Lupa jurídica a “paz total” tema clave a tratar en la Reunión entre Petro y Fiscal Barbosa
El presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa – Foto Fiscalía
Bogotá, 28 enero de 2023_RAM_La viabilidad jurídica de la política de “paz total” del Gobierno tendrá este domingo 29 de enero una “prueba ácida” en la reunión que sostendrán el presidente Gustavo Petro con el fiscal general Francisco Barbosa.
Para entender de mejor manera la trascendencia de este encuentro, es necesario dejar en un segundo plano la altisonante controversia política y mediática de las últimas semanas, y concentrarse en los hechos objetivos y puntuales.
En ese orden de ideas, se evidencia que en dos de los tres frentes activados hasta el momento por la Casa de Nariño en aplicación de su estrategia de pacificación no concuerdan los criterios gubernamentales con los del jefe del ente acusador y, sobre todo, con los de la misma Rama Judicial (Procuraduría y jueces), en torno a la normatividad y beneficios que se pueden aplicar.
En el flanco de la negociación con grupos alzados en armas a los que se les puede reconocer estatus político no hay mayor contradicción. Prueba de ello es lo que ha pasado en la negociación con la guerrilla del Eln, a la que, al amparo de la última reforma a la Ley 418, ya se le reconoció como facción subversiva alzada en armas contra el Estado. Precisamente por ello, de manera diligente y sin ningún tipo de traumatismo, la Fiscalía, a solicitud de la oficina del Alto Comisionado de Paz, ya procedió a suspender órdenes de captura a sus delegados en la mesa.
Igualmente, un proceso similar se quiere adelantar con respecto a las disidencias de las Farc, agrupadas ahora bajo el nombre de “Estado Mayor Central”. Como se sabe, es viable reconocerles el estatus político en la medida en que se trata de grupos residuales que nunca entraron en el acuerdo de paz suscrito entre el grueso de la organización y el gobierno Santos, en 2016.
En el segundo flanco de la política de “paz total” hay un choque de criterios jurídicos evidente entre Gobierno y Fiscalía. Esto porque el Ejecutivo quiere adelantar un proceso flexible de sometimiento a la justicia con tres facciones más, al punto que desde comienzos de enero expidió sendos decretos sobre cese el fuego con esas facciones, pese a que a estas organizaciones no se les puede reconocer ningún móvil político (viable solo para los delitos de subversión, rebelión y asonada).
Se trata, de un lado, de la ‘Nueva Marquetalia’, grupo comandado por alias ‘Iván Márquez’ y que reúne a cabecillas de las Farc que efectivamente se desmovilizaron pero luego volvieron a las armas. Aunque este grupo insiste en que tiene móvil político subversivo, el mismo pacto de paz de 2016, que está constitucionalizado, deja en claro que los reinsertados que reincidieron en el delito pasan a la órbita de la justicia ordinaria y no podrán volver a ser sujetos de una negociación política para su desarme.
Las otras dos facciones son las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC) y el grupo “Sierra Nevada”. Las primeras son la fachada de la banda criminal narcotraficante ‘Clan del Golfo’ y la segunda de otra banda de delincuencia organizada conocida como ‘Los Pachenca’, que paradójicamente en un momento dado el gobierno Duque dio por desmantelada.
Un tercer flanco de la política de “paz total” del Gobierno se refiere a su intención de acordar con grupos de “conflictividad social” medidas que lleven a disminuir brotes de violencia en distintos ámbitos. Aquí es donde el Ejecutivo quiere incluir a las más de 300 personas de la llamada ‘primera línea’ que están procesadas por delitos durante los paros de 2021, los investigados por procesos de invasión de tierras y otros fenómenos criminales de índole colectiva pero que, por su tipología, no involucran un móvil delincuencial de lucro personal.
En cuanto al primer flanco, se puede afirmar que no hay nada que solucionar entre el Gobierno y la Fiscalía. El proceso se realiza dentro de los cánones de la ley 418, en el exterior y sin que medie un cese el fuego (aunque el Gobierno al comienzo lo anunció fallidamente) ni tampoco se ha acordado en la mesa alguna medida de aplicación interna en Colombia, salvo el levantamiento de algunas órdenes de captura, trámite por demás natural en estos casos.
