Defensa de Petro pidió nuevas pruebas a Procuraduría
La defensa del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, ante la Procuraduría General de la Nación, pidió a ese organismo la práctica de pruebas sobrevivientes dentro del proceso disciplinario que se adelanta contra el mandatario elegido democráticamente.
La abogada Olga Lucía Giraldo pidió a la Procuraduría una serie de pruebas documentales en relación con los decretos expedidos por la Alcaldía; con el supuesto riesgo para la salud y el medio ambiente; un dictamen pericial sobre el patrimonio de la Empresa de Acueducto; los testimonios judiciales de inculpados en el cartel de la contratación, y de exempleados de las operadoras privadas de basura.
En este último caso pide escuchar los testimonios de los trabajadores que públicamente han señalado que unas empresas privadas que operaban el servicio de aseo escondieron los vehículos recolectores y dejaron de prestar el servicio, dentro del llamado «complot de las basuras».
La defensa pide, en relación con los decretos distritales 564 y 570, que la Procuraduría solicite al Consejo de Estado un informe sobre cuántos decretos similares han sido declarados nulos, por ilegalidad o inconstitucionalidad, durante los últimos 20 años y la misma entidad administrativa certifique en cuántos de ellos adelantó procesos sancionatorios y en cuáles profirió sanciones.
También pidió que la Procuraduría establezca con organismos como la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud o entidades competentes, los informes epidemiológicos que indiquen qué riesgos tuvo la ciudad durante los últimos cuatro meses del año 2012, y que con universalidades reconocidas expliquen los riesgos que se hayan presentado sobre la salud humana.
De igual manera pide establecer en qué zonas de la ciudad de Bogotá se presentaron situaciones problemáticas por la falta de recolección de basuras y en concreto los eventos o casos por contaminación ambiental.
La defensa pide a la Procuraduría que realice los testimonios de Manuel Sánchez y de Emilio Tapias, quienes han declarado en el proceso penal que cursa en la Fiscalía general, relacionada con los hechos ocurridos durante el complot de las basuras, lo mismo que los testimonios de quienes fueron trabajadores de empresas privadas de aseo a quienes sus propietarios ordenaron todo tipo de maniobras para esconder los camiones recolectores de basura.
