El Gobierno del “cambio” nos quiere robar la estabilidad institucional y el bienestar social
Juan Manuel Galán
La propuesta del presidente Petro de convocar una asamblea constituyente abre el debate sobre su impacto en la democracia colombiana, así como en la materialización de los derechos fundamentales y el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía. Esta iniciativa, que busca modificar la Constitución para implementar reformas inconvenientes, podría tener consecuencias significativas en sectores como la salud pública, afectando la calidad y accesibilidad de estos servicios.
El rechazo del Congreso a las reformas del Gobierno Petro refleja una disminución en la popularidad del presidente. La intención de modificar la estructura constitucional para imponer estas medidas, desconociendo la opción legislativa, escenario natural de estas, representa un desprecio profundo hacia la institucionalidad colombiana. En lugar de recurrir a estrategias para socavar el consenso político, el gobierno debería concentrarse en promover reformas dentro del marco jurídico ordinario, asegurando así la protección y mejora de los derechos y servicios públicos, sin inducirnos en una crisis republicana innecesaria.
Además, la propuesta de Petro parece buscar caminos alternativos para implementar su agenda y posiblemente eliminar la prohibición de reelección, lo que pondría a tambalear la integridad democrática y el respeto por los principios institucionales. La experiencia de otros países, como el caso de Venezuela, muestra cómo la manipulación de las estructuras constitucionales puede conducir al deterioro de la vida en comunidad y al debilitamiento del Estado.
La asamblea constituyente, como mecanismo de reforma constitucional, está sujeta a rigurosos procedimientos, que subrayan la importancia del equilibrio de poderes y la alternancia democrática. El artículo 197 de la Constitución, al igual que otras disposiciones, establece barreras significativas para la modificación de elementos clave como la reelección presidencial, reflejando la intención del constituyente de salvaguardar la estructura democrática y evitar la concentración del poder.
Sin embargo, la asamblea constituyente, especialmente bajo el liderazgo de una figura controvertida como Petro, conlleva el riesgo de alterar este diseño institucional en favor del ejecutivo (que ya tiene grandes facultades presidenciales), lo que podría traducirse en un debilitamiento de los mecanismos de control que garantizan la separación de poderes. La baja aprobación del presidente debería interpretarse por el oficialismo como la invitación de la ciudadanía a consolidar y fortalecer las instituciones existentes, en lugar de buscar mecanismos para implementar planes radicales que dividirán aún más al país.
La convocatoria de una asamblea constituyente por parte del presidente Petro representa un momento decisivo para Colombia. Esta propuesta se someterá al escrutinio exhaustivo de todos los actores de la sociedad civil, evaluando sus potenciales riesgos para la democracia, el respeto a las instituciones y el bienestar de la ciudadanía. Ante este desafío, es imperativo que el gobierno priorice el diálogo, la transparencia y la búsqueda de consensos, fortaleciendo el tejido democrático para materializar los derechos fundamentales y garantizar el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía.
