Gobierno Nacional perdió margen político en nueva cúpula

Presidente del Senado Iván Name, Primera vicepresidente. María José Pizarro Rodríguez Y Segundo vicepresidente. Didier Lobo Chinchilla. integrantes de la mesa directiva del Congreso 2023 – 2024.Foto Senado de la República

EL NUEVO SIGLO

Bogotá, 23 julio, 2023_RAM_Un refrán popular reza que “Desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo”. Si se aplica esa sabiduría popular a lo que pasó en la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara, el pasado jueves, se podría avizorar que el panorama para la agenda legislativa del Gobierno en esta segunda legislatura sigue complicándose.

Es evidente que la Casa de Nariño quería como presidente del Senado a Inti Asprilla, considerado un petrista de primer orden. Sin embargo, en la coalición Alianza Verde-Centro Esperanza era quien tenía el apoyo minoritario, siendo claro que Angélica Lozano contaba, en el papel, con 8 de los 13 votos de este sector, que hace parte del bloque de centroizquierda que apoya al presidente Petro, pero que tiene cada vez más voces críticas.

Aunque el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, trató de maniobrar para equilibrar las cargas a favor de Asprilla, no pudo avanzar en esa dirección. Le tocó, incluso, convencer al Pacto Histórico de que, cerrada esa opción, lo que más le convenía al Gobierno era que se escogiera a Lozano, pese a que en el petrismo le tienen muchas reservas. Era claro, desde un primer momento, que el nombre de Iván Name no tenía mayor eco en el Ejecutivo y solo se le consideraba una eventual opción de tercería, sin desconocer, de un lado, que es un político muy experimentado, y de otro, que por sus tesis centristas y ajenas al radicalismo tenía buen recibo en sectores de oposición e independientes.

Al final de cuentas, cuando el Gobierno parecía resignado a la elección de Lozano, terminó siendo sorprendido A última hora ganó Name por 54 votos contra 50. Ni Velasco ni el Pacto atinaron a prever que había un acuerdo político entre la mayoría de los conservadores, Cambio Radical, el Centro Democrático, los partidos cristianos, así como un buen número de liberales y de la U. Una derrota en toda la línea para la Casa de Nariño y su coalición minoritaria.

En la Cámara de Representantes la situación para el Gobierno no fue tan crítica. De hecho, eran sabidas sus simpatías por Andrés Calle, que no es considerado un abierto contradictor del Ejecutivo, en tanto que Julián Peinado era, para muchos, la carta del expresidente César Gaviria, jefe único de las toldas rojas.

Sin embargo, en política nada es en blanco y negro. “… Creo que se está haciendo una lectura muy plana de la elección en la Cámara… Es apresurado decir que el Gobierno fue el que ganó con la elección de Calle, como también que Gaviria perdió con la derrota de Peinado… Se olvida que el partido dejó en claro, desde finales de la anterior legislatura, que será drástico con aquellos que se salgan de la disciplina y la Ley de Bancadas, y la mayoría de senadores y representantes respaldó esa postura… De hecho, el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima y el aplazamiento del segundo debate a la de la salud, en la plenaria, no hubieran sido posibles si los liberales no hubieran actuado en bloque”, precisó una alta fuente de ese partido en diálogo con un periodista de EL NUEVO SIGLO.

“… Además, Gaviria seguramente será reelecto como jefe único en la próxima convención partidista, a la que podría llegar pasando factura por un previsible buen desempeño liberal en las elecciones regionales y locales, en donde es muy fuerte”, señaló la fuente.

Puntualizó que “… Gaviria sigue considerando que desde el Gobierno se trató de direccionar al Consejo Nacional Electoral para sancionar al partido, incluso amenazando la posibilidad de otorgar avales… Las relaciones entre el expresidente y la Casa de Nariño se encuentran en su peor momento y falta ver cuáles senadores y representantes van a desafiar al jefe único en el momento de votación de las reformas cruciales. Si las elecciones, que están a tres meses, repotencian su liderazgo, tendrá una autoridad renovada para empezar a ponerles tatequieto a los indisciplinados».

