Eln ratifica que liberará a soldados secuestrados, pero afirma que depende del gobierno que regresen con vida
Esta foto fue publicada por el Eln como prueba de supervivencia
El grupo guerrillero Eln anunció este lunes que entregó pruebas de supervivencia de los dos soldados secuestrados en la masacre de Guicán, Boyacá y al mismo tiempo afirmó que ratifica su voluntad de liberarlos, pero advirtió que depende del gobierno nacional que los uniformados “regresen con vida”, garantizando la seguridad y condiciones de entrega a una comisión humanitaria.
En un comunicado fechado en las montañas de Colombia, los cabecillas del Eln también ratifican “que los dos soldados están sanos y salvos” bajo su “custodia” y agregan: “nos esforzamos por protegerlos, a pesar de las amenazas y los fuertes operativos militares que tienen la orden de rescatarlos a sangre y fuego, según la directriz del presidente Santos, el ministro de defensa y su cúpula militar, que no les interesa la vida de los soldados”.
Luego se refieren a los once soldados y al policía que masacraron en la emboscada del pasado 26 de octubre en Guicán y dicen que se ha querido minimizar “este éxito guerrillero” y citan el dictamen de medicina legal que estableció que “los soldados murieron con tiros a distancia y no de gracia ni tenían bombas en los cuerpos ni señales de tortura”.
Según afirman “esta acción está dentro del accionar militar legítimo y no viola los Derechos Humanos porque no se ataca a civiles, se atacó a una patrulla militar de soldados armados y en campaña”. Además señalan que “se evidenció otra injuria del gobierno al decir que atacamos a una delegación de la Registraduría”.
Igualmente subrayan que su “accionar no atenta ni se contradice con los anhelos de paz y lo que hemos planteado al presidente Santos es la necesidad de pactar el cese bilateral al fuego, pero la repuesta ha sido negativa”.
El comunicado concluye señalando: El Eln llama al presidente Juan Manuel Santos a la sensatez, para que cambie su política de agresión indiscriminada contra la población civil, como la ocurrida el 6 de noviembre, en el departamento de Arauca, en el municipio de Saravena, donde concentraron toda la comunidad de la vereda de San Joaquín Bajo, incluyendo las mujeres, los ancianos y niños y en helicópteros se los llevaron secuestrados para las instalaciones del batallón Reveís Pizarro, ésta sí es una acción terrorista y violatoria de los Derechos Humanos.
