Por una Política Transicional
Por: Carlos Alberto Baena López
Se ha vuelto lugar común en conferencias, debates y en toda suerte de espacios que involucran la participación de la opinión pública; así como en los lugares de discusión más privados, bien sea en la casa o en el trabajo, escuchar argumentos relacionados con la justicia transicional.
Unos más informados que otros, sin duda; o incluso, algunos sólo movidos por el manto populista que a veces se ubica sobre esta clase de conceptos; dejan saber sus posiciones sobre cómo debería ser el mejor sistema de justicia a aplicar a quienes hubieren infringido la ley, pero que posteriormente se acogen a medidas que les otorgan diversas clases de beneficios.
El matiz quizá más polémico por estos días en Colombia, y cómo no serlo, es el que discute sobre qué clase, cantidad, calidad y modalidad de justicia debería aplicarse a quienes, en virtud de la firma del Acuerdo de Paz, hagan a un lado la lucha armada, transitando al enfrentamiento democrático, ciudadano y político, en el marco de la institucionalidad.
Dentro de ese orden de ideas, desde el Movimiento Político “MIRA”, hemos construido una propuesta que pone su mirada, no en lo atinente a lo justo, a la sanción o a la pena que deba recibir quien sea hallado como infractor; sino más bien en cuáles habrán de ser las condiciones y las garantías de estabilidad, para la construcción y factura de las decisiones públicas, desde el escenario político.
Es así como surge la “Política Transicional”. ¿Qué se pretende con este concepto? Trasladar algunos beneficios que sin lugar a dudas operarán a favor de los nuevos actores políticos que están llamados a ingresar al sistema, con ocasión del Acuerdo de Paz, y acercarlos a las colectividades políticas vigentes, a manera de sujetos de especial protección, por causa de su vulnerabilidad como minorías, reconociéndoles su esfuerzo y trabajo presente y vigente, que se ha desarrollado conforme a las normas vigentes.
Esto permitiría la supervivencia de estas expresiones políticas minoritarias, durante el mismo plazo de estabilidad reforzada que les fuera concedido a los nuevos protagonistas políticos surgidos del postacuerdo.
Acogiendo esta “Política Transicional”, que ya cuenta con la buena opinión de líderes de diferentes sectores partidistas y sociales, el Estado se mostraría consecuente y coherente, pero sobre todo garantista, con los postulados de participación y pluralismo en beneficio de las voces que enriquecen el debate y construyen democracia, desde la minoría política.
