Más de $104 mil millones disponibles para el sector carcelario no se ejecutaron: Contraloría
En entrevista al programa institucional de la Contraloría General de la República “Colombia Tiene Control”, que se transmite por el canal Institucional, el jefe de la cartera planteó la necesidad “urgente” de empezar a sustituir los establecimientos carcelarios del país más antiguos, reconstruyendo unos y reemplazando otros con nuevas obras. Además denunció que durante el 2014 se dejaron de ejecutar recursos por más de $105 mil millones de pesos en el sector, pero llama la atención del organismo que hubo un incremento en el gasto.
La CGR ha establecido que la infraestructura carcelaria es vetusta y obsoleta, como lo prueba el hecho de que 20 establecimientos tengan más de 100 años de construidos.
De acuerdo con el organismo de control, se pudo evidenciar “fallas” en la ejecución de los recursos, especialmente los dirigidos a inversión, que están en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entidad que se creó especialmente para ello, debido a las deficiencias que presentaba el INPEC. “La falta de manejo gerencial es evidente”, recalcó Maya Villazón.
Y aclaró que, el crecimiento en los recursos que ha habido en el sistema carcelario, destinados al sector, se explica en gran medida por el incremento en gastos de funcionamiento, “pero hay que ser claros que no es por la entrega de nuevos cupos carcelarios”.
A esto se suma que la construcción de nuevas cárceles pareciera que no es la gran solución y que no se han dado al servicio nuevos pabellones que hoy se construyen en algunas cárceles.
La Contraloría General de la República considera que ante el creciente y preocupante fenómeno del hacinamiento carcelario, es necesaria la implementación del Plan Maestro de Reposición, Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria”, dijo Maya Villazón.
Junto con esto, es importante la asignación y oportuna ejecución de los recursos destinados para la construcción de nuevos cupos carcelarios y las labores de mantenimiento de los existentes, agregó.
Por otra parte, Maya Villazón consideró que no hay lugar para seguir aplazando la puesta en marcha de una política criminal y penitenciaria coherente con los principios internacionales que ha suscrito Colombia sobre la materia, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Dicho Pacto hace énfasis en que los procesados deben estar separados de los condenados, los menores procesados no deben estar junto a los adultos y se les debe llevar a juicio con la mayor celeridad posible, y los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad.
Para Maya Villazón, la política criminal y carcelaria debe contemplar cuatro aspectos esenciales como el uso limitado de la detención preventiva, con la fijación de plazos para el inicio del juicio.
Así mismo, señala que se debe profundizar en las medidas de rehabilitación y reinserción social, para evitar la reincidencia de los detenidos y sobretodo de los condenados.
“Estos factores nos parecen muy importantes y sobretodo es esencial que las instituciones del Estado encargadas del problema penitenciario, fortalezcan la actividad de prevención o disminución de conductas punibles”, resaltó.
En este mismo sentido le procurador señala que el reconocimiento y concesión oportuna de los beneficios a los reclusos, por parte de los jueces de ejecución de penas, de cara a obtener su libertad, deben estar incluidos en una política.
Finamente, señala que, no se deben promulgar leyes que creen nuevos delitos y/o aumenten las penas de manera coyuntural, o lo que se conoce en el argot de los penalistas como “acudir al populismo punitivo”, con el fin de hacer efectiva y duradera, la política criminal y carcelaria, planteada por el jefe del organismo.