En referencia a las disidencias de las Farc o “Estado Mayor Central” la decisión de reconocerles estatus político es de la esfera propia del Ejecutivo, más allá de la particularidad y complejidad de identificar específicamente cuáles de los cabecillas e integrantes se apartaron efectivamente del proceso de paz antes de su firma en 2016 y qué procesos penales cursan antes y ahora contra ellos.
La contradicción jurídica está en el segundo y tercer flanco. Pese a que el Gobierno firmó un decreto que establece el cese el fuego con el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’, la Fiscalía se negó a levantar 16 órdenes de captura contra sus cabecillas, aduciendo que la normatividad vigente no permite reconocerles estatus político y menos aún como “voceros para un proceso de paz”. Tampoco existe un marco jurídico preestablecido que permita sustentar el beneficio de la suspensión de las acciones judiciales para capturarlos e incluso extraditarlos, dado que se trata de delincuentes comunes. Aunque sí hay un esquema de sometimiento a la justicia vigente, es de índole individual y no contempla gabelas como la excarcelación o suspensión de las operaciones de las autoridades judiciales para perseguirlos y capturarlos.
La Casa de Nariño y el presidente Petro, por el contrario, insisten en que la Ley 2272 del 2022 (reforma a la ley 418 aprobada en noviembre pasado por el Congreso de mayorías oficialistas), no solo ratifica que el jefe de Estado tiene el manejo exclusivo del proceso de paz, sino que lo faculta para solicitar esa suspensión de órdenes de captura a cabecillas de organizaciones o estructuras multicrimen y de alto impacto con miras a procesos de sometimiento a la justicia.
La cuestión se complicó aún más porque Barbosa estuvo esta semana en Estados Unidos en una visita de trabajo con los departamentos de Justicia y de Estado norteamericanos. Desde allí fue claro en advertir, de un lado, que las órdenes de captura a los cabecillas de las bandas no se suspenderán porque no existe marco jurídico para hacerlo y, además, porque entre los 16 que el Gobierno enlistó, hay cuatro solicitados en extradición por Estados Unidos y uno por España.
El fiscal también apuntó a los ceses el fuego con estas bandas: “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali”.
De acuerdo con el jefe del ente acusador “esos decretos tienen que ser revisados desde el punto de vista de lo que implican para la operatividad del país; el artículo segundo de esos decretos plantea que se cesan operaciones de policías y militares”.
En cuanto al tercer flanco de la política de “paz total”, ya la Fiscalía, Procuraduría y los jueces (salvo en un caso, que está bajo investigación) han negado las resoluciones mediante las cuales la Oficina del Alto Comisionado cataloga a integrantes de la ‘primera línea’ como “gestores de paz” y pide su excarcelación.
El argumento es el mismo: además de no estar señalado el procedimiento jurídico formal como tal (¿juez de conocimiento o de control de garantías?), tampoco es claro el fondo jurídico de la figura del “gestor” o “vocero” de paz, a nombre de qué grupo organizado lo son o cuál es la función en específico que cumplirán. Además, el derecho de las víctimas es superlativo.
En la reunión de este domingo entre Petro y el fiscal, es evidente que este último llega respaldado no solo por los argumentos ya expuestos por el ente acusador, sino por las tesis de la Procuraduría, los fallos de los jueces negando la excarcelación de integrantes de la ‘primera línea’ e incluso un pronunciamiento de la Rama Judicial exigiendo el respeto a la autonomía de la justicia.
A ello se suma que el presidente Petro ya admitió que había conversado con Barbosa y afirmó que “él tiene razón en algunos temas. Conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”.
Asimismo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, también estuvo en Estados Unidos y desde allí precisó que “el Gobierno no está en tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables en la medida en que también tenga la información suficiente para no hacerlo, y en la medida en que avancemos hacia el establecimiento de las reglas de sometimiento, vamos a tener el marco jurídico completo para avanzar hacia la paz total”.
Visto todo lo anterior, lo que puede pasar hoy en la reunión entre Petro y Barbosa podría remitirse a que el Gobierno está facultado constitucional y legalmente para implementar su política de “paz total”, pero debe hacerlo respetando el mismo ordenamiento legal, sin lesionar el principio de autoridad ni invadiendo la esfera de la autonomía judicial.
