El gobierno colombiano y las FARC logran histórico acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado

 LA HABANA, 15 de diciembre_ RAM_ El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han anunciado el acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado en el país sudamericano, uno de los puntos más complejos del proceso de paz que se desarrolla en Cuba, y que representa un paso decisivo hacia la firma de la paz.

A las 9:30 de la mañana hora colombiana las delegaciones de los negociadores del gobierno colombiano y las Farc acudieron a la histórica cita para anunciar este martes, el acuerdo alcanzado en materia de víctimas, con el cual lograron avanzar en uno de los aspectos más decisivos de los diálogos iniciados hace tres años y medio en La Habana, Cuba.

En concreto la propuesta busca satisfacer las reivindicaciones de quienes han sido afectados por el conflicto, haciendo énfasis en la verdad y los derechos humanos de las víctimas. Así lo señala textualmente el acuerdo que también resalta el alivio que resaltan las medidas de desescalamiento acordadas en la mesa de conversaciones.

El anuncio sobre el acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia se realizó en La Habana en una ceremonia solemne en la que participó una delegación de 10 víctimas en representación de los afectados por el conflicto.

Esas diez víctimas, que llegaron este lunes a La Habana, son el general Luis Herlindo Mendieta, la exsenadora Piedad Córdoba, Jineth Bedoya, Alan Jara, Luz Marina Bernal, Yaneth Bautista, María Soledad Garzón, Wilfredo Landa, Alfonso Mora y Licinia Collazos.

El acto fue protagonizado por los jefes negociadores de ambas partes, Humberto de la Calle por parte del Gobierno colombiano y Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez) por las FARC. Ambos firmaron un documento que concluye el debate del quinto punto de la agenda, de un total de seis, y que incluye verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El documento que también fue suscrito por los representantes de los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y de los Estados acompañantes, Chile y Venezuela.

El acuerdo firmado quedará bajo custodia de los garantes de Cuba y Noruega.

Este es el texto completo de lo que se acordó entre el Gobierno y las Farc:

Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos.

Resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En tal sentido en la Mesa de Conversaciones de La Habana, hemos discutido y llegado a acuerdos sobre el punto 5 de la Agenda “Víctimas” que incluye los subpuntos: 1. Derechos humanos de las víctimas y 2. Verdad, tratando de dar contenidos que satisfagan las reivindicaciones de quienes han sido afectados por la larga confrontación respecto a cuya solución política hoy, mediante estos nuevos consensos  e importantes medidas y acuerdos de desescalamiento, hemos dado  un paso fundamental de avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, considerando la integralidad que debe caracterizar el desarrollo de los numerales comprendidos en el punto Víctimas, iniciaron sus análisis asumiendo la  “Declaración de principios” del  7 de junio de 2014, que sería la base sobre la que se discutiría la temática respecto a la cual llegamos a acuerdos centrales sobre: 1. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición  y 2. Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos.

Dentro de estos compromisos se incluyen trascendentales acuerdos como la creación de la  Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas específicas de reparación. Todos estos componentes se han articulado dentro de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, al que se vinculan también medidas de no repetición, precisando que sobre este último tema, aparte de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del Acuerdo Final se implementarán medidas adicionales que se acordarán en el marco del  Punto 3 – “Fin del Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General.

Durante el desarrollo de los debates del punto 5 “Víctimas”, se puso en marcha la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la cual arrojó importantes conclusiones de contenido diverso y plural en lo que concierne a los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población,  todo lo cual se ha considerado como insumo fundamental para el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Otras medidas de primer orden tomadas en el marco de las discusiones del punto  5 “Víctimas” han sido: la firma de medidas y protocolos para adelantar los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar  (MUSE), o restos explosivos de guerra (REG); medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto.

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El conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, y Rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras formas menos visibles pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicológicas, o la simple convivencia con el miedo.

En reconocimiento de esta tragedia nacional, desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo; y que la agenda para la terminación del conflicto debería incluir un punto sobre las víctimas, como quedó consignado en el Acuerdo General del 26 de agosto de 2012.

