Atentados a Uribe y a Fiscal hubieran ‘destruido’ proceso de paz
Luego de que se hiciera pública la información relacionada con un posible atentado contra el expresidente Álvaro Uribe y el fiscal General, Eduardo Montealegre, planeado por las Farc, el Gobierno aseguró este miércoles que de haberse perpetrado esos hechos terroristas se hubiera «destruido» de manera inmediata el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla en La Habana.
Así lo advirtió el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien advirtió sobre los efectos negativos de ese tipo de acciones delictivas. (Lea también: ‘La paz se debe dar en un marco jurídico y político’: analistas)
«El Gobierno ha obrado con plena trasparencia y absoluta responsabilidad informando sobre este tipo de versiones que han llegado por fuentes inteligencia», precisó De la Calle, quien enfatizó de que de haberse materializado los atentados eso «destruiría por completo la viabilidad del proceso».
Esta afirmación la realizó al inicio de su intervención en el foro ‘Marco jurídico para la paz: ¿Qué ocurre con las obligaciones internacionales del Estado?’, el cual organiza EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel.
«El Gobierno no cayó en la trampa de la coyuntura», enfatizó el jefe del equipo negociador del Gobierno, quien subrayó que «las Farc deben brindar garantías de no agresión y de no estigmatizaron, y no solo exigirlas».
Durante su intervención, De la Calle también reiteró que el propósito del Gobierno no es generar impunidad con el proceso de paz, sino garantizar la terminación del conflicto armado en un marco jurídico y político real y estable.
«El marco jurídico para la paz no es un llamado a la impunidad», precisó De la Calle, quien aseguró que, tal vez, la judicialización de todos los casos serían «el mejor camino para la impunidad».
«No estamos en la teoría del sapo, es insuficiente para explicar el cuadro completo. La justicia transcicional es una oportunidad para entablar nuevos valores en la sociedad», enfatizó De la Calle.
Uno de ellos, dijo, sería el restablecimiento del paradigma de que nadie está por encima de la ley y que, además, permitiría garantizar la democracia.
