El excongresista Yahír Acuña fue dejado en libertad, después de que fuera aprehendido preventivamente por las autoridades quienes, en medio de los controles policiales para garantizar la transparencia en las elecciones, lo encontraron con más de 300 millones de pesos en su posesión, a dos días de las elecciones regionales y departamentales. Esto teniendo en cuenta que la esposa de Acuña, Milene Jaraba, es la más firme candidata a dirigir los destinos de Sucre.

Según manifestaron las autoridades en un comunicado, en el puesto de control se revisó el “vehículo de Acuña y encontraron una suma considerable de dinero, que fue aprehendida y puesta a disposición de laFiscalía General de la Nación, que a esta hora adelanta el conteo. Por su parte, el señor Acuña, firmó el acta como propietario de ese dinero, y deberá explicar ante la Fiscalía el origen y destinación de esa cantidad de efectivo”.

El comandante de la Policía en Sucre, coronel óscar López Ortíz, explicó que Acuña no quedó detenido pues el caso no arrojaba pruebas que ameritaran privarle de la libertad, no obstante el dinero sigue a disposición de la Fiscalía mientras el excongresista explica su procedencia.

Los hechos se dan unas horas después de que fuera denunciada en Sucre una campaña de confusión con miras al proceso electoral del próximo domingo. Esto después de que la Policía Nacional se incautara este viernes propaganda política representada en gorras, camisetas y hasta hojas volantes que darían cuenta de la alianza política de algunos aspirantes a las alcaldías de Tolú, Toluviejo, San Benito, Coveñas, Los Palmitos y Sincelejo con la candidata Milene Jaraba, de Opción Ciudadana. Según El Heraldo, los propios candidatos han desmentido haber cerrado cualquier alianza de última hora con la candidata a la gobernación.

No es la primera vez que el excongresista está sumido en una polémica, laFundación Paz y Reconciliación, Pares, que dirige León Valencia, lo ha señalado por haber recibido, presuntamente a partir de 2010, financiación del narcotráfico.

Además enfrenta un total de 13 investigaciones disciplinarias y penales: seis ante el Consejo de Estado por pérdida de investidura, al no cumplir los requisitos para posesionarse en su curul, seis procesos de indagación preliminar y un proceso formal ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con paramilitares, entre 2003 y 2005.