Enfrentamiento entre Fiscal y Procurador por penas privativas de la libertad para guerrilleros de las Farc
Las declaraciones suscitadas por el vicefiscal de la Corte Penal Internacional -CPI- , James Stewart, durante el marco del foro de Justicia Transicional que se llevó a cabo en la Universidad del Rosario, y con las que lazó una advertencia sobre la ejecución de penas privativas de la libertad para responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado del país, han empezado a generar reacciones disimiles entre los organismos de control e investigación del país. Además, en las declaraciones del funcionario del organismo internacional, también exigió al Gobierno Nacional ceñirse al Estatuo de Roma, que no exonera a las democracias suscritas a condonar penas por los delitos en ocasión de la guerra.
Durante el evento, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo que Si el modelo de justicia transicional es lícito para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no entiende la posición del organismo, frente a la aplicación de penas para máximos dirigentes de la guerrilla.
Para Montealegre, “Las penas alternativas, distintas a la privación efectiva de la libertad, son totalmente “compatibles” con el Estatuto de Roma: “No es necesario que existan penas privativas de la libertad de cumplimiento efectivo”, dijo El Fiscal.
A juicio de Montealegre, la declaración del vicefiscal James Stewart “le abrió muchas puertas a Colombia” frente al mismo proceso de paz.
“Si se mira con detenimiento la declaración de Stewart, en últimas, la Fiscalía no tiene objeciones grandes contra el modelo de justicia transicional en cuanto a centrarlo en los máximos responsables y en cuanto a los criterios de selección para concentrar las más graves violaciones de DD.HH.”, sostuvo.
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez hizo frente a los argumentos expuestos por Montealegre, señalando que hablar de penas como trabajo comunitario en lugar de privación de la libertad sería “grosero e insuficiente”.
Ordoñez en un enfático pronunciamiento, recordó que la pena debe ser proporcional a la gravedad del crimen y que es obligación del Estado sancionar y castigar las violaciones de derechos humanos.
Para el jefe del organismo de control, la efectiva aplicación de justicia ante una eventual firma de paz, es con cárcel “Eso sí, con sentencias “reducidas” y la posibilidad de ser suspendidas cuando se haya cumplido cierta parte de la condena. “Esa es la única forma de lograr estabilidad jurídica para el proceso y para las Farc”, y añadió “La pena no puede ser una simulación, ni un montaje, sino verdadera, genuina y cierta. No como una mera formalidad”.
Consideró, además, la insistencia de no cumplir cárcel por parte de las Farc “es tonta, negativa para ellos e imposible en el mundo de hoy. Esa es la realidad”.
Incluso, dijo que es necesario que a los responsables de delitos de lesa humanidad se les prohíba a perpetuidad participar en política.
Finalmente el Procurador les dijo a las Farc que “No se equivoquen, si no aceptan los estándares de hoy, que incluyen pena efectiva de cárcel, así firmen el acuerdo con el Gobierno, sólo será cuestión de tiempo que terminen presos”.
