Vicefiscal General asumirá investigaciones penales contra Gustavo Petro
El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo asumió las dos investigaciones penales que se adelantan contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por las presuntas irregularidades que rodearon la planeación y ejecución en el nuevo sistema de aseo.
Por orden del fiscal General, Eduardo Montealegre las investigaciones que tenía la Unidad contra delitos al medio ambiente por el impacto ambiental en la implementación del esquema de aseo y las irregularidades en los contratos suscritos por la recolección de basura que estaba en la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia pasaron al despacho de Perdomo.
Ante esto, el Vicefiscal General tendrá que definir si abre o no investigación formal –que podría terminar con la solicitud de audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el mandatario distrital- o por el contrario archiva estos procesos penales.
A principios de este año el abogado Isnardo Gómez presentó ante el despacho del Fiscal General se indica que el mandatario distrital habría incurrido en irregularidades en el cambio de contrato para la recolección de basuras. (Ver Denuncian a Petro por cambio de esquema de aseo)
En este sentido solicitó que se analice el contrato y los actos administrativos presentados por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para prestar este servicio público en la ciudad a partir del próximo 18 de diciembre.
Dentro de las pruebas que se solicita que se tengan en cuenta está la publicación y las grabaciones reveladas por El Espectador sobre algunas órdenes que habría impartido el burgomaestre para recolectar las bases de datos en las empresas privadas que prestan el servicio de recolección de basuras en la ciudad. (Ver Los planes secretos de Petro para ‘sacarle’ los trabajadores a las empresas de basura)
Igualmente, se pide que se analice todo el trámite adelantado por la Alcaldía, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y el Acueducto que llevaron a la firma del convenio el 11 de octubre de 2011.
El denunciante argumenta además que se debe revisar el cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional sobre los derechos y participación de la comunidad recicladora en la prestación de este servicio.
Por estos hechos se indica que Petro Urrego habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos, prevaricato, concierto para delinquir y tentativa de peculado.
