La Ley Anticontrabando es un instrumento eficaz para preservar empleo formal y perseguir lavado de activos
El Presidente Juan Manuel Santos promulgó ese lunes seis importantes leyes aprobadas por el Congreso de la República en la legislatura que termina, entre ellas la Ley Anticontrabando, de la cual afirmó que es una medida para proteger el empleo y combatir el blanqueo de dinero.
El Jefe de Estado firmó las leyes durante un acto en la Casa de Nariño, en el que expuso la importancia de la Ley Anticontrabando, la de Feminicidio, la de agronomía del caucho, la de honores al doctor José Francisco Socarrás y la ley estatutaria de Participación Democrática.
Sobre la Ley Anticontrabando, sostuvo que es “un instrumento eficaz para preservar el empleo formal y perseguir el lavado de activos, que nos venían pidiendo con insistencia los empresarios e industriales”.
“Estamos luchando contra un fenómeno que destruye cerca de 350 mil empleos y por el cual el país deja de percibir 6 mil millones de dólares al año, equivalentes a 2 puntos del PIB nacional”, precisó.
El Presidente de la República explicó que esta fue una norma “con muchos debates y mucha discusión, que sin duda va a tener grandes beneficios para el país y su economía, y que ataca principalmente a los grandes contrabandistas, a esos que les hacen el trabajo de lavado de activos a los narcotraficantes”.
Indicó que se aumentan las penas y las multas, y se dan más facultades para combatirlos a la Policía Aduanera y a la DIAN.
Se refirió a las protestas motivadas por la Ley Anticontrabando y enfatizó no es una ley contra el pequeño comercio.
“Hay que ser muy claros –y así lo repetimos una y otra vez–: esta ley no es contra los pequeños comerciantes, ni afecta a los que trabajan en la legalidad, como dicen quienes quieren enfrentar al Gobierno con los comerciantes por razones políticas”, declaró.
Añadió que por el contrario, “esta ley los beneficia pues promueve el desarrollo empresarial con herramientas para combatir la competencia desleal a la que están expuestos”.
El Presidente Santos también resaltó la que se conoce como “Ley Rosa Elvira Cely –en recuerdo de esa mujer brutalmente vejada y asesinada hace un tiempo en el Parque Nacional por un psicópata– que consagra el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de los actos violentos contra las mujeres por motivos de género y discriminación”.
Destacó que esta disposición implica un aumento importante de penas para quienes cometan este delito contra las mujeres.
Citó también la ley que reglamenta la medida de aseguramiento de detención preventiva y dijo que el mal uso de esta medida es uno de los problemas más serios de la política carcelaria del país.
Advirtió que en Colombia, uno de cada tres reclusos no ha sido condenado, y pasa meses o años en prisión esperando un juicio –como si no existiera la presunción de inocencia–, y ello ha llevado a que el Estado enfrente demandas por 23 billones de pesos por errores en la aplicación de la detención preventiva.
“Pasará a la historia la frase aquella de que en Colombia a nadie se le niega una medida de detención”, comentó y agregó que ahora estarán presos únicamente quienes deban estarlo.
Otros proyectos ahora convertidos en leyes son la norma que establece nuevas disposiciones sobre la producción de látex natural y fomenta el cultivo del caucho en el país.
Así mismo, la que rinde honores al psiquiatra cesarense, destacado científico y académico, José Francisco Socarrás, y crea el premio al mérito afrocolombiano en la Educación, la Medicina, la Ciencia, la Cultura y la Política, que lleva el nombre del académico.
“Y sancionamos –finalmente– una ley estatutaria de gran importancia, como es la Ley de Participación Democrática”, dijo el Presidente.
Recordó que la Constitución Nacional señala en su artículo primero que el Estado colombiano es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República democrática, participativa y pluralista, y esto ha sido reglamentado mediante diversos mecanismos.
“Sin embargo, han pasado ya más de 20 años, y hemos visto cómo varios de estos mecanismos no han arrancado, o no han podido usarse en su plenitud, porque los requisitos que les puso la ley resultaron tal vez exagerados”, sostuvo.
Lo que hace la ley es actualizar la reglamentación del derecho a la participación democrática.
“¿Y qué buscamos, básicamente? Hacer más prácticos, más sencillos, más realizables, los mecanismos de participación democrática, y reglamentar algunos aspectos que eran confusos”, concluyó el Gobernante.
