Como en Fuenteovejuna, todos a una le cayeron al Presidente Santos por lo del Congresito. En especial los Congresistas. Y tienen toda la razón. Porque les huele a revocatoria, así sea de funciones mas no de sus investiduras. Y es que nunca se sabe.  En el proceso de convocatoria de la Constituyente del 91, se dejó por escrito que el cuerpo soberano no podía mencionar siquiera el tema de la revocatoria del Congreso y sin embargo ¡ cataplum !, nos sacaron a sombrerazos a quienes en esos momentos ostentábamos la representación nacida del pueblo. Y como en ese entonces no existía la norma de que el estado pagaba por los votos que se obtuvieran, algunos que nos gastamos los ahorritos de toda la vida no pudimos aspirar a regresar al parlamento. Salieron los de siempre, con su poder y su dinero. Y todo pasó sin que pasara nada y la clase política dominante siguió en la cumbre con sus desviaciones y pecados. Recordar esto es llover sobre mojado; solo son lamentaciones ante los muros de la democracia.

Si se da lo de La Habana, su  «implementación» tiene que contar con la participación de la guerrilla. Se trata del resultado de un entendimiento y no de una entrega, no de un sometimiento ni del reconocimiento de una derrota por parte de Timochenko y sus muchachos, lo que hay que repetir hasta el cansancio para que los contradictores del proceso, en especial  los uribistas, se bajen de esa nube. El ejército, nuestro glorioso ejército nacional , el mejor equipado de latinoamérica, no fue capaz de derrotar la subversión , ni siquiera en los beatíficos y exitosos ocho años de la Presidencia del Doctor Alvaro Uribe Vélez. Esta es la verdad monda y lironda. A la que no se le deberia buscar luces y sombras, a esta alturas del proceso, para atravesarle árboles caídos al camino de la terminación de la guerra. La «implementación » consiste en enmarcar en leyes las reformas que se pacten.  Y ¿ quien las debe hacer ?. Pues el Congreso. Lo que hay que buscar es que allí lleguen, en una determinación que debe ser radicalmente política y acorde con el supuesto espíritu del pos conflicto, quienes sean señalados por la guerrilla como sus representantes, en un número tal que se garantice su  participación en las decisiones. Habrá que establecer netas diferencias entre lo jurídico y lo político, a la colombiana, con pragmatismo y con la única mira de que  pare el fuego fratricida y se reemplace por la lucha ideológica bajo el silencio de las armas.

¿ Que el gobierno debe cumplir con su promesa de buscar un mecanismo expedito para que sea la mayoría del el pueblo colombiano quien bendiga  o nó  lo acordado por los compromisarios de la guerrilla y el Estado ? Clarísimo. Para eso  la Academia, los profesores de derecho Constitucional, los políticos que sepan leer y escribir, incluso los opinadores de la prensa que ídem, los asesores carísimos de De la Calle y Márquez, y las decenas de juristas que hay detrás de la Mesa, o debajo, o a un lado, serían los llamados para que se devanen los sesos en la búsqueda de la receta mágica que permita que lo que se deba hacer se haga  y nos  impida continuar en un conflicto que nos ha costado, para vergüenza nuestra, cerca de doscientos mil muertos y unos siete millones de desplazados,