La seguridad, sin recursos No son pocos los gobiernos locales que en 2024 no tendrán cómo financiar y garantizar la seguridad.
Hugo Acero Velásquez
En medio de la creciente inseguridad, algunos departamentos y ciudades del país se van a quedar sin recursos para la seguridad el año entrante. La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-101 de 2022, declaró inexequible “la habilitación a los departamentos y municipios para imponer tasas o sobretasas destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad ciudadana”, faculta que la Ley 1421 de 2010 les había dado a los gobiernos locales y que por varios años han tenido ciudades como Cartagena, Manizales, Cúcuta y el departamento de Atlántico. Consciente sobre las consecuencias de esta decisión, que afecta a algunas administraciones locales en la medida en que en sus planes de desarrollo y planes de seguridad ya se cuenta con estos recursos, la Corte decidió diferir los efectos de esta decisión por el término de dos legislaturas, como bien lo expone en su página Asocapitales.
“La Corte reconoció que los recursos de las tasas y sobretasas de seguridad ciudadana contribuyen a que las entidades territoriales financien programas indispensables para el mantenimiento del orden público y para la superación del estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria. También aseguró que la financiación de dichos objetivos no puede llevarse a cabo con otros recursos, debido a que su planificación está consagrada en los planes de desarrollo que tienen una vigencia de 4 años. Por tanto, la Corte decidió diferir los efectos de decisión por el término de dos legislaturas, contadas a partir de la notificación de la sentencia, para que el Congreso expida una ley que regule de manera adecuada y completa las tasas y sobretasas de seguridad ciudadana”.
Es decir, los departamentos y ciudades que hoy financian la seguridad vía tasas y sobretasas solo podrán contar con esos recursos hasta mediados de 2024, hasta cuando tienen vigencia sus actuales planes de desarrollo. En el caso del Congreso, solo tiene hasta el próximo mes de diciembre para expedir una ley que regule de manera adecuada y completa las tasas y sobretasas de seguridad ciudadana.
Los departamentos y ciudades que hoy financian la seguridad vía tasas y sobretasas solo podrán contar con esos recursos hasta mediados de 2024
En este caso, ni las ciudades, ni los departamentos, ni el Congreso y menos el Gobierno nacional han presentado un proyecto de ley que regule este tema. Por tanto, no son pocos los gobiernos locales que el año entrante no tendrán cómo financiar y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
A esto hay que sumarle que más del 90 % de los municipios no cuentan con recursos para financiar los planes de seguridad y convivencia ciudadana, sus presupuestos para estos temas no pasan de cien millones de pesos, que apenas alcanzan para darles la gasolina a los carros y motos de la policía, frente a una gran variedad de problemas de convivencia e inseguridad. Es decir, “no hay plata para solucionar tanto problema”.
Esta oportunidad, que hasta el momento dio la Corte para regular las tasas y sobretasas para financiar la seguridad, se está perdiendo por falta de iniciativa legislativa. Seguramente algo pueden hacer algunos congresistas y el Congreso, no solo para que algunos departamentos y ciudades no se queden sin recursos, sino para que hacia adelante muchos más gobiernos locales cuenten con recursos para financiar sus planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana vía tasas y sobretasas reguladas.
En medio de esta urgencia, muchos candidatos a alcaldías, gobernadores, concejos y asambleas están prometiendo grandes proyectos e inversiones para mejorar la seguridad de los ciudadanos, sin saber siquiera de dónde van a sacar los recursos para cumplir todas las promesas que están haciendo en esta campaña.
Hugo Acero Velásquez
