Petro insiste en la necesidad de ajustes al sistema de salud

Al concluir el Consejo de Ministros, realizado este sábado y domingo en Villa de Leyva el presidente Petro El jefe de Estado defendió la Reforma a la Salud frente a críticas de diferentes sectores. Foto Presidencia

Villa de Leyva (Boyacá), 29 enero de 2023_RAM_Luego de un consejo de ministros de dos días en Villa de Leyva (Boyacá), el Gobierno terminó de definir el cronograma de las reformas que presentará al Congreso este año. Se confirmó que salud comenzará su discusión en sesiones extras que convocará en febrero próximo. El jefe de Estado defendió esta iniciativa frente a críticas de diferentes sectores.

Petro Urrego se refirió a una propuesta que hace un tiempo presentaron organizaciones del sector para reglamentar y desarrollar la Ley Estatutaria 1751 del 2015, para la garantía del derecho fundamental a la salud.

Al respecto dijo el mandatario que “esta fue la propuesta que se convirtió en mi programa de gobierno publicada hace más de año y medio y discutida con movimientos sociales y fuerzas de la salud. Es la base de nuestro proyecto de ley de reforma a la salud”.

Explicó el jefe de Estado que “de este debate publicado se pasó a una redacción preliminar de reforma de la Ley 100, para basar el sistema de salud en un modelo de prevención y atención primaria que se prioriza tal como lo indican los convenios internacionales”.

El consejo de ministros también estudió la adición presupuestal para este año, por $20 billones, específicamente las prioridades en la inversión de estos recursos; así como las reformas que se presentarán a discusión de la ciudadanía y el Congreso, como la laboral, la pensional, la carcelaria, entre otras propuestas.

A propósito de que por ley el nuevo Gobierno tiene hasta el 7 de febrero para presentar al Legislativo el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, llamará a sesiones extras.

Reforma a la salud 

Salud es la primera de las grandes reformas que tiene previsto presentar el Gobierno al Congreso este año; después vendrán la laboral y la pensional.

La iniciativa ha generado gran polémica, especialmente por la intención del Gobierno de suprimir las EPS, por lo menos en el papel que hoy cumplen como aseguradoras.

Al respecto la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha manifestado que las EPS podrían seguir participando en el sistema, transformándose en IPS, es decir, como prestadoras del servicio.

El Gobierno parte del presupuesto de que las EPS con el paso del tiempo se han convertido en una especie de retén, que no dejan que fluyan de manera ágil los recursos del sistema a las IPS. Por ello, señala, muchos hospitales en diferentes regiones del país se encuentran en crisis debido a que la deuda por los servicios prestados es billonaria.

Sin embargo, sectores como Acemi, el gremio de las EPS, señala que estas cumplen un papel fundamental para el funcionamiento de la salud, no solo en el aseguramiento sino en la articulación del sistema. Dicen que su desaparición podría generar caos en la prestación del servicio.

Los principios rectores de la reforma a la salud son la defensa de la seguridad social; la descentralización político-administrativa; todos ponen en el sector; control de los recursos y la organización de los servicios de salud por parte del Estado.

Además, manejo técnico y transparencia de los recursos y “un servicio que garantice el derecho a la salud y ponga fin a la fragmentación social y a la gran inequidad del sistema actual”.

Un paso fundamental que busca dar la reforma es que la atención en salud se centre en la prevención de la enfermedad y no en la curación.

En realidad, no es algo nuevo porque está en la ley, pero distintos gobiernos no han desarrollado la prevención para que impacte de forma significativa la prestación del servicio y mejore la calidad de vida de la población.

Para ello el proyecto de reforma contempla implementar los CAP (Centros de Atención Primaria), en los cuales se desarrollarán los programas de prevención en salud y serán, además, las sedes de los equipos de promoción y prevención de la enfermedad.

Indica también la iniciativa gubernamental que todos los hogares deben estar inscritos ante el CAP que corresponda a su sitio de residencia.

Contempla un plan de inversión con un horizonte a 10 años para extender los CAP por todo el país, con la meta de que exista una de estas instituciones por cada 20 mil