¿Qué pasó con el salario mínimo?
—Por: Octavio quintero
Editorial/ El Satélite
Los grandes medios de comunicación que tienen acceso privilegiado y confidencial a las altas cortes, nos mantienen muy bien informados sobre los intríngulis de la política partidista que se ventila en los tribunales como, por ejemplo, el caso del magistrado Pretelt, la demanda contra el procurador y la reivindicación política de Piedad Córdoba… Ni se hable del seguimiento que se le hizo al plebiscito.
Pero poco o nada se dice sobre asuntos de gran interés popular como, por ejemplo, la demanda de nulidad que las centrales obreras presentaron ante el Consejo de Estado (CE) contra el decreto del gobierno que incrementó en 7,0% el salario mínimo vigente para este año, por resultar contrario a la disposición constitucional (art. 53), que establece como principio el aseguramiento de una “remuneración mínima vital y móvil”, principio reforzado por un pronunciamiento de la Corte Constitucional que dispone que los incrementos salariales deben proteger como mínimo el poder adquisitivo de los salarios (Sentencia C-1433/2000).
La demanda de las centrales obreras incluía una petición al CE sobre medida cautelar para que de manera inmediata y transitoria, mientras se decidía de fondo, se decretara un incremento del salario mínimo en armonía con las normas constitucionales, de tal manera que se restableciera el poder adquisitivo del salario y se reparase la afectación del mínimo vital.
Ni el CE ha dicho mu, ni los medios, tan diligentes en los ejemplos citados arriba, han hurgado la noticia.
Viene el tema al caso en que se observa a estas alturas del año que los trabajadores de ingresos bajos, que son la inmensa mayoría de la población asalariada del país, han sido los más castigados por el costo de vida cuya inflación en alimentos, su principal gasto familiar, registra un alza en los últimos 12 meses casi del 14 por ciento: ¡todo un escándalo!
Muy grave que el Consejo de Estado, seis meses después de haber recibido la demanda, no se haya pronunciado al respecto; y ni siquiera se haya ocupado de la medida cautelar. Y si en este país hubiera conciencia de clase, las centrales obreras debieran tener sobre el CE una presión social igual o superior a la que ejercen los políticos a través de los grandes medios de comunicación cuando de imponer sus particulares intereses se trata.
Este tema del quite que el gobierno le hace al salario mínimo vital, también viene al caso en momentos en que se nos viene encima una nueva reforma tributaria con su siempre rotulado título de “estructural”. ¿Estructural en qué?: en que seguirá subiendo los impuestos indirectos que, por paradoja, castigan en vivo y en directo a la población más vulnerable; y buscará aliviar más las cargas de las grandes empresas nacionales y extranjeras a fin de que puedan “generar empleo”, las primeras, y traer con toda confianza sus capitales al país, las segundas, a fin de que puedan girar año tras año jugosas utilidades al exterior.
Una reforma tributaria estructural en Colombia sería todo lo contrario de lo que tenemos hoy: es decir, aliviarle las cargas a los más pobres y poner a tributar lo justo a los más ricos, y de paso, cerrarles los canales de evasión y elusión tributaria y, además, perseguir hasta los archiconocidos paraísos fiscales sus capitales escondidos.-
Fin de folio: Se puede apostar 1.000 a 1 a que en este tema de la “reforma tributaria estructural” no habrá ninguna discrepancia entre el uribismo y el santismo… A la hora de jalarle al neoliberalismo, ellos son como uña y mugre.