Por esa misma razón, antes de abordar este punto de la Agenda, acordamos la mencionada “Declaración de principios” que refleja ese compromiso con las víctimas y ha servido de brújula de las conversaciones para asegurar que la satisfacción integral de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, esté en el centro del acuerdo.

De manera paralela, ampliamos los mecanismos de participación. Más de 3.000 víctimas participaron en cuatro foros en Colombia organizados por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, y sesenta víctimas viajaron a La Habana para dar sus testimonios directos a la Mesa de Conversaciones y ofrecer sus recomendaciones, con el apoyo de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Sin contar las más de 17 mil propuestas, que por diferentes medios, enviaron las víctimas y demás ciudadanos a la Mesa de Conversaciones. Además 18 organizaciones colombianas de mujeres y 10 expertas en violencia sexual fueron oídas por la Mesa de Conversaciones en pleno. Todas las propuestas que recibimos de las víctimas fueron fundamentales para el logro de los acuerdos.

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

En cumplimiento de nuestro compromiso de poner a las víctimas en el centro del Acuerdo y en respuesta a sus testimonios, propuestas y expectativas, que oímos de viva voz, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos crear el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,  y por esa misma razón hemos tomado las medidas descritas anteriormente.

El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir Verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario;  del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en cuenta además los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que se contempla que “deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”.

El fin del conflicto debe contribuir a garantizar que cesen las violaciones e infracciones, y es también una oportunidad para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas. La terminación definitiva de las hostilidades brinda condiciones para que las víctimas se expresen sin miedo y reciban el reconocimiento que les corresponde; una oportunidad para que todos a quienes les quepa responsabilidad por violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH hagan el correspondiente reconocimiento; y en consecuencia, una oportunidad para aplicar con mayor efectividad medidas que garanticen la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

La experiencia internacional demuestra que la efectividad de estas medidas es mayor si se aplican de manera articulada y complementaria. Por eso el Sistema pretende ser integral, para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto. La integralidad del Sistema contribuye también al esclarecimiento de la verdad del conflicto y la construcción de la memoria histórica.

Entendemos que una respuesta amplia y genuina a los derechos de las víctimas –en el marco de la implementación de todos los demás acuerdos, que también garantizan derechos– es la base de la justicia.

Para cumplir con este propósito y avanzar en la lucha contra la impunidad, el Sistema Integral combina  mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en los términos que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

Adicionalmente se crearán, por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismos judiciales tales como una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y sus redes de apoyo, referidas en el punto 3.4. de la Agenda del Acuerdo General.

El Sistema Integral tiene un enfoque diferencial y de género, que se ajusta y responde a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada población, y en especial a las necesidades de las mujeres y de los niños y las niñas.

El Sistema Integral hace especial énfasis en medidas restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia no solo con sanciones retributivas.

El Sistema debe también garantizar a la vez la seguridad jurídica de quienes se acojan a las medidas de justicia, como elemento esencial de la transición a la paz.

El éxito del Sistema Integral depende también de que encuentre la más amplia aceptación en la sociedad.

Por último, la integralidad del Sistema contribuye a sentar las bases para la recuperación de la confianza, para la convivencia en un escenario de construcción de paz, y para una verdadera reconciliación entre todos y todas los colombianos y las colombianas.

Objetivos:

En resumen, las diferentes medidas y mecanismos del Sistema Integral deben contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:

• Satisfacción de los derechos de las víctimas, mediante la combinación de mecanismos de carácter judicial y extra-judicial.

• Rendición de cuentas, mediante el establecimiento de responsabilidades, todos los participantes en el conflicto, de forma directa o indirecta, combatientes o no combatientes, deberán asumir su responsabilidad por las graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

• No repetición, mediante la aplicación de todas las medidas del Sistema –y de otras que serán acordadas en el Punto 3 de la Agenda– para impedir la revictimización y la repetición, alentar el rechazo de la sociedad a la guerra y sus efectos, afianzar la terminación del conflicto, e impedir el surgimiento de nuevas formas de violencia.

• Enfoque territorial, diferencial y de género, mediante el tratamiento diferenciado de territorios y poblaciones, en especial de las víctimas mujeres, de los niños y las niñas, y de las poblaciones y a los colectivos más humildes y más vulnerables, y por tanto más afectadas por el conflicto.