Visto todo lo anterior, queda claro que en el Senado el mapa de fuerzas políticas muestra que el bloque de partidos independientes y de oposición (que suma los 15 votos conservadores, 11 de Cambio Radical, 13 de los uribistas, y posiblemente buena parte de la U y algunos liberales) tiene como mínimo 54 votos. Ese potencial, sobre un quórum de 106 integrantes, le daría a este sector (con o sin coalición formal) la capacidad de bloquear las reformas gubernamentales o forzar a que sean concertadas, especialmente las iniciativas pensional y de salud en curso, así como las que se radicarán sobre educación superior, servicios públicos y Código Minero, entre otras.

De hecho, liberales y Cambio Radical impulsarán cada uno su propia reforma a la salud, de carácter estatutario y diametralmente opuesta a la polémica iniciativa ordinaria gubernamental que está en trámite. Se presume, entonces, que este último proyecto no tendría el apoyo de ninguna de esas colectividades en la plenaria.

También está claro, y así quedó evidenciado en la primera legislatura, que conservadores, uribistas y Cambio Radical –sin necesidad de construir una coalición formal– conforman un bloque fuerte para filtrar proyectos ya hundidos pero que se volverán a radicar, como los de humanización carcelaria y de sometimiento a la justicia de bandas multicrimen. Varios liberales y de la U también son muy críticos de estas iniciativas. Eso hace difícil que el Ejecutivo pueda avanzarlas, a menos que busque consensos sobre sus alcances.

En todo caso, la primera prueba de fuego en el Senado será lo que pase con el proyecto de reforma pensional, que tiene turno en plenaria. Esta iniciativa, a diferencia de la laboral –ya hundida– y la aún más polémica de salud, es la que menos resistencia genera en los partidos independientes y de oposición.

De hecho, en la Comisión Séptima se le hicieron muchos ajustes para que pudiera avanzar y ahora la mayor discusión está en si debe disminuirse el umbral exclusivo de cotizaciones para Colpensiones (hoy está en tres salarios mínimos), un reaseguro en el manejo del patrimonio autónomo de las pensiones por parte del Estado, así como un marco más amplio para que los fondos privados puedan funcionar.

En la Cámara, como se dijo, es un poco más favorable el panorama para el Gobierno, sobre todo en la plenaria, en donde cuenta con el apoyo de 14 de las 16 curules de la circunscripción especial de víctimas, figura que no existe en el Senado.

El trámite del proyecto de reforma a la salud, que está para segundo debate en la plenaria, será el principal termómetro del mapa político en la corporación.

La iniciativa pasó a duras penas en la Comisión Séptima, en medio de la polémica en torno a que Velasco habría ‘volteado’ a algunos congresistas liberales y conservadores, los cuales, para la segunda legislatura, llegan advertidos de sanciones si vuelven a faltar a la disciplina partidista y a la Ley de Bancadas.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo esta semana que el Gobierno ha venido ajustando el articulado de esta iniciativa y está dispuesto a seguir haciéndolo en el resto del trámite, siempre y cuando no se desfigure el objetivo inicial. Falta ver hasta qué punto eso se concretará.

¿Acuerdo nacional?

Todo este escenario cambiaría si la propuesta del presidente Petro en torno a convocar un acuerdo nacional con los partidos y demás sectores políticos, económicos, sociales e institucionales del país, que lanzó de nuevo durante el discurso instalación del Congreso, pasa de la teoría a la práctica.

Se trata de una incógnita. De hecho, varios presidentes y voceros partidistas recordaron que el jefe de Estado ha repetido la idea en distintas ocasiones en los últimos meses, sobre todo después de la ruptura de la coalición oficialista en marzo pasado, sin concretar una convocatoria oficial para sentar las bases de ese acuerdo nacional.

Por el contrario, Petro ha subido el tono y la presión al Parlamento para que le apruebe las reformas, llamando incluso a sus bases populares a marchar en las calles para exigir que se cumpla “el mandato popular del cambio”. Esa estrategia no ha dado resultado, ya que la oposición movilizó más gente y desde el Congreso sus contradictores le advirtieron que no podía lesionar la autonomía legislativa.

Como se ve, el panorama político de arranque para la agenda legislativa oficialista en este segundo periodo se complicó aún más después de la forma en que terminaron definiéndose las presidencias de Senado y Cámara. Es innegable que el Gobierno perdió más margen de acción.