Líderes sociales reiteran denuncias sobre grave hacinamiento carcelario
Líderes sociales del país calificaron de alarmante el hacinamiento carcelario registrado en ocho penales de la región Caribe, donde cumplen condenas cinco 1.571 reclusos que duermen en los pasillos o en colchonetas en el piso. Lo peor son las pésimas condiciones sanitarias predominantes, que propician la aparición de ratas y plagas generadoras de enfermedades.
Según datos oficiales, la capacidad de las ocho cárceles de la región Caribe (el área marítima y continental más septentrional del país) es de tres mil 13 internos, pero en la actualidad permanecen en las prisiones ocho mil 764.
La dirigente cívica Ingrid Sánchez, del barrio Rebolo, en la ciudad de Barranquilla, afirmó que su sobrino Jesús Uribe, de 29 años, murió hace seis meses a causa de la tuberculosis contraída en la penitenciaría El Bosque.
Allí estuvo detenido tres años por lesiones a personas sin que los jueces le definieran su situación jurídica.
La situación más grave se registra en las cárceles de Valledupar, Santa Marta y Riohacha.
El hacinamiento en el penal Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta, precisan los informes, es superior al 300 por ciento, ya que su capacidad real es de 337 internos y la cifra de estos asciende a mil 257.
Por su parte, la Fundación Población Carcelaria de Colombia anunció que prepara una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que el Estado cumpla con garantizar las condiciones que preserven la dignidad humana de las personas privadas de libertad.
El presidente de la Fundación y experto en seguridad y defensa nacional, José Wilmer Sánchez, explicó que acudirán a la justicia internacional después de agotar todos los recursos ante la colombiana.
El reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ratificado por el Consejo de Estado, no ordenó las acciones suficientes para solucionar la crisis carcelaria, adujo.
Sánchez agregó que en las cárceles tampoco existen alternativas para resocializar a los prisioneros, como lo exige la ley.
Mientras, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, pidió al Gobierno decretar la emergencia social para que el Estado pueda disponer de herramientas con que enfrentar la crisis.
