Senado colombiano aprobó uso medicinal de la marihuana
El proyecto que legaliza en Colombia el uso medicinal de la marihuana, fue aprobado por la plenaria del Senado y ahora hará tránsito a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para continuar su proceso para convertirse en ley de la república.
El autor de la iniciativa, el senador Juan Manuel Galán, dijo que la decisión de la corporación constituye un avance significativo para combatir a los carteles de la droga.
La plenaria del Senado aprobó por 46 votos a favor y 6 en contra el proyecto que legaliza la mariguana con fines terapéuticos, el cual, de acuerdo con un reciente estudio público-privado, fue apoyado por el 70 por ciento de los ciudadanos.
“Es un paso fundamental para la atención medicinalmente de personas que poseen hoy enfermedades crónicas y con fuertes dolores, que los incapacitan para vivir”, señaló Galán.
Advirtió que de ahora adelante el debate se centrará en la forma como los pacientes puedan acceder a este aporte de orden terapéutico, de manera similar como se ha adelantado en Estados Unidos -en varios puntos de su territorio-.
El congresista destacó que con la iniciativa más de 3 millones de personas podrán mejorar su calidad de vida, que poseen enfermedades de todo tipo.
“La idea, es aprovechar la institucionalidad del país, para que el régimen de licencias se ejecute de manera trasparentes y para fines estrictamente médicos”, subrayó
A través de las licencias –el proyecto de ley- contempla alimentar un fondo, para la prevención de sustancias psicoactivas. “Hoy, los Colegios en Colombia no tienen recursos económicos para hacer prevención. Para formar docentes. Gracias a estas tarifas se generaran recursos”.
A propósito de la determinación del Senado, el Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado, señaló que no existe ninguna incompatibilidad entre el Proyecto de Ley que busca dar vía libre al uso de la marihuana medicinal y el decreto presentado por los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud que busca legalizar los productos medicinales derivados del cannabis.
“El decreto reglamentario que expedimos tenía limitaciones fundamentalmente en tres aspectos: la arquitectura institucional, los impuestos y el régimen sancionatorio -que no se podían modificar vía decreto-. Esos temas estaban vedados para nosotros, pero ahora se pueden abordar en este proyecto”, explicó el jefe de la cartera de Justicia.
El alto funcionario indicó que es necesaria una normativa con fuerza de ley que pueda reglamentar todos los vacíos que quedan luego de la firma del decreto, y agregó que la iniciativa legislativa presentada por Juan Manuel Galán aborda estos tres asuntos, corrige la arquitectura institucional y unifica en una sola instancia la expedición de las licencias para la producción de los productos medicinales derivados del cannabis.
El Ministro señaló que el Gobierno acompañó al senador Galán en la redacción de este proyecto y subrayó que este “no va en contravía del decreto, es un paso más en la dirección correcta”.
Reiteró que el Gobierno no ve ninguna incompatibilidad entre el decreto expedido y el Proyecto de Ley. “Por el contrario, amplía mucho más el campo de acción”, puntualizó.
De todas maneras, el ministro Reyes reiteró que en Colombia “cultivar marihuana es y seguirá siendo una actividad ilícita, castigada por la legislación penal”.
El senador Juan Manuel Galán escribió el siguiente artículo sobre los alcances del proyecto de ley, bajo el titulo “Cannabis medicinal, evidencia científica e institucionalidad”
El proyecto de ley que busca regular la producción de cannabis medicinal en Colombia, tiene opositores.
El Centro Democrático es uno de ellos. Su argumento es la carencia de evidencia científica que permita al Congreso de la República decidir sobre el uso medicinal del cannabis. Este alegato, ignora de tajo la institucionalidad colombiana facultada para garantizar la seguridad y la eficacia de medicamentos en el país, y atribuye a los congresistas facultades para las que ni fuimos elegidos, ni estamos capacitados. Me refiero a la evaluación de la evidencia científica que respalda un nuevo medicamento.
En Colombia, es la Comisión Revisora del INVIMA, la que define si hay o no evidencia científica suficiente para un nuevo medicamento. Son ellos los que por su perfil y entrenamiento, deben garantizar a todos los colombianos la calidad de los medicamentos que pueden encontrarse en el mercado.
Pregunto al Centro Democrático si considera que los miembros de su bancada tienen una preparación más específica o precisa, para decidir sobre la seguridad y eficacia de un medicamento? Esto, teniendo en cuenta que en ninguna parte del mundo se abordan este tipo de discusiones a través de partidos políticos o de algún parlamento pues aquellas, son cuestiones que se delegan a las agencias sanitarias creadas por Ley.
Un ejemplo lo refiere la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) sobre el Tapentadol; un analgésico para el tratamiento del dolor, elaborado por Grünenthal. En los documentos de la FDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), queda comprobada la efectividad y el riesgo de adicción. Por esa razón, en Colombia, aunque la Comisión Revisora avaló el medicamento y el INVIMA otorgó registro sanitario, el Ministerio de Salud determinó que en virtud de su riesgo de abuso y de crear adicción debía clasificarse como medicamento de control especial, bajo estricta fiscalización del Fondo Nacional de Estupefacientes.
Este ejemplo me hace volver a mi pregunta inicial: ¿Acaso hay alguna justificación para que en el caso del cannabis se abandone la institucionalidad y normatividad del país en materia sanitaria, y se creen nuevos regímenes de fiscalización de usos médicos de las drogas? No hay acaso sustancias muchos más riesgosas y adictivas que el cannabis que actualmente se comercializan en el país, sin la mitad de restricciones que esta tendría? Las preguntas quedan sujetas al debate, que esperamos dar esta semana.
