¿Quién responde en el gobierno por el crimen contra niños del Atlántico?
Por José David Name Cardozo
Presidente del Senado
Desde hace varios años se presentan quejas por la mala calidad de los alimentos que se suministran a jóvenes e infantes en los colegios públicos del Atlántico. Pero el asunto no ha pasado a mayores. Todo queda en investigaciones anunciadas, sin responsabilidades de ningún tipo.
Ahora el caso es mucho más grave porque el problema de alimentos contaminados y mal manipulados por los operadores contratados para tales efectos, se amplía a los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, y a los Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Falta por evaluar lo que ocurre con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, que es regulado por el Ministerio de Educación y cuenta con operadores contratados por esta cartera.
La nueva y escandalosa situación que ocurre con la alimentación suministrada a los menores de edad, fue revelada por la Secretaría de Salud del Atlántico el pasado miércoles 8 de junio durante sesión del Consejo de Política Social de la Gobernación.
Los municipios que fueron objeto de evaluación y dieron resultados negativos son Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, Suan, Tubará y Usiacurí, en donde el año pasado y el primer semestre del 2015 se tomaron muestran que arrojaron mal pronóstico en el 80 por ciento de las instituciones evaluadas.
En los 17 municipios se recolectaron 1.386 muestras que indican la presencia de distintas bacterias, entre las cuales se destacan moho, salmonela y coliforme, lo cual indicaría que a niños y a jóvenes los han venido envenenando con toxinas de diversos tipos que dan lugar a enfermedades graves e incluso podrían conducir a la muerte en el peor de los casos.
El anuncio no puede quedarse en la simple apertura de una investigación por parte de la Defensoría del Pueblo ni en la sola queja del Gobernador del Atlántico para que se sigan realizando inspecciones e invitaciones a entidades a que participen del proceso dirigido a mejorar el proceso.
Urge que a futuro recompongamos, sí, es esencial que no se repita ni se mantenga en el tiempo el lamentable episodio que nos ocupa de años atrás. Pero si bien hay que corregir, también es cierto que es indispensable establecer responsabilidades respecto de lo que ocurrió para llegar al estado que puso al descubierto la Secretaría de Salud departamental.
En el ojo del huracán está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que en el caso del Atlántico se encuentra en interinidad desde hace un tiempo largo y ha sido administrado por sectores políticos que se han apartado de la filosofía original de la entidad para beneficiar a sus afectos y a organizaciones comerciales que están en la cadena de suministros de alimentos. El ICBF tiene que responder con claridad a las denuncias que se han hecho, porque no basta que diga que hará un acompañamiento a la Gobernación para optimizar la manipulación de los alimentos.
En el tema del suministro de alimentos se mueven muchos miles de millones de pesos y detrás de esos jugosos presupuestos se esconden mafias regionales que acaban con los recursos y dejan en el limbo el cumplimiento de los nobles y generosos postulados de las políticas que los inspiran, como recientemente dijo el Presidente de la República Juan Manuel Santos, quien ante un respetable auditorio en Bogotá expresó que era necesario darle un “Tatequieto” a esas mafias regionales que se llevan los dineros para beneficio personal.
Necesitamos entonces que ese “Tatequieto” empiece por el Atlántico, con denuncias penales que instauren el señor Gobernador del Atlántico, la señora Directora General del ICBF, y el señor Defensor del Pueblo, entre otros, o que la Fiscalía General de la Nación abra los procesos de oficio mediante las informaciones que han sido divulgadas por los medios de comunicación social.
Comparto lo que dijo EL HERALDO en su editorial del sábado pasado en el sentido de que “este es un tema que amerita la mayor rigurosidad, responsabilidad y control, puesto que está en juego la salud de los niños que reciben estos alimentos. Ellos tienen derecho a la seguridad alimentaria, y el propósito de los programas de asistencia alimentaria es, justamente, ayudar a garantizársela y contribuir a su adecuada formación y desarrollo”.
Habrá que revisar la salud de los millares de niños que se supone han sido “envenenados” con estos alimentos llenos de bacterias, pero también hay que establecer las responsabilidades penales y administrativas del caso e ir al fondo de lo que existe detrás de operadores de alimentos irresponsables. A la pregunta de quién responde en el gobierno nacional, departamental y local por el crimen alimentario contra los niños y jóvenes del Atlántico, hay que tener explicaciones inmediatas. Por favor visite www.josename.com o escríbame a [email protected]
