Ataques con Ácido: Respeto y Justicia
Por: Carlos Alberto Baena López
En el Congreso de la República se aprobó en primer debate el martes pasado, el proyecto que busca seguir luchando contra la problemática de los ataques con ácido en el país, y que busca aumentar las penas para los agresores.
Esperamos que en los próximos tres debates que le restan, los congresistas elegidos por los colombianos, se unan a la voz de toda una nación que exige acabar con este flagelo que ha marcado, tanto física como emocionalmente, la vida de más de 930 colombianos y que día a día profundiza sus heridas con la impunidad y la ausencia de acciones concretas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, desde el 2004 se han denunciado 565 ataques con ácido cometidos contra mujeres y 361 agresiones contra hombres. De acuerdo al informe entregado por esta entidad, el año pasado, 79 ataques fueron perpetrados por vecinos de las víctimas; 71, por esposos y exparejas; 23, por delincuencia común; 49, por compañeros de colegio y trabajo; 16, por arrendadores y clientes, 3 por empleados a jefes y 18, por supuestos amigos.
Ahora bien, Colombia cuenta hoy con la ley 1639 de 2013, que constituye un importante avance en esta lucha. En materia penal, elevó las penas para los agresores, a 20 años y, eliminó beneficios como el de casa por cárcel, pues antes de la vigencia de esta ley, dichos actos sólo eran calificados como lesiones personales, los responsables pagaban máximo 7 años de cárcel e, incluso, tenían la posibilidad de cumplir su sentencia en sitios alternativos. Adicionalmente, en materia de satisfacción y rehabilitación, esta ley creó la ruta de atención integral que otorga asesoría jurídica, orientación psicológica, atención de médicos especialistas y cirugías reconstructivas gratuitas.
Sin embargo, las cifras y la realidad del país evidencian que aún se debe hacer más; pues la atención en salud que requieren las víctimas, encuentra tropiezos por la crisis del sistema, y las penas siguen siendo insuficientes para la gravedad de los daños que se comenten.
Por eso, el Movimiento Político MIRA, una vez más, solicitó, en el Proyecto de Ley 016/14, que este tipo de agresiones sean reconocidas como un delito autónomo y que los responsables paguen hasta 40 años de cárcel ya que el reproche y la respuesta por parte del Estado a este tipo de conductas, debe ser proporcional y justa.
Así que le corresponde al Congreso de La República dar un paso más hacia la consolidación de un marco jurídico que inhiba este tipo de agresiones, y que garantice justicia a sus víctimas. El respeto por el otro, debe ser el fundamento de las políticas públicas.
