Gobierno presenta proyecto para aumentar impuesto predial hasta en 300%

Bogotá, 10 noviembre, 2023_RAM_Un proyecto de ley que pretende incrementar entre el 50% y el 300% el impuesto predial de los colombianos, presentó el gobierno ante el Congreso de la República. La medida, según los funcionarios, busca corregir desequilibrios y garantizar una tributación acorde con la realidad económica de los inmuebles.

La iniciativa fue presentado el miércoles pasado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

El proyecto de ley, identificado como número 292, plantea una revisión sin precedentes en las tarifas del Impuesto Predial Unificado. Según el documento, los ajustes variarán según el avalúo catastral de los predios, afectando tanto a áreas urbanas como rurales. Para algunos propietarios, el incremento podría llegar hasta el 300%, generando inquietud y rechazo en diversos sectores de la sociedad.

La propuesta establece diferentes porcentajes de aumento según el rango salarial del avalúo catastral. Desde un modesto 50% para propiedades con avalúos inferiores a 135 salarios mínimos hasta un impactante 300% para aquellas que superen los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El Gobierno argumenta que estos ajustes responden a la necesidad de aplicar principios tributarios como la equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad, tal como lo establece la Constitución.

Las pretensiones del Gobierno señalan que habrá aumentos hasta de 50% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior para los predios urbanos con destino económico y habitacional cuyo avalúo catastral sea menor o igual que $136 millones.

En su exposición de motivos, el Gobierno explica que la falta de actualización del avaluó caastral en más de cinco años genera un impacto significativo en la capacidad de pago de los contribuyentes. Argumenta que es esencial conocer la realidad económica de los predios para aplicar impuestos justos y equitativos.

Esta medida también aplicaría para los predios rurales que se encuentren dentro de categorías asociadas a destinos económicos y usos del suelo como habitacional, comercial rural; áreas para la producción agropecuaria; institucional y áreas de conservación y protección.

Adicionalmente, el proyecto busca eliminar excepciones presentes en la Ley 1995 del 2019, especialmente aquellas relacionadas con cambios de destino económico y modificaciones en áreas de terreno y construcción. Se busca evitar lagunas que puedan limitar la aplicación de los nuevos ajustes.

El texto también plantea aumentos de hasta 100% cuando el avalúo en predios urbanos con destino habitacional o económico sea mayor a $136 millones y hasta los $250 millones. También aplicará para los predios rurales tal como el punto anterior.

Asimismo, se prevé un alza de 150% para los predios de las mismas categorías cuyo avalúo sea superior a $250 millones, pero menor a $350 millones.

Para los predios urbanos y rurales se prevé un aumento de 200% cuando los avalúos se encuentren el rango de $350 millones a $500 millones e incrementos de 300% cuando sean superiores a $500 millones.

Ante esta situación, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que “a modo de ejemplo, el propietario de un inmueble de estrato 3 de $400 millones podría pasar de pagar $1.9 millones de impuesto predial a $3.4 millones. Un predio estrato 1 de $200 millones pasaría de pagar un impuesto de $800 mil a $1.2 millones”.

El aspecto más polémico del proyecto es su aplicación retroactiva, afectando incluso a propiedades que no experimentan cambios significativos. Esto genera críticas y preocupación entre propietarios y sectores políticos. El senador David Luna, de Cambio Radical, expresó su desacuerdo, calificando la propuesta como «la tapa del descaro del presidente Petro» y advirtió sobre las posibles consecuencias económicas para la población.

Para Fenalco “el proyecto afecta el derecho a la vivienda digna al gravar, excesivamente, la aspiración de tener techo propio. Además, segmentos como el de los pensionados, que viven de unos ingresos de subsistencia, y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exponencial”.

Según el Gobierno, la medida también busca mejorar la recaudación del IPU a nivel municipal, especialmente en regiones con bajos niveles de recaudo. Se argumenta que los ingresos por este tributo representan una proporción menor en comparación con otros países de la Ocde, y que este cambio normativo proporcionará herramientas para fortalecer la gestión tributaria y reducir la evasión.

A pesar de la presentación del proyecto, su discusión en el Congreso está programada para el 2024, lo que brinda tiempo para un análisis detenido y un debate que seguramente será intenso, considerando las implicaciones económicas y sociales que conlleva.