Las lecciones del caso Drummond: para no repetir
Por José David Name
Senador de la República
El Senador José David Name manifiestó su apoyo irrestricto e incondicional a la medida establecida por el Ministerio del Medio Ambiente de suspender las operaciones de cargue de carbón de la Drummond mediante barcazas.
«Ningún tipo de desarrollo o actividad económica puede comprometer la salud de los colombianos ni su entorno medioambiental» Senador José David Name
La ley no se negocia, se aplica. Así lo dijo el Ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta Medina, al referirse a la decisión del Ministerio del Medio Ambiente de suspender las operaciones de carbón de la Drummond mediante barcazas.
Lo que expresó el distinguido Ministro guajiro fue lo que le solicite al Gobierno Nacional hace mucho tiempo, incluso cuando aún no se había producido el accidente de la barcaza que provoco una reciente multa contra la multinacional por valor superior a los seis mil millones de pesos.
En la Comisión Quinta del Senado de la República lo advertimos como una preocupación permanente y las consecuencias de que los respectivos funcionarios de turno ni la misma empresa no hubiesen puesto el cuidado del caso, hoy saltan a la vista. Se les creció el enano a todas las partes, con lo cual pierden las finanzas nacionales, el medio ambiente, los trabajadores y los empleadores e inversionistas.
Estamos convencidos de que el imperio de la ley no puede darse en ambientes de soberbia ni prepotencias, porque lo que dicen las normas no depende de actos emocionales sino de la obligatoriedad que tenemos ciudadanos, entes jurídicos y establecimientos particulares de acatarlas para facilitar la convivencia pacífica, la equidad y la justicia social en cada uno de los ámbitos en que nos desempeñamos.
Lo del caso de la Drummond con las barcazas y las operaciones de cargue de carbón por el puerto en jurisdicción del municipio de Ciénaga, Magdalena, es una lección para no repetir y un importante precedente para dejar en claro que ningún tipo de desarrollo o actividad económica puede comprometer la salud de los colombianos ni su entorno medioambiental.
Además, es prioritario que la clase empresarial nacional y/o extranjera sepa que la expedición de leyes por parte del Congreso de la República es para proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, sin transigir ante ningún tipo de intereses. En ese orden, no puede haber excusas para no cumplir la ley. Quien tenga un conflicto que le impide cumplir determinadas normas, debe acudir a las instancias respectivas para que se le ayude a la solución pero no colocarlo como escudo para violentar la ley.
La Drummond explicó que le era imposible cumplir con la norma del cargue directo dentro del plazo establecido por la ley para enero de 2014, porque problemas laborales habían alterado el cronograma de las obras respectivas. Me asaltan dudas sobre las acciones que se hicieron para evitarlo.
En este contexto, me parece plausible la posición del Presidente Juan Manuel Santos al hacerse receptivo de la preocupación ciudadana del Magdalena ante los incumplimientos de la Drummond y el daño al ecosistema marino. Me gustó que hubiese ordenado, sin más dilaciones, el traslado de la Ministra de Medio Ambiente a la ciudad de Santa Marta para oficializar la suspensión provisional de la licencia de cargue del mineral por barcazas. Es el ejercicio soberano de la autoridad que requiere el país contra los abusos y las burlas de terceros.
Es lamentable pero inevitable el tema de las pérdidas que asume el país por la drástica determinación. Son cerca de 11.741 millones de pesos diarios que de alguna forma a mediano y largo plazo tendrán que reponerse en el desarrollo de una operación carbonífera más eficiente y más amable con nuestro medio ambiente.
Apoyo irrestricta e incondicionalmente que la medida se mantenga hasta tanto el puerto designado cumpla con las condiciones impuestas por la ley colombiana, en decisión en cabeza del Ministerio de Ambiente, el Mintransporte, Minminas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Superintendencia de Transporte, la Dimar – Capitanía del Puerto y las Corporaciones Autónomas Regionales. La ley es dura, pero es la ley. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a [email protected]
Diario La Libertad
