Aunque no sea lo más popular, a legislar con rigor
Por: Sofía Gaviria Correa*
La semana pasada, la Comisión VII del Senado de la República, de la cual formo parte, votó negativamente un proyecto de ley que buscaba la prohibición total del asbesto en Colombia. Ante los comentarios al respecto, muchas veces ofensivos y poco ponderados, creo pertinente compartir con ustedes las consideraciones que nos llevaron a los senadores a acoger las recomendaciones de los ministerios de Salud, Hacienda, Trabajo y Minas, en cuanto a la inconveniencia de aprobar dicho proyecto.
Aunque, según estudios científicos internacionales, todos los tipos de asbesto son cancerígenos, la clase de asbesto más nociva para la salud, esa que ha causado la inmensa mayoría de los casos de enfermedades ocasionadas por este material, es la de los asbestos anfíboles. En nuestro país, estos no se utilizan desde hace tres decenios y han sido regulados por normas, como la Resolución 2400 de 1979 y Ley 436 de 1998. Desde entonces, la única variedad de asbesto manipulada en Colombia es la del crisotilo, reconocida por ser la menos nociva para la salud. Esta sustancia es extraída y manipulada en grandes cantidades en diversos municipios del país.
Si bien, Colombia es uno de los mayores extractores, transformadores y comercializadores de asbesto crisotilo en el mundo, la incidencia de casos demostrados de enfermedades causadas por este material es bastante baja.
La OMS, entre otros, señala, claramente, que los trabajadores del asbesto son quienes tendrían mayores riesgos de salud relacionados con este, por manipularlo en su condición volátil. Como afirma la directora de Salud Pública de esa entidad, la doctora María Neira, es mínimo el impacto del asbesto en las personas que viven en edificaciones con tejas, tanques o tuberías de esta materia.
Por ello, a la hora de emitir un concepto, es importante revisar casos como el del municipio antioqueño de Campamento. Allí funciona la cantera de asbesto Bricolsa, generadora del 99.5% del recaudo municipal por concepto de Industria y Comercio. En el más de medio siglo que lleva esta cantera en funcionamiento, en ese municipio no se ha registrado ningún caso de asbestosis, cáncer pulmonar u otro tipo de enfermedad asociada al asbesto. Así lo han confirmado el alcalde municipal, Jorge Iván Durán, y la Dirección Local de Salud de Campamento, tras investigación realizada con la ESE Hospital La Sagrada Familia, con base en el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud del Departamento de Antioquia.
En otros municipios, como Manizales, Yumbo y Sibaté, en los que operan fábricas que transforman el asbesto bajo estrictos protocolos de seguridad y salud ocupacional, la prevalencia de enfermedades ocasionadas por el asbesto también es mínima. Esta información hace necesario un estudio riguroso sobre el impacto del asbesto en la salud de todos los trabajadores relacionados con el mismo, no sólo para votar sobre datos claros y confiables, con los cuales no contamos, sino para asegurar que la salud de esos trabajadores no esté actualmente en riesgo.
En consecuencia, los senadores, en aras de legislar con justicia y sobre bases científicas, acordamos con el Ministerio de Salud adelantar, en el plazo de seis meses, dicha investigación, además de la sistematización de los estudios nacionales pertinentes que existan hasta el momento. Si esa investigación confirma que la prevalencia en Colombia de enfermedades causadas por el asbesto es tan baja, podría, además, dar luces, para el conocimiento científico internacional, sobre las particularidades del asbesto nuestro y sobre las del modo en el que lo tratamos. Paralelamente a esto, debemos también indagar sobre los sustitutos del asbesto, la mayoría de los cuales también han sido señalados como posibles cancerígenos y tendrían que ser importados.
Mientras tanto, se tendrán que seguir cumpliendo estrictamente los protocolos establecidos en nuestra legislación, bajo la rigurosa supervisión de la Comisión Nacional de Salud del Asbesto Crisotilo y Otras Fibras. Según el Ministerio del Trabajo, la juiciosa obediencia a esta clase de reglamentaciones de seguridad y prevención ha sido clave a la hora de desarrollar en Colombia no solo la industria del asbesto, sino la de otras sustancias potencialmente peligrosas, sin mayores consecuencias para la salud de trabajadores y consumidores. Similares normativas ha impuesto la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), en los Estados Unidos, logrando el control y la seguridad suficientes para que no se haya considerado necesario prohibir el asbesto en ese país, de los llamados “desarrollados”.
Es apenas justo conceder el beneficio de la seguridad científica, al país, y el de la seguridad jurídica, a los empresarios que han invertido sus recursos en este sector y a las 65.000 familias cuyo sustento depende del mismo. Pero la disyuntiva, en este caso, no es entre el derecho a la vida y el derecho al trabajo, sino entre tomar decisiones basadas en datos científicos reales o en tomar decisiones emotivas políticamente correctas.
Esperando las conclusiones de la sistematización necesaria, para poder tomar a conciencia la mejor decisión, hacemos votos para que Colombia se convierta en un país donde las discusiones fundamentales se hagan con aplomo y con serenidad y no con insultos y con bullying a través de las redes sociales. La peor forma de terminar una discusión es descalificando a los interlocutores y llevando los tópicos al plano del fanatismo.
Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado*
Codirectora Partido Liberal Colombiano