• Seguridad jurídica, mediante el cumplimiento de las condiciones del Sistema Integral y en especial de la Jurisdicción Especial para la Paz, con las garantías necesarias del debido proceso.

• Convivencia y reconciliación, mediante la construcción de confianza en el otro a partir de las transformaciones positivas que en el seno de la sociedad generen los acuerdos de paz, en especial mediante el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de la necesidad de aprovechar esta oportunidad para construir un mejor futuro sobre la base de la justicia social, el respeto y la tolerancia.

• Legitimidad, respondiendo a las expectativas de las víctimas, de la sociedad en general, y a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado colombiano, incluyendo el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final.

Componentes:

El Sistema Integral estará compuesto por los siguientes cinco mecanismos y medidas:

• Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: Será un órgano temporal y de carácter extra-judicial, que busca conocer la Verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto; promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición.

• Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado: Será una unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos. Las actividades de la Unidad no podrán ni sustituir ni impedir las investigaciones judiciales a que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado.

• Jurisdicción Especial para la Paz: El 23 de septiembre anunciamos que habíamos logrado un acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy damos a conocer a la opinión pública el texto completo de ese acuerdo.

La Jurisdicción Especial para la Paz ejercerá funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia.

Los objetivos de esta Jurisdicción son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participan de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, y deberá hacer énfasis en el fin de la impunidad.

La Jurisdicción estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Todas las actuaciones en el componente de justicia, de conformidad con las reglas aplicables a la Jurisdicción Especial para la Paz, respetarán los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia, y la independencia e imparcialidad de los magistrados de las Salas y secciones así como de los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación. Todas las decisiones judiciales sobre las responsabilidades y sanciones de personas serán debidamente motivadas y fundamentadas en pruebas confiables y admisibles ante tribunales de justicia.

La Jurisdicción Especial incluye un capítulo específico sobre los contenidos, alcances y límites de la concesión de amnistías e indultos, indicando entre otros aspectos que “A la finalización de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano puede otorgar la amnistía “más amplia posible. No serán objeto de amnistía ni indulto ni beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, entre otros graves crímenes y violaciones a los derechos humanos.

• Medidas de reparación integral para la construcción de la paz: Se trata de medidas que buscan asegurar la reparación integral de las víctimas, incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición; y la reparación colectiva de los territorios, las poblaciones y los colectivos más afectados por el conflicto y más vulnerables, en el marco de la implementación de los demás acuerdos. Con este fin, se fortalecerán los mecanismos existentes, se adoptarán nuevas medidas, y se promoverá el compromiso de todos con la reparación del daño causado.

• Garantías de No Repetición: Las garantías de no repetición son el resultado, por una parte, de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del Acuerdo Final; y por la otra, de la implementación de medidas de no repetición que se acuerden en el marco del Punto 3 – “Fin del Conflicto”.

Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de Verdad y responsabilidades. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Ningún mecanismo del Sistema primará sobre otro. Cada mecanismo deberá cumplir su función principal de la manera más ágil posible y sin duplicar aquellas de los otros mecanismos, para lo cual se establecerán los protocolos de colaboración necesarios.

Por último,  agradecemos a las víctimas por su participación decidida, sus testimonios generosos y sus propuestas, sin las cuales no hubiera sido posible construir este Acuerdo, y las alentamos a participar activamente en su implementación y en la construcción de la paz.

Esperamos que con la implementación de éste y de todos los Acuerdos se asegure la dignificación de las víctimas, se haga justicia y se sienten las bases para acabar para siempre con la violencia del conflicto en el país,  y para que nunca nadie más en Colombia sea víctima.

Declaración del jefe de la delegación del Gobierno

Hoy desde La Habana, los colombianos tenemos una muy buena noticia para el mundo. No es retórica, NO ES RETÓRICA, decir que el anuncio del Acuerdo sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas,  pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme. No cualquier paz. Queremos una paz duradera, la cual sólo se consigue situando a las víctimas en el centro, como lo hemos hecho.

Este fin de año es sombrío para la humanidad. Estamos en presencia de una oleada de violencia desbordada. La alteración del medio ambiente es ya una realidad. Resurge la pregunta sobre el destino y la supervivencia de la humanidad. Un ex presidente colombiano se preguntaba algún día: ¿Hay vida inteligente en la tierra?, ¿hay realmente vida inteligente?

Hoy, como en cinco oportunidades previas, contamos con la presencia de víctimas del conflicto. A ustedes: todo nuestro respeto y consideración por su dolor. Para mí, en lo personal y para la Delegación del Gobierno, oír sus testimonios, claros, vívidos, estremecedores, fue una experiencia transformadora. Ese ha sido el principal motor en la consecución de este acuerdo que sólo busca la mayor satisfacción de sus derechos.

El Punto 5 de la Agenda del Acuerdo General de La Habana encierra un sistema integral que comprende verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Un mantra que ha sido nuestro centro de gravedad en las discusiones de La Habana.

Cada elemento se explica por los demás y sirve a los demás. Cada uno, y todos entre sí, contribuyen al logro y afianzamiento de la paz. Por eso pedimos, pido a los colombianos que, al evaluar lo pactado, tengan en cuenta esta circunstancia. Debemos mirar lo convenido como un todo. Un todo que garantiza en la mayor medida posible los derechos de las víctimas, pero que cierra las puertas a nuevas víctimas. Como lo ha dicho el Presidente Juan Manuel Santos, el punto de mira debe prestar atención a las víctimas del futuro. Las que no vendrán. Hijos y nietos que podrán vivir sin el flagelo de la violencia.

No basta con detenerse en el componente de Justicia. Hay que valorar los mecanismos para establecer la verdad, un anhelo que permanentemente las víctimas nos reclaman. El inmenso esfuerzo por lograr la reparación del daño causado. Ambas partes lo han proclamado así. El Gobierno pondrá en marcha las medidas necesarias para lograr la reparación de las víctimas sin consideración a quién ocasionó el daño. Las FARC, por su parte, han adquirido el compromiso de realizar una multiplicidad de acciones reparadoras. Se han comprometido en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del Sistema a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a la reparación integral, sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz.  Y por fin, igualmente es un elemento crucial el de las garantías de no repetición, no repetición que es la base sobre la cual se debe construir el futuro de Colombia.

En cuanto al componente de Justicia, POR PRIMERA VEZ en el mundo, en serio, por primera vez en el mundo, DE COMÚN ACUERDO EN MEDIO DE un CONFLICTO vivo, y por convenio entre las partes se crea UNA JURISDICCIÓN que se basa en el RECONOCIMIENTO de RESPONSABILIDAD. En el RECONOCIMIENTO DE VERDAD. En el Compromiso de REPARACIÓN.

Es un sistema que se aplica a TODOS. No es una puerta a la impunidad. No hay violencia buena. Después de 6 millones de víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra no son relevantes para la terminación justa de las hostilidades. Tampoco las violaciones de un bando justifican las violaciones del otro. Repito: no hay espacio para la impunidad.

Les hemos cumplido a las VÍCTIMAS. Y como lo dice Jineth, vamos a cumplirles en el desarrollo de lo acordado.

Le hemos cumplido a comunidad internacional: no se pactó una amnistía para los delitos internacionales. Se acordó la imposición de sanciones efectivas que sean apropiadas al logro de la paz. A esa comunidad internacional le digo que en Colombia tenemos la voluntad y la capacidad para aplicar una Justicia de Transición genuina.

De igual modo, se han pactado CONDICIONES para recibir cualquier tratamiento especial en materia de Justicia Especial para la Paz. En primer lugar, la dejación de armas, que deberá comenzar 60 días después de la firma del Acuerdo Final tal y como lo pactamos el pasado 23 de septiembre.

Así mismo, es necesario aportar Verdad PLENA, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Esto es, hay un marco de CONDICIONALIDAD que le da sentido y equidad a lo acordado. Las sanciones distintas a las ordinarias deben ser miradas dentro de ese marco que, a su vez, es el camino para la terminación efectiva de las hostilidades. Situaciones anormales como la guerra requieren las soluciones excepcionales para superarla.

