Editores del continente rechazan nuevo intento de acorralar la prensa

Advierten que acusación de Cabello contra tres medios venezolanos carece de sustento jurídico.

Por: GRUPO DIARIOS DE AMÉRICA/ GDA |

El Grupo de Diarios América (GDA), que reúne a 11 periódicos del continente, repudió la demanda por difamación que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, introdujo contra 22 directivos de 3 medios de comunicación venezolanos.

El martes de esta semana, Cabello introdujo una demanda por difamación contra 15 directivos de El Nacional, 4 de Tal Cual y 3 del portal La Patilla.

Cabello solicitó al tribunal dictar medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante un juez cada 8 días para los 22 señalados.

Desde Puerto Rico, donde se encuentra reunido el bloque de diarios, el directivo de El Comercio de Perú, Luis Miró-Quesada, sostuvo que la acción judicial busca presionar al presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, y afectar la libertad del rotativo.

“Es una demanda neta y exclusivamente política; tiene un fin político, que es tratar de presionar al único medio independiente de Caracas”, dijo.

Otero por su parte sostuvo que el diario vive un nuevo capítulo del cerco a la libertad de expresión en Venezuela: “Es un proceso que ha pasado por la elaboración de leyes, la represión administrativa, la violencia física, las limitaciones en la compra de papel. Todo lo que ha logrado el régimen es reducir la prensa libre de Venezuela a un espacio pequeño”.

María Eugenia Ferré Rangel, presidenta entrante del Grupo de Diarios América, adelantó que el bloque se mantendrá atento y ofreció el apoyo del GDA “para continuar defendiendo la libertad de expresión y la prensa independiente en Latinoamérica, que es tan importante para el fortalecimiento de la democracia”.

Según el Código Penal venezolano, el delito de difamación a través de escritos contempla cárcel de hasta cuatro años y multa de hasta 2000 UT.

Jurisprudencia

Armando González, editor general del Grupo Nación de Costa Rica, enfatizó que la demanda no tiene base porque reproducir una información publicada por un reconocido medio europeo no debe ser castigado.

“Lo menos que tienen los venezolanos derecho a saber es lo que se dice en Europa de un alto funcionario de Venezuela. Pero también hay jurisprudencia que sustenta lo que afirmo: el caso Herrera-Ulloa fue un caso que La Nación de Costa Rica sacó adelante en la Corte Interamericana y que estableció lo que se denomina la doctrina del reportaje neutral o de la reproducción fiel, que básicamente señala que la reproducción de lo publicado por medios de reputación no acarrea responsabilidad para quien la hace”, explicó González.

Luis Ferré Rangel, director de El Nuevo Día de Puerto Rico, ofreció su perspectiva: “Esto es una escalada más en la violencia del Estado venezolano no solamente contra El Nacional, sino contra la pluralidad y diversidad de la sociedad venezolana. Este último ataque de Cabello es contra toda la sociedad venezolana que lucha para tener una democracia. Esto no va a intimidar a la oposición venezolana, pero debe ser un llamado a toda la comunidad internacional a cerrar filas a favor de la democracia venezolana”.

Desde Caracas

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz, alertó que tras la demanda de Cabello se esconden otras intenciones: “El Gobierno apunta a silenciar el debate sobre la actuación de sus funcionarios, así como sobre los principales problemas que en los últimos meses han golpeado la calidad de vida de los ciudadanos”.

Ruiz se solidarizó con los trabajadores y quienes dirigen los medios demandados, ante la amenaza a sus puestos de trabajo.

‘Reportar actos criminales de altos funcionarios públicos no es un delito, es una noticia’

Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dice que en Venezuela existe un proceso sistemático para asfixiar a los medios. Afirma que la demanda carece de fundamento legal.

¿Qué consecuencias legales tendría el Gobierno de Venezuela si se llegara a concretar esta nueva amenaza contra los medios independientes?

Está hoy claro que en Venezuela existe una desconfiguración de las garantías legales para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión. Se manifiesta muy rápidamente la normativa de la Ley Resorte, existe casi un control absoluto de la radio y la televisión, imposición de multas, restricciones de papel periódico, controlan Internet a través de Cantv, y comienzan a imponer este tipo de demandas dirigidas a personas y directivos a los medios.

Además los pocos medios independientes que ha resistido valientemente tanto acoso por divulgar información ni siquiera propia sino publicada por medios extranjeros, lo que buscan es instaurar la autocensura dentro de cada medio. Esto es un proceso sistemático para asfixiar a los medios en Venezuela. En este caso en particular, reportar algo sobre un alto funcionario público, es acusado por un ex funcionario de pertenecer a un grupo criminal, no es un delito, es una noticia. En ninguna parte del mundo el reporte fiel es considerado un delito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa en Costa Rica es muy similar a esa situación, el diario La Nación de dicho país reportó de manera fiel de otros diarios europeos, información de las acusaciones de corrupción contra altos funcionarios costarricense y la CIDH protege el reporte del medio en cuestión.

En el caso de la demanda al diario El Nacional es preocupante porque dice que los medios deben verificar la veracidad de la información, y lo que dijo la CIDH es que la información es veraz. El diario ABC publicó lo referente a Diosdado Cabello y los diarios venezolanos sólo replicaron, lo cual la demanda no puede proceder. Los medios de comunicación no son policías por lo tanto ellos no deben estar demostrando nada ya que no son el poder judicial ni moral.

¿Entonces la demanda carece de fundamento legal?

Totalmente, si esa demanda llegara a prosperar, quiere decir que en Venezuela, no se puede hacer reportajes contra funcionarios públicos que estén inmersos en casos de corrupción o a fines, ni siquiera testimonio que certificaran dichas denuncias. Esto es una interpretación errada del derecho penal y ya lo dijo la CIDH bajo la figura de reporte fiel.

¿Cree que se concretará el cierre del diario El Nacional?

Espero que no, El Nacional ha resistido una serie de presiones muy fuertes, como la restricción al papel periódico, y además son pocos los espacios que oxigenan los debates públicos y más ahora sobre la denuncias sobre el posible vínculo de Cabello con el cartel de los Soles. Si en Venezuela existiera independencia de los poderes públicos y se respetara la Constitución pues esa demanda automáticamente se rechazaría.

¿Cuál es el miedo del Gobierno de Maduro a la verdad si tienen en su poder la mayoría de los medios de comunicación?

Un Gobierno que tenga que acudir a su enorme poder para atacar a los pocos medios independientes, de silenciar el debate público es síntoma de la gran fragilidad que tiene el régimen de Maduro y que tiene mucho miedo.

Hegemonía comunicacional

Botero concluyó que cada vez está más sofocada la libertad de expresión en Venezuela, es una manera de ahogar los espacios democráticos. Los jueces venezolanos deben entender que deben defender los derechos humanos, como en el caso de la juez Afiuni, es una situación difícil pero deben dar la cara por su país. Sino defienden las leyes que juraron defender estarían siendo responsables de todos estos crímenes.

GRUPO DIARIOS DE AMÉRICA/ GDA