El Consejo de Estado negó un recurso de súplica del Ministerio de Hacienda sobre venta de Isagén
El Consejo de Estado negó el recurso de súplica radicado por el Ministerio de Hacienda con el que se buscaba levantar las medidas cautelares que suspendían la venta de Isagén.
El alto tribunal consideró que no se puede poner en riesgo el patrimonio de la Nación.
El 15 de mayo pasado, el alto tribunal ya había tomado la decisión de suspender la venta que estaba programada para el 19 de este mes.
Con ponencia del consejero Hugo Bastidas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dictó una nueva medida cautelar que impedirá la venta.
El argumento de esa decisión consiste en que si se vende Isagén, como lo planeaba el Gobierno, «se estaría frente a una situación que le generaría perjuicios a las finanzas del Estado».
El alto tribunal tuvo en cuenta que faltan por escuchar más de 500 de los actores que pidieron declarar en este caso y que hay pocos oferentes.
Aún se espera una decisión de fondo que estaría lista en tres o cuatro meses.
Una de las demandas que estudia el alto tribunal contra la venta de Isagén sostiene que los estudios contratados por el Ministerio de Hacienda para justificar la venta “tuvieron por objeto calcular el precio de la acción, mas no la viabilidad, la oportunidad y la conveniencia de la enajenación”.
Dando respuesta al recurso de súplica presentado por el Gobierno Nacional, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la acción judicial presentada, en contra de las medidas cautelares emitidas por ese alto Tribunal sobre la enajenación del activo mayoritario del Estado de la empresa electrificadora Isagen.
El tribunal de lo contencioso administrativo suspendió provisionalmente la venta del 57% de las acciones del Estado de Isagén, mientras se resuelven de fondo las acciones judiciales presentadas.
El Ministerio le solicitaba a la Corporación que revocara la decisión al considerar que no hay elementos que comprueben el riesgo que esta venta podría ocasionarle a las arcas del Estado o el daño para el interés público.
El Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno tomó la medida cautelar, mientras resuelve la demanda presentada por el presidente de Sintaisagen, Helber Castaño, quien argumentó que “el Estado no puede no vender las acciones, o que si se toma la decisión de hacerlo estas deben ser a la comunidad en general”.
La medida se tomó no propiamente por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad sino para evitar posteriores y eventuales daños al interés público en caso de que se adjudicaran las acciones a los inversionistas privados.
La acción civil se presentó ante la decisión del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo el pasado 14 de mayo que profirió medidas cautelares consistentes en la suspensión temporal de la subasta y demás actos relativos con la enajenación de las acciones que la Nación tiene en Isagén S.A. E.S.P, uno de los activos más queridos por los colombianos.
Cabe recordar que un grupo de legisladores de varias colectividades del Congreso de la República, presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para evitar la venta de la electrificadora, que según cálculos, su venta podría costar más de 2.200 millones de dólares.