Para que ese fin del conflicto quede sellado, las sentencias que se profieran en el Tribunal para la Paz no podrán ser modificadas. Habrá seguridad jurídica definitiva para todos los actores, combatientes y no combatientes. Es la garantía auténtica del fin del conflicto. La seguridad jurídica es la piedra de toque. Aquel que cumpla de buena fe las decisiones de la Jurisdicción, no se llevará  sorpresas futuras. Esta es también la puerta abierta para la reconciliación.

En el campo de las SANCIONES hay distintos  caminos según el comportamiento de cada uno:

Habrá penas privativas de la libertad de 15 a 20 años, en régimen ordinario de cárcel, para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad.

En segundo lugar penas privativas de la libertad de 5 años en régimen ordinario de cárcel para quienes reconozcan tardíamente verdad y responsabilidad pero en todo caso antes de la sentencia.

Y por fin, las sanciones propias de la Jurisdicción, equivalen a restricción efectiva de libertades y derechos para quienes reconozcan de entrada su responsabilidad, aporten verdad plena y procedan a realizar acciones reparadoras.

Seamos claros: hemos dicho siempre que no habrá prisión en estos casos. En su lugar, habrá una restricción efectiva, que significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal.

No hay lugar a aplicar amnistía a delitos como: genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal y violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de acuerdo al Estatuto de Roma.

Obviamente, tampoco serán amnistiados los delitos comunes.

En cambio, de acuerdo a lo dispuesto en normas internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, se aplicará amnistía e indulto a los delitos políticos y conexos como ha sido tradición en Colombia. En una ley de amnistía se determinarán las conductas y la manera precisa cómo se aplicarán los criterios de la conexidad.

Así como el sistema cobija a todos, así mismo lo hará el régimen especial de sanciones, tomando en consideración, claro está, las características específicas de los responsables.

Para los AGENTES DEL ESTADO, en especial militares y policías, el Estado desarrollará un régimen especial, simultáneo, equilibrado y equitativo.

Y en cuanto a terceros no combatientes, que hayan contribuido de manera determinante o habitual al cual, al apoyo de acciones criminales, el sistema prevé soluciones igualmente equilibradas.

No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas.

Pero tampoco habrá espacio para la impunidad.

Esto quiere decir que la Jurisdicción Especial para la Paz es una solución, no es el comienzo del problema. Es una solución equitativa y razonable, basada en los mismos principios de aporte de verdad plena, asunción de responsabilidad, compromiso de reparación y no repetición.  Ha quedado claro que quienes hayan sido extorsionados, no son victimarios, sencillamente son víctimas.

El sistema brinda justicia para todos de manera equilibrada y equivalente. No hay desbalances. No hay lugar para inequidades que se han presentado en el pasado en otros procesos.

El Tribunal contará con magistrados de las más altas calidades,  expertos en distintas ramas del derecho. El proceso de selección será transparente, brindará toda la confianza a la sociedad.  Los magistrados no serán nombrados como suele decirse en Colombia “a dedo”. En efecto se ha acordado que no podrán ser elegidos directamente por las partes en la Mesa de Conversaciones.

Si logramos finalmente culminar este enorme esfuerzo, si llegamos al fin de las hostilidades, se abre un panorama de enormes posibilidades para los colombianos. En el terreno de la economía mediante el crecimiento adicional que aporta a la paz. En el campo de las instituciones con transformaciones en beneficio de una política incluyente. En el espacio inmenso para contribuir a superar el problema mundial de las drogas.

De las FARC no esperamos que desistan de sus ideas, esperemos que conformen su partido o movimiento y que conduzcan la defensa de sus ideales dentro de la democracia. Y, por otro lado, todos estaremos vigilantes para que cada ciudadano sea libre de expresar sus ideas con plenas garantías. Ni combinación de urnas y armas, ni persecución a nadie por sus creencias. Esto es posible. No es utópico. Es el momento de comenzar a pensar cómo será la Colombia en paz. La paz no es simplemente el silencio de los fusiles. No es la negación del conflicto ni la discrepancia. La paz se construye sobre un consenso. Pero un consenso civilizado que no impide, como debe ocurrir en una democracia genuina, que se expresen las alternativas y las discrepancias.

