Un Sistema de Salud con pronóstico reservado
Por: Carlos Alberto Banea López
Hospitales colapsados, largas filas, adultos mayores esperando en las calles desde las 3 de la mañana por un turno, y atención precaria en el Sistema de Salud, hacen pensar que hoy los conceptos de «oportunidad y calidad», prácticamente sean cosa del pasado.
Actualmente, las casi 360 Instituciones Prestadoras de Salud conocidas como IPS, se declararon en Estado de Emergencia, pues según ellas, el gobierno les adeuda una suma de 15 billones de pesos, de los cuales 6 billones son de los hospitales públicos. Médicos, gerentes, enfermeras, asistentes y trabajadores en general, entran en paro exigiendo sus salarios que les deben desde hace 4, 5 y hasta 6 meses. Debates, foros, marchas, críticas, son noticia todos los días.
Para los expertos, la estructura del acceso a la salud en Colombia se creó con serias falencias tanto administrativas como presupuestales, las cuales se han agravado con el paso del tiempo. Según la Asociación de Hospitales Públicos, son las IPS las que han soportado financieramente el Sistema, llevando a muchas de ellas a la quiebra. Durante los 2 últimos años, se han cerrado 11 instituciones en el país, entre las que se cuentan hospitales públicos en Neiva, Cartago, y el Valle del Cauca.
Desde el Movimiento Político MIRA, hemos trabajado en las distintas corporaciones públicas del país por exigir y garantizar que cada colombiano pueda tener acceso a un Sistema de Salud digno y de calidad. Por eso desde hace más de 15 años denunciamos las falencias y la corrupción a la que se ha visto sometido. Recientemente, por tan solo nombrar algunos casos, el Movimiento destaca el déficit de atención en los hospitales públicos de la Capital por medio de la excongresista y hoy concejal de Bogotá, Gloria Stella Díaz; la liquidación del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, o la crisis de las instituciones hospitalarias del Valle del Cauca, mediante la Representante a la Cámara Guillermina Bravo Montaño.
El enfoque del Sistema de Salud, debe orientarse con criterios de dignidad y equidad. Disfrutar de este derecho legítimo, deber ser algo asequible y real para cada residente en todo el territorio nacional. Sin embargo, parece que está agonizando. Y lo más preocupante resulta ser, que como están las cosas, de no reanimarlo pronto, inyectándole capital e idoneidad para su administración, estaremos ante un sistema con pronóstico reservado, que tiene las horas contadas.
