Altos Comisionados de la ONU para DDHH y para Refugiados respaldan la Ley de Víctimas en Colombia
Las oficinas en Colombia de los Altos Comisionados de la ONU para los Derechos Humanos y para los Refugiados reiteraron su apoyo a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, y confiaron en que se superen los obstáculos para la implementación de la norma mediante el diálogo.
En un comunicado conjunto, los dos despachos de la ONU en Colombia reconocieron el reto enorme que implica para el Estado colombiano reparar a unos 7 millones de víctimas, el 80 por ciento de ellas población desplazada.
Las oficinas del organismo internacional recordaron que la ONU considera la restitución de tierras como una de las partes más importantes del proceso reparador, junto con las medidas de reparación individual y colectiva previstas en la Ley.
“La reparación integral a las víctimas y la restitución efectiva de sus tierras son la garantía para la construcción de una paz sostenible y duradera en Colombia”, concluyeron las oficinas de la ONU.
En el comunicado, las oficinas humanitarias indicaron que la Ley 1448 fue promulgada en 2011 “para promover el respeto y cumplimiento de los derechos de las víctimas, incluyendo la reparación de los daños a su dignidad, integridad, vida y bienes” y “además, se concibió como un instrumento para fomentar la paz y la reconciliación”.
Entre las dificultades para la implementación de la política de restitución de tierras, las dependencias de la ONU señalaron la ocupación de predios por parte de campesinos vulnerables. No obstante, subrayaron que esos campesinos pueden ser víctimas del desplazamiento que han actuado de buena fe.
Las dependencias de Naciones Unidas instaron “a las instituciones responsables y a las partes interesadas a establecer canales de diálogo respetuoso que permitan avanzar en la garantía de los derechos humanos de las víctimas reclamantes y de los segundos ocupantes que acrediten la buena fe”.
Asimismo, las exhortaron a “evitar acciones que puedan exacerbar conflictos sociales o poner en riesgo la seguridad de los actores involucrados en los procesos de restitución”.
