“Es una afirmación y un acto que agrede y agravia a las víctimas y que abofetea la dignidad nacional. Es un acto auténticamente antipatriótico”, afirmó Ordoñez Maldonado al referirse a la intervención de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba Ruiz en el denominado ‘Foro Internacional de Derechos Humanos en la Frontera’, realizado recientemente en Venezuela.

Allí, la destituida excongresista minimizó las violaciones a los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro en contra de nuestros compatriotas en zona de frontera y aseguró que Colombia no puede “seguir exportando pobreza y la multinacional paramilitar”.

“La Procuraduría y varias entidades públicas hemos estado presentes en la frontera, ya sea en Cúcuta o en Paraguachón, y hemos logrado evidenciar las masivas deportaciones, las masivas migraciones de colombianos atemorizados por la política sistemática del Gobierno venezolano en contra de sus más elementales derechos y en contra de su dignidad”, manifestó el procurador.

De otro lado, preguntado por periodistas sobre los pronunciamientos del presidente de la Corte Leonidas Bustos y del Fiscal Eduardo Montealegre sobre la conexidad del narcotráfico y del secuestro con el delito político siempre y cuando haya sido cometido por los cabecillas de las Far, el procurador Ordoñez Maldonado recordó la jurisprudencia nacional e internacional en la materia.

“Debo reiterar la posición de la Procuraduría y de los jueces constitucionales: Los miembros de las Farc que sean máximos responsables de delitos de lesa humanidad no pueden beneficiarse de amnistías o de indultos. Ellos no pueden participar en la actividad política por expresas decisiones de la Corte Constitucional. Respecto a los crímenes de guerra y a las graves violaciones a los Derechos Humanos, no podrán ser conexos al delito político aquellos delitos que carezcan de altruismo y de idealismo. El narcotráfico nada tiene que ver con ello, más bien el narcotráfico es conexo a los delitos de lesa humanidad”, expresó.

Finalmente, el procurador general de la Nación advirtió que reconocer su condición de victimarios, entregar las armas y reparar a sus cientos de miles de víctimas, no son aportes de los integrantes de las Farc al proceso de paz sino “requisitos indispensables para ser beneficiarios de la justicia internacional”.