Pensionados, no se dejen confundir
Análisis de Octavio Quintero
Periódico «El Satélite»
Recientemente el caracterizado vocero de los pensionados, Antonio Guihur, circuló en la red la respuesta que le dio el Ministerio de Hacienda a su derecho de petición que, en resumen, pedía una explicación al hecho de que se siga resistiendo el gobierno a reducir del 12 al 4 por ciento el aporte a salud de los pensionados, mientras que a los empresarios sí se les tumbó ese parafiscal con la excusa de generar empleo.
El Ministerio dice que para eliminar el parafiscal a los empleadores se compensó con el impuesto CREE, y según el mismo Ministerio, al primer corte que se hizo de su rendimiento resulta superior al tradicional aporte que venían haciendo los empleadores. Qué bueno, pero…
Otro activista social con énfasis en la población de tercera edad, Édgar Victoria González, dijo, tras conocer la respuesta del Ministerio de Hacienda: “Pensionados, no nos dejemos confundir”.
Ese es el quid del asunto: los pensionados no tienen por qué, ni tienen el conocimiento tributario suficiente parta enfrascarse en una discusión altamente técnica con los burócratas del Ministerio de Hacienda. Su asunto es sencillo: demostrar que se le viola el derecho a una vida digna al cargarles los aportes patronales una vez pasan a retiro. ¿Con qué razón, no solo técnica sino legal, se les declara a los pensionados patronos de sí mismos? ¿Excluyéndolos, de paso, de otro derecho del que gozan todos los colombianos, menos ellos: el derecho a la igualdad?
Esas dos serían razones más que suficientes para retar al gobierno, y a la justicia en última instancia, a que les restituyan el derecho a una vida digna y el derecho a la igualdad.
Pero, si no fuera suficiente, el propio gobierno tiene en sus manos el último resultado de la encuesta “Sabe Colombia 2015” sobre estudio de salud, bienestar y envejecimiento, en la que se señala que el 11 por ciento de los colombianos (5,2 millones) son mayores de 60 años, y muestra la encuesta, de qué viven o qué están haciendo…Vean ustedes:
1). Las personas adultas mayores reportaron haber trabajado un promedio de 36,6 años para poder alcanzar la pensión: ¡UF!, toda una vida.
2). El 60% lo hace porque tiene necesidad del dinero… >Tienen necesidad de dinero, se repite para los que crean haber leído mal.
3). El 13% para ayudar a su familia… > Para ayudar a la familia, ¡óigase bien!: no es un cuento chimbo.
4). El 9.3% para mantenerse ocupado.
5). El 7.5% para sentirse útil.
6). 58% de los que trabajan lo hacen en ocupaciones informales de baja calificación.
7). En todos los grupos de los 60 años en adelante, cerca del 30% no recibió dinero, y de los que reciben, alrededor de la mitad recibieron menos de un salario mínimo legal vigente.
Los ingresos provienen, 30,9% de actividades laborales, 29.1% del sistema pensional.
Si se considera que el 90 por ciento de la población pensionada y no pensionada, no pasa de 3 salarios mínimos, ¿no constituye un crimen social que, aparte de reducirles de entrada su salario de activo como en un 30%, se les clave (perdón por el término, pero es lo más gráfico) con el 8% del aporte a salud que venía haciendo su empleador? ¿No es esto sacarle el pan de la boca a una vasta población de adultos mayores que tienen que seguir trabajando por necesidad y para ayudarle a la familia, según las respuestas 2 y 3 de la encuesta?
Bueno, si estos argumentos no son suficientes, entonces, recojamos la Constitución de Colombia y retiremos de ella esa línea que define esta República como un “Estado social de derecho”, ya que, en este caso, no sería social ni tampoco de derecho, al desconocer las necesidades apremiantes de una población que trabajó en promedio 37 años para lograr una pensión que luego el Estado le rapa, negándole dos derechos: a una vida digna y a la igualdad, sin entrar en más consideraciones, pues, espulgando nos vamos a encontrar con que los niños y los ancianos tienen derecho a una especial protección del Estado. “No se dejen confundir”, como dice Édgar; y, “Dejémonos de vainas”, como decían Daniel Samper.
Recomendaciones
Las recomendaciones de esta encuesta que, repetimos, es de tipo oficial, también juegan en favor de los adultos mayores y, por supuesto, de los pensionados en su lucha por deshacer una de las muchas injusticias que se han cometido con ellos. Veamos:
“En coherencia con la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019, es necesario abordar estas diferencias con una aproximación de protección social integral, en la que se consideren estrategias de manejo social del riesgo, que prevengan, mitiguen y permitan superar las consecuencias de las inequidades identificadas. En particular, se requiere el abordaje intersectorial para que garanticen la seguridad económica, de vivienda y entorno, la educación, la salud, la seguridad alimentaria, la promoción y asistencia social, y el derecho a una vida digna.
“En aras de la prevención se requiere enfatizar en aminorar las diferencias de género, de etnia, de posición social y de orden geográfico que promuevan el acceso a la educación, al empleo formal y calificado, a los sistemas de protección social y de promoción y prevención en salud. La prevención de las inequidades identificadas requiere el trabajo sostenido en las nuevas generaciones con un abordaje de curso de vida”.
Esto último sí que es importante, porque resulta que esta lucha de los pensionados se la han dejado solo a ellos. Increíblemente los trabajadores activos y sus agremiaciones sindicales parecen retratos de Dorian Grey: nunca van a llegar a viejos. Y este último párrafo de las recomendaciones de “Sabe Colombia 2015”, también vale la pena enfatizarlo a ver su despierta un poco de solidaridad: … “La prevención de las inequidades identificadas requiere el trabajo sostenido en las nuevas generaciones con un abordaje de curso de vida”.
