Reviven proceso contra altos exfuncionarios del DAS
Por considerar que cumplen los “requisitos formales de ley”, la Corte Suprema de Justicia aceptó las solicitudes de la Procuraduría y el exmagistrado Iván Velásquez Gómez de revisar las condenas contra Fernando Alonso Tabares Molina, exdirector General de Inteligencia del DAS; y Jorge Alberto Lagos León, exsubdirector de Contrainteligencia de esa entidad, condenados a ocho años de prisión por las ‘chuzadas’ que efectuaron contra, entre otros, los magistrados de la Corte Suprema y los exsenadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba.
Velásquez Gómez, quien se desempeñó como magistrado auxiliar de la Corte, alegó que la Fiscalía se quedó corta para explicar qué fue lo que realmente pasó con la persecución que desató el DAS en su contra, por lo que se violó su derecho a conocer la verdad. El exmagistrado alegó que el ente acusador no reveló cuál fue “el contexto sociopolítico” en el que sucedieron los hechos, “la dimensión del perjuicio ocasionado a cada una de las víctimas”, la “participación real” de Tabares y Lagos en la comisión de los delitos, “la relación de mando y subordinación de los funcionarios con otras personas” y otras circunstancias relacionadas con la forma en que se cometieron los crímenes y los verdaderos artífices de la cruzada contra la justicia y la oposición.
Por eso, le solicitó al alto tribunal anular esas condenas y ordenar a la Fiscalía realizar nuevamente la imputación de cargos, incluyendo las explicaciones pertinentes para “conocer la verdad”. En ese sentido, pidió que además de los delitos por los que ya fueron condenados también se juzgara a esos funcionarios por peculado por apropiación, violencia contra servidor público y tortura, “toda vez que se emplearon recursos del Estado para realizar esas conductas y, además, se acudió al chantaje emocional y a campañas de desprestigio contra los servidores judiciales”.
Velásquez solicitó que se aumentaran las penas contra Lagos y Tabares teniendo en cuenta que “siendo funcionarios del Estado y preparados académicamente desinstitucionalizaron al país”, y que con la condena que les impuso el Tribunal Superior de Bogotá “el único mensaje que queda es que atentar contra las más altas dignidades no amerita un gran reproche cuando los responsables aceptan los cargos”. Por su parte, la Procuraduría alegó que los preacuerdos a los que Lagos y Tabares llegaron con la Fiscalía para reducir su condena fueron “ilegales”. En su escrito, el Ministerio Público le dijo a la Corte que el ente acusador les había rebajado más años de cárcel de lo debido, por lo que los preacuerdos se deben anular y realizar nuevamente respetando la ley.
Teniendo en cuenta esas razones, una sala compuesta por ocho conjueces admitió las demandas de casación. En la aceptación de las solicitudes el alto tribunal recordó que entre 2005 y 2009 altos funcionarios del DAS ordenaron y dirigieron operaciones ilegales de inteligencia para conocer información personal, financiera y laboral de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de identificar sus “perfiles ideológicos y tendencias políticas”, lo que se efectuó “previas orientaciones de búsqueda e información sobre temas relacionados con la reelección, la extradición y el Presidente de la República”, en referencia al exmandatario Álvaro Uribe Vélez.
Acciones similares se ejecutaron contra los entonces senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, considerados “objetivos institucionales” y “blancos políticos” del DAS por los supuestos vínculos que mantenían con las Farc. En este punto, la Corte recordó que éstas acciones fueron “más invasivas, pues concretaron seguimientos sobre sus desplazamientos a actividades públicas y privadas, obtención de registros telefónicos y localización de celdas de abonado celular, infiltración de reuniones políticas llevadas a cabo por medio de grabaciones, análisis sobre sus vínculos familiares, al igual que registros fotográficos”.
Además de pedir que se incrementen las penas contra Lagos y Tabares, las víctimas de las ‘chuzadas’ del DAS han presionado a los gobiernos de Colombia y Panamá para que hagan efectiva la orden de extradición que pesa sobre la exdirectora de esa entidad, María del Pilar Hurtado, cuyo asilo político fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de ese país en mayo pasado. La justicia colombiana también adelanta un proceso penal contra Bernardo Moreno, exsecretario General de la Presidencia, acusado de participar en las ‘chuzadas’.
