí construyó las normas para hacer un Marco Fiscal restrictivo para este Gobierno y estos cuatro años.

Que se supone no se debe romper. Es decir, que nosotros tendríamos que ir, disminuir el déficit fiscal. Parte de eso tiene que ver con la reforma tributaria, de una manera agresiva, muy parecido a lo que hacen los países europeos y que denominan austeridad –aquí se denominaba una reestructuración– que entonces no deja ningún espacio fiscal presupuestal para comprar no tres millones de hectáreas, sino aunque sea 50.000. Ante eso nos enfrentamos.

De acuerdo a estos datos, bonita sería la tarea de la Comisión, y la nuestra; bonita sería la tarea de los economistas y de los políticos.

¿Vale la pena romper el Marco Fiscal para hacer la paz?, ¿Vale la pena una posibilidad de endeudamiento mayor del Gobierno para cumplir los acuerdos de paz de la FARC?, ¿Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas de tierra y entregárselas al campesinado dentro de la frontera agraria para aumentar la producción de alimentos en Colombia y por tanto bajar el precio de los alimentos en Colombia?

Como todo economista sabe, si se aumenta la oferta, disminuye el precio.

¿Vale la pena impulsar un agroindustria ligera aunque sea de la producción alimenticia del país?, ¿Vale la pena que el hoy campesino productor de hoja de coca pueda estar dentro de la frontera agraria produciendo maíz?, ¿Vale la pena discutir con los Estados Unidos si es bueno que produzcamos maíz? Y proteger esa producción, maíz o soya o cosas de alto nivel de nutrientes, no cualquier tipo de producción agraria.

Vale la pena ver si esto podría incitar –dado que estamos cumpliendo los acuerdos de paz con las FARC– a todos los demás grupos con X o Y denominación, para demostrar que el Estado cumple la palabra y que, por tanto, es posible una negociación seria y un desmantelamiento pacífico de actividades violentas en Colombia, cualquiera que sea su origen.

Nos enfrentamos entonces frente ante un dilema.

Si todas las respuestas a estas preguntas que he hecho es ¿vale la pena? Vale la pena, vale la pena la paz, entonces nos tenemos que enfrentar a una discusión con el Congreso de la República, las fuerzas políticas y la sociedad colombiana en general.

Debemos reformar el Marco Fiscal, debemos aceptar que hay que hacer un esfuerzo presupuestal para comprar las tierras, que ese esfuerzo presupuestal no debe ser subsumido por un crecimiento del precio de la tierra que harían –dado que está concentrada su propiedad de una manera horrorosa– que harían sus poseedores, sino que instrumentos como el Catastro Multipropósito.

Y ojalá un incremento del impuesto a la tierra, de gran posesión fértil pero improductiva pudiera llevarnos, y eso es una materia que el Congreso de la República, debería discutir en la reforma tributaria, sobre lo cual ya se avecina su aprobación en primer debate, y entonces es pertinente esa discusión, porque nos podría llevar a controlar el precio de la tierra y a lograr que el dinero público que se invierta en la compra de tierras sea más eficaz, en el sentido de la cantidad de tierra que se pueda comprar, y por tanto, de la amplitud de la reforma agraria que se pueda desarrollar.

Es decir, de que lleguemos realmente a entregar 3 millones de hectáreas de tierra, para quienes no conocen una Colombia aquí, nosotros disponemos entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierra fértil, sin pensar aún en la Altillanura, la Altillanura según el Banco Mundial, es la última frontera agraria del mundo y podría ampliarla si se pensara en un proyecto colombo-venezolano, en más de 20 a 30 millones de hectáreas fértiles, con muchísima agua, más agua que Ucrania, y sin la posibilidad de ningún bloqueo posible, porque está en la mitad exactamente entre el océano atlántico y el océano pacifico.

Es una Ucrania mayor que se podría agregar a las posibilidades de alimentación del mundo.

Nosotros no tenemos esa posibilidad; tenemos que hablar de 20 millones de hectáreas hoy dentro de la frontera agraria de Colombia. El 80% de esa extensión de tierras está en manos del 1 % de los propietarios. Que es una concentración horrorosa, feudal, anacrónica, de la tierra y que es el origen, en mi opinión, de la violencia colombiana.

Entonces, aquí hay unos retos indudables, una discusión pública. ¿Priorizamos la compra de tierras como inversión pública del país? ¿Está el mundo dispuesto a acompañarnos en eso? ¿Hasta qué punto, marginalmente, seriamente?

El primero que propuso eso, fuera de un colombiano, porque los colombianos venimos planteando la reforma agraria en Colombia desde la Independencia de la República.

Y fue Manuel Murillo Toro en 1850, liberal, que  puso esa palabra, reforma agraria, como una necesidad en tiempos donde todavía había esclavitud en Colombia.

Pero el primero,  extranjero, en hablar de la pertinencia de una reforma agraria en Colombia se llamó John F. Kennedy. Y la propuso bajo la fórmula de la Alianza para el Progreso. La propuso en el mismo año, 1960 o 61, en Corea del Sur y en Colombia, que ambos habíamos estado en la Guerra de Corea.

Corea del Sur la hizo, Colombia no.

Miren la distancia, desde el punto de vista de desarrollo económico, que hay hoy entre ese país a donde fuimos a pelear, que era la mitad de la economía colombiana en ese momento, a hoy. Es seis veces más poderoso; cuya población está toda en un grado de escolaridad por encima del pregrado universitario, y que es una de las potencias económicas de la innovación tecnológica, etcétera, de este mundo.

Esa diferencia empezó a marcarse con la reticencia de la élite colombiana,  compuesta en los tiempos de Murillo Toro, de esclavistas y de grandes poseedores de tierras, a hacer una reforma agraria que democratización.

Bueno, este es el primer punto del acuerdo.

No voy a hablar más, porque ahí si se nos acabó el tiempo.

Pero este es el primer punto del acuerdo y está Comisión que se reactiva para verificar si se cumple o no. O sea que lo primero que tiene que ver es si se cumple el primer punto del acuerdo y esta la dimensión de problema, del primer punto del acuerdo.

Nosotros vamos, como Gobierno, es nuestra voluntad política –creo que por eso no compraron, nos eligieron–, a intentar cumplirlo, pero implica un cambio completo de la estructura del gasto público en Colombia, que en mi opinión vale la pena, pero que ya verán ustedes cuántas fuerzas van a intentar impedir que se haga.

Comprar la tierra significa no agredir a la persona tenedora de la tierra hoy, independientemente de su historia, porque la historia la tierra de Colombia, de la tierra fértil, es una historia ensangrentada, es una historia violenta.

Pero independiente de esa historia de violencia, lo que nosotros le proponemos hoy es: se lo compramos, le compramos la tierra a precio de mercado.

Eso debe ser una condición de paz.

Darío Fajardo es el autor de la frase: «suelten la tierra para que hagamos la paz».

Yo la cambió: no la suelten, se la compramos. Les compramos la tierra para que hagamos la paz.

Bueno, gracias. Muy amables.