Procuraduría impugnó fallo que suspendió destitución de Petro
Ante la Secretaría del Consejo de Estado fue radicada la impugnación al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió la destitución e inhabilidad impuesta por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Son siete los argumentos con los que el Ministerio Público pretende revertir lo dicho por el Tribunal, sin embargo se destaca uno de ellos en el cual se advierte que la sanción no se puede suspender pues fue un agente oficioso quien radicó la tutela que favoreció al mandatario distrital.
Hay que decir que el Consejo de Estado tiene 20 días para fallar la impugnación.
Además de esto, el órgano de control ya anunció que en los próximos días apelará el fallo que profirió el Consejo Seccional de la Judicatura en el que unificó las más de 300 tutelas radicadas a favor de alcalde Petro.
Viajaron a Washington a pedir a la CIDH que no adopte medidas en favor de Petro
Un grupo de presión viajó este martes a Washington, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitarle a este organismo que no adopte medidas cautelares que frenen la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dictada el pasado 9 de diciembre por la Procuraduría.
Este grupo está compuesto por el exalcalde bogotano Jaime Castro, el exalto comisionado de Paz Víctor G. Ricardo, el excongresista Mario González, el empresario Juan Esteban Orrego y Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que patrocina el viaje.
La delegación tiene previsto reunirse mañana con funcionarios de la CIDH, organismo al que ya acudió la defensa de Petro, para presentarle una serie de argumentos contrarios a los del alcalde bogotano y evitar así que se dicten medidas cautelares.
Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años por el procurador general, Alejandro Ordóñez, por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras en diciembre de 2012, pero la sentencia aún no se ha hecho efectiva.
La CIDH aún tiene un papel importante en el contencioso ya que de dictar medidas en favor del alcalde sería el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien debería decantarse por la legislación interna o la internacional para tomar la decisión de destituir o no al alcalde.
Este grupo de presión argumenta que «es necesario haber agotado los recursos e instancias y acciones que reconozca la legislación interna de los Estados miembros de la Comisión, en este caso Colombia», según señaló Jaime Castro a Caracol Radio.
Castro, quien estuvo al frente de la Alcaldía bogotana entre 1992 y 1994 agregó que la sentencia de la Procuraduría no pone a Petro en riesgo ni es una «amenaza de un daño irreparable para sus derechos políticos, y tampoco los de los ciudadanos que votaron por él», uno de los condicionantes que contempla la CIDH para expedir medidas.
Además, argumentan que la espera en la resolución del caso le está haciendo daño al país.
