Gobierno abandonó la audiencia en la CIDH en donde se discute caso Petro
_Los representantes del Estado colombiano abandonaron este lunes una audiencia en la CIDH sobre los derechos políticos en Colombia, debido a preocupaciones relacionadas con la decisión del organismo de entrar a valorar a fondo el caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El Estado colombiano abandonó este lunes la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se discute el caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
La audiencia debía versar de manera general sobre el marco jurídico y las prácticas en Colombia para restringir derechos políticos, pero la delegación colombiana señaló que su intervención habría afectado la defensa del Estado en el caso contra Petro, actualmente en proceso ante la CIDH.
Según Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, “las consideraciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en este escenario pueden tener incidencia directa” en el caso del alcalde.
La Procuraduría colombiana ordenó en diciembre la destitución e inhabilitación política de Petro por 15 años, tras acusarlo de irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura.
Petro denunció su caso ante la CIDH, que dictó la semana pasada medidas cautelares en su favor. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos siguió adelante con la destitución y designó un ministro como alcalde interino de Bogotá.
“El Estado se reserva el derecho a presentar sus argumentos y sus posiciones en el marco de las etapas y las instancias procesales previstas” en el sistema de la CIDH, añadió Guillén ante el organismo.
Seguidamente, ella y el resto de la delegación del Estado colombiano se retiraron de la sala.
“Lamentamos mucho que no nos escuchen y no nos hayan permitido responderles”, replicó Carlos Rodríguez, de la asociación de defensa de los derechos humanos Minga.
En su cuenta de Twitter, Petro denunció el retiro de la delegación del gobierno como una “confesión de arbitrariedad”.
El Estado colombiano había solicitado cancelar la sesión de este lunes, pero la CIDH la mantuvo en pie.
Sin mencionar el caso de Petro, los peticionarios denunciaron el marco jurídico colombiano, en especial las atribuciones de la Procuraduría.
“Hay un régimen legal que evidentemente va en contravía de las oportunidades para el ejercicio de los derechos políticos”, dijo Rodríguez.
Esa “falencia constitucional rompe el sistema de pesos y contrapesos”, advirtió Liliana Ávila, de la organización Comisión de Justicia y Paz.
El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González, reveló que el viernes, después de que Santos rechazara la petición de medidas cautelares de la CIDH para Petro, el Gobierno colombiano pidió a la Comisión cancelar la audiencia del lunes, algo que el organismo rechazó al alegar que se trataba de un debate general, y no específico sobre ningún caso.
En consecuencia, el Gobierno colombiano decidió no dar respuesta a las denuncias sobre derechos políticos en la audiencia debido a «la apertura de una petición que en su momento realizara el señor Gustavo Petro», según explicó Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano.
«Consideramos que la eventualidad de las condiciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en esta audiencia puedan tener incidencia en el caso» que la Comisión ha iniciado sobre Petro, indicó Guillén antes de levantarse junto a González y el resto de representantes de Colombia y abandonar la sala.
Tracy Robinson y Felipe González, dos de los siete comisionados que integran la CIDH, lamentaron la decisión del Estado e insistieron en que la audiencia no buscaba centrarse en el caso Petro, que no fue mencionado específicamente por ninguna de las organizaciones peticionarias durante la sesión.
«Es absolutamente normal que la Comisión reciba información del tipo que consideraremos hoy», explicó Robinson.
González, por su parte, indicó al término de la audiencia que se había demostrado «que se podía analizar el problema en términos estrictamente jurídicos» y que «en ningún caso se ha hecho tratamiento en forma encubierta de un caso».
Entre los peticionarios de la audiencia estuvo uno de los abogados de Petro, Rafael Barrios, quien no intervino en la sesión pero dijo a los periodistas que en ningún caso se trató de centrar la sesión en el caso de su cliente, «y menos de forma encubierta».
Preguntado si, después del rechazo de las medidas cautelares, espera que la CIDH solicite medidas provisionales para Petro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Barrios indicó que quiere que la Comisión «tome esa decisión sin ningún apremio por parte ni de las víctimas ni de los representantes» del alcalde.
También acudió el congresista Iván Cepeda, que ha pedido asimismo medidas cautelares a la CIDH a raíz de dos investigaciones abiertas en la Procuraduría General (Ministerio Público) por una supuesta extralimitación en sus funciones.
Cepeda tachó de «muy lamentable» que el Gobierno colombiano se ausentara de la audiencia, en la que, a su juicio, «se demostró claramente cómo el rol del procurador» general, Alejandro Ordóñez, está «reñido con la Convención Americana» de Derechos Humanos.
Respecto a la posibilidad de su propia destitución, Cepeda comentó a los periodistas su temor a que «después de ese desacato del Gobierno el procurador crea que tiene carta blanca para proceder contra cualquiera sin que el Sistema Interamericano medie».
En la audiencia, Carlos Rodríguez Mejía, de la Asociación Minga, indicó que la capacidad que posee el Procurador para destituir a funcionarios elegidos popularmente por la vía administrativa y no judicial «es como si un ministro pudiera detener a una persona».
Según Rodríguez Mejía, eso es incompatible con la Constitución colombiana y la Convención Americana.
En ese sentido, los peticionarios solicitaron a la CIDH que inste a Colombia a «adelantar una reforma legislativa que fije reglas estrictas para el respeto de los derechos políticos de las personas elegidas popularmente».
Pese a que los miembros de la CIDH no suelen posicionarse durante las audiencias públicas, el comisionado Paulo Vannuchi coincidió con los peticionarios en que es «muy clara la necesidad de un remedio constitucional» a esa potestad del procurador.
«Es algo impactante lo que se ha resumido, la posibilidad incluso con referencias constitucionales, de que un Procurador General de la nación pueda destituir a un mandatario elegido por voto popular sin un debido proceso judicial», señaló Vannuchi.