Creemos por tanto que en la forma que se acuerde, más allá del detalle que deberá ser abordado en una reforma constitucional, la participación de las FARC en política es esencial al postconflicto.

Como quedó acordado, habrá una refrendación para que sean los colombianos los que digan la palabra final. ¿Puede haber mayor seguro? Cuando llegue el momento, cada colombiano escogerá: o acepta el Acuerdo Final con todas sus ventajas y renunciamientos, o lo desecha. Esperamos sinceramente que esta no sea una oportunidad perdida.

Ahora tenemos al frente el desafío de convenir las normas para el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas, es decir, el fin del conflicto.

Ya hemos avanzado en una subcomisión con presencia de militares activos. A ellos agradecemos su aporte así como a los seis juristas que trabajaron sin pausa en la configuración de la Justicia Especial para la Paz. Al General Javier Flórez y al grupo de oficiales activos. A Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao, Doug Cassel, Álvaro Leyva, Diego Martínez, Enrique Santiago. Muchas gracias a ellos. Igualmente, agradecemos el compromiso del equipo técnico, en su mayoría jóvenes mujeres abogadas, que trabajaron incasablemente durante estos duros meses.   Y al Alto Comisionado para la Paz, quien ha aplicado su tesón desde mucho antes al logro de un acuerdo, así como a los miembros de la delegación que nos han venido acompañando en este tarea. De igual modo resaltamos la disciplina y la capacidad de trabajo de la delegación de las Farc.

El año entrante dedicaremos toda nuestra energía, sin pausa, para terminar los puntos restantes de la Agenda.

Lo hacemos con entusiasmo, conscientes de nuestra responsabilidad.

Nuestra mayor recompensa será el logro de una meta que todos los colombianos compartimos: tener un país reconciliado y en paz.

Con el acto de hoy, comienza a aparecer el rostro de la paz. La paz es posible. Llegó la hora de creer.

Bases del acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz 

LA HABANA, 15 de diciembre_ RAM_  1. Modelo de Justicia Transicional, es el modelo que el mundo ha desarrollado para superar conflictos. Es imposible superar un conflicto armado, de la naturaleza del que hemos tenido por décadas, con la aplicación de justicia punitiva y simplemente de orden penal.

2. Este es un modelo que combina: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y por lo tanto, hay una integralidad en el enfoque.

3. Se trata de una innovación colombiana. Este es un modelo original, surgido en la necesidad de los colombianos y discutido para que se ajuste con tres tipos de estándares: los estándares internacionales, los estándares nacionales y, particularmente, el estándar que le de legitimidad para que los colombianos lo acepten.

4. Modelo que combina la sanción restaurativa con una sanción restrictiva de la libertad.

5. Un modelo que tiene en el centro de la aplicación de justicia a las víctimas. Este acuerdo se ha hecho por las víctimas y para las víctimas.

6. No amnistía general. No ley de punto final. Procedimientos concretos, persona a persona, después del reconocimiento de cada quien de sus responsabilidades para llegar a sentencias definitivas que pongan fin al conflicto.

7. No hay impunidad. Hay sanciones, verificación de las sanciones y reparación. El Acuerdo de La Habana son las víctimas. La amnistía y el indulto para delitos políticos y conexos NO se aplicará a los crímenes más graves.

8. La necesidad de la verdad. La obligación de acudir a la Comisión de Esclarecimiento y brindar verdad. ¿Qué tipo de verdad? Verdad plena, no una verdad propia o subjetiva, sino una verdad que el tribunal va a confrontar con la totalidad de las fuentes de información que hoy existen, con fundamento en las sentencias ya tomadas, en el trabajo de los jueces, en el trabajo de los fiscales.

9. Un incentivo enorme para que las personas ingresen al sistema, digan la verdad y reparen, es que de su colaboración dependerán las características de las sanciones restrictivas de la libertad y reparadoras. En últimas, se trata de cada quien acuda de buena fe,  brinde toda la verdad y repare a sus víctimas.

10. En materia de participación en política, el objetivo es ponerle fin del conflicto y alcanzar la paz que nos merecemos. Nunca más política y armas juntas. Las FARC deberán hacer el tránsito a la legalidad. Este es justamente el propósito. ¿El cómo? Está por resolver.